En Sinaloa la 4T va en serio | Culiacán, ejemplo nacional

El hecho de que el gobernador, los diputados y el alcalde sean del mismo partido, Morena, ya no es sinónimo de impunidad, como en los años de la hegemonía priísta o el auge del neoliberalismo. Incluso si alguno se jacta de ser amigo personal del presidente de la república o de altos personajes de la política nacional. Aun así, los nuevos tiempos –no solo las leyes— marcan que todos los gobernantes están expuestos al escrutinio público y están obligados al cumplimiento de la Constitución y las leyes, incluyendo los propios gobernadores y hasta el presidente, sujetos a la revocación de mandato.

Morena no es una organización que llegó al poder gracias a su disciplina y estrategia partidista, sino un movimiento que amalgamó la diversidad de la inconformidad nacional, acumulada por más de tres décadas bajo el discurso crítico contra la corrupción y la injusticia social, enderezado por un político distinguido por su singular persistencia y un perfil de honestidad a toda prueba. En el proceso, después de dos intentos de arduo aprendizaje, logró sumar desde grupos de la extrema izquierda, algunos con intereses particulares, hasta oportunistas de derecha, pasando, claro, por políticos escindidos de otros partidos que leyeron a tiempo el cambio que venía, y una gran diversidad de expresiones de gente honesta que compartía plenamente el ideario del candidato morenista.

Todo el que se quiso sumar fue recibido. Todos eran necesarios para ganar y muchos fueron incorporados al gobierno. No era su pasado, sino su capacidad, compromiso y conducta lo que definiría su inclusión y permanencia.

La tendencia que llevó al poder a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, se refrendó en el 2021 y en el 2022, ganando la mayoría de las gubernaturas de tal forma que para diciembre de este año tendrá el control del Congreso  de la Unión y el gobierno federal, así como el control de los congresos locales y las gubernaturas en 20 entidades federativas, lo cual significa que en el 2022 la mayoría de los mexicanos sigue compartiendo el proyecto del presidente López Obrador, a pesar de la intensa guerra política y mediática desatada en su contra por la oposición. Significa, también, que lo más probable es que se le vuelva a dar el voto de confianza por, al menos, un sexenio más en las elecciones del 2024.

Sin embargo, dos requisitos son necesarios para que el grupo del presidente siga en el poder en México. Primero, que logre mantener la cohesión suficiente de este movimiento en el próximo proceso electoral. Es decir, el mayor riesgo no es que la oposición unida le gane a Morena y sus aliados, sino que los propios morenistas se dividan. Y segundo, que el gobierno no se descomponga permitiendo la relajación de sus reglas y el regreso de viejas prácticas en destierro, contra las que votó la ciudadanía en el 2018, pues si bien, hay en el gobierno destacados personajes conocidos por sus conductas antidemocráticas o vinculados a situaciones deshonestas, incluso delictivas, lo importante ahora es que esas prácticas no se repitan y/o que no se permitan, y que haya decisión firme para sancionarlas en el caso de que se llegaran a repetir, sin importar el color del partido por el que llegaron a sus puestos esos funcionarios.

Es decir, la aplicación puntual de la ley en este gobierno es fundamental no sólo para hacer justicia sino para asegurar la transición política, social y cultural, de un tipo de gobierno de privilegios a un tipo de gobierno moderno, con rostro humano y cercano a la gente, regido por la legalidad con base en la justicia, capaz de sancionar a quien incumpla las leyes, sin importar ideologías, creencias o estatus social y económico. Y si bien, los equilibrios son muy importantes para la estabilidad social y política –lo cual implica la tentación de regresar concesiones y prebendas a los viejos grupos de poder a cambio de apoyo político—, no hay que perder de vista que han sido más de tres décadas de excesos, injusticias y abusos, que no son tan fáciles de revertir y que la deuda con los sectores más desprotegidos aún es muy grande como para sacrificar su camino hacia el bienestar por ambiciones personales.

“El pueblo es sabio”, diría el presidente López Obrador, para advertir a quienes pretendan justificarse en la búsqueda de estabilidad política para ceder espacio a viejas prácticas de corrupción e irregularidades, a cambio de apoyos para sus propios intereses de poder (argumentando la búsqueda de un bien mayor), pues ceder ante los caprichos de los antiguos dueños del poder para tener tranquilidad también engendra en riesgo de la rebelión de los desprotegidos ávidos de justicia.

Por lo pronto, Sinaloa, uno de los estados con los más altos índices de votación morenista (en el 2018 y en el 2021), es hoy ejemplo nacional de transición de gobiernos partidistas regidos por intereses particulares hacia gobiernos regidos por la ley con espíritu de justicia. La destitución del alcalde morenista de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, por un congreso estatal morenista, atendiendo demandas justas de grupos sociales, marca un referente de la nueva política nacional que debe imperar en el país. En adelante, será el cumplimiento de las leyes y las justas demandas sociales, y no los colores de un partido, lo que determine la permanencia de un gobernante en el gobierno.

El incidente de Culiacán es una voz de alerta para quienes se insertaron en Morena con el propósito de lograr y ejercer el gobierno para satisfacer apetitos personales de poder, con intención de hacer negocios sin aceptar que la 4T no es sólo un cambio de partido en el gobierno con las mismas viejas prácticas de corrupción, sino una transformación profunda en la forma de concebir y ejercer el gobierno para responder a las necesidades y exigencias políticas, económicas y sociales de la sociedad, especialmente de las mayorías, contenidas por los gobiernos de las últimas décadas.

Y la advertencia del gobernador Rubén Rocha Moya de que nadie tiene asegurado el puesto para seis años en su gobierno, incluso ni él mismo, para el que ya se aprobó la opción de revocación de mandato, expresa la voluntad de cumplir los compromisos de honestidad, transparencia y rendición de cuentas que orientan una nueva forma de gobierno en Sinaloa y en gran parte del país y de que quién no cumpla con la ley y con la palabra empeñada en su toma de protesta, pueda ser removido de su cargo, aun quienes hayan sido electos por voto popular, como regidores, alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y hasta el presidente de la república, pues el juicio político  –mediante el cual se destituyó a Estrada— es también una modalidad de revocación de mandato, habría dicho Rocha Moya.

La destitución de Estrada Ferreiro envía un mensaje a todo el país de la seriedad de la 4T en Sinaloa. De que no habrá impunidad para nadie que no cumpla la ley en el gobierno, ni para los adversarios, ni para los aliados, ni para los de casa, incluso, ni para quienes se dicen amigos personales del presidente o cercanos a los presidenciales, de tal forma que todo mundo debe cumplir la ley.