Por Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa AC
Este fin de semana se llevó a cabo el “Curso de Mecanismos para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y Medidas de Autoprotección” organizado por el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Mecanismo de Protección Federal de la Secretaría de Gobernación. Durante el evento, Enrique Irazoque, titular del mecanismo, compartió que actualmente 2,059 personas se encuentran bajo protección del mecanismo en México.
Al inicio de esta administración 798 contaban con protección y durante la presente se sumaron 1261 más. Del total de esta cifra, 581 corresponden a periodistas; 153 son mujeres y 428 hombres, y 1099 son personas defensoras de derechos humanos; 607 mujeres y 490 hombres. Asimismo, un total de 379 personas están acogidas al mecanismo como partes indirectas afectadas, como lo son familiares, de los cuales 214 son mujeres y 165 hombres.
Respecto a las agresiones a periodistas, el titular del mecanismo señaló que éstas se concentran principalmente en aquellos que tocan temas de política, seguido de los que cubren policiaca, después sociales, deportivas y culturales e información diversa.
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Para el caso de personas defensoras de derechos humanos, las principales agresiones están dirigidas a las que se especializan en acceso a la justicia, seguido de los que promueven la protección al medioambiente, los derechos sociales y migrantes.
En relación a los ataques a activistas medioambientalistas, Irazoque apuntaló que éstos van en aumento y tienden a ir ligados a un tema de grupos criminales; pues éstos ya no solo se dedican al crimen organizado si no que también se están especializando en otros sectores y áreas como lo es la explotación de los recursos naturales.
Otro dato importante que se señaló, es que del total de personas protegidas por el mecanismo federal 25 son de Sinaloa, lo cual ubica a la entidad por debajo de la media nacional.
Sin embargo, esto no significa que sea algo positivo ya que en materia de personas que han sido reubicadas por el mecanismo Sinaloa ocupa el cuarto lugar con 5 solo después de Oaxaca con 8, Tamaulipas con 9 y Guerrero con 23. Siendo el crimen organizado el principal factor para tomar esta medida como reacción inmediata.
De ello se desprende que el crimen organizado se posicione como el principal factor de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, seguida de la impunidad, la corrupción y colusión entre autoridades y grupos delictivos, el incumplimiento de las obligaciones que tienen las autoridades en la materia y la falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor de periodistas y personas defensoras de DDHH.
Ante este contexto, es importante identificar qué se requiere aquí en Sinaloa pues tales factores enunciados son transversales a la entidad. Si bien en estos momentos el estado se encuentra dentro de las 17 entidades de 32 que cuentan con una legislación especializada vigente en materia de protección a personas periodistas y defensoras de derechos humanos, es necesario avanzar hacia una construcción de estrategias para que la defensa de derechos humanos y periodismo pueda ejercerse de manera segura.
Lo anterior sólo será posible a través de la coordinación entre las autoridades, ya que ninguna institución por sí sola puede acabar con el problema, ya sea el mecanismo federal o el instituto de protección local, donde este último a pesar de contar con menos del año de su creación y enfrentarse a un recorte presupuestal, ya atendió a 33 defensores de derechos humanos y periodistas; y aplicó, además, 45 medidas de protección.
También es importante destacar que, tanto estas capacitaciones como el trabajo de vinculación del instituto con el mecanismo federal representan el inicio de acciones de prevención la cual debe venir acompañada de una urgente necesidad de realizar un mapa/atlas de riesgo diferenciado entre ambos grupos vulnerables e incluso con un enfoque de identidad de género.
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Por su parte, desde sociedad civil seguiremos sumando esfuerzos para buscar que la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa se implemente y que, a través de proyectos de monitoreo y fortalecimiento, como el financiado por la Embajada de Noruega a Iniciativa Sinaloa, AC, las personas de ambos gremios puedan sentir un acompañamiento en la búsqueda de las mejores condiciones para ejercer la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
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