Reflexiones

Alejandro Luna Ibarra

Escuelas de tiempo completo, carne de cañón

Aunque el proyecto de Escuelas de Tiempo Completo surgió en Sinaloa hace unos 15 años, durante el sexenio anterior se generalizó como un programa nacional tomando como referencia el modelo educativo finlandés, bajo la premisa de que más tiempo en la escuela significaba mejor educación.

El programa fracasó en México. Aquí no hay los recursos, ni la cultura, ni el personal, ni las condiciones de infraestructura, ni el clima del país nórdico, sin embargo, se mantuvo por consideraciones políticas y económicas de los funcionarios gubernamentales.

Lo que en Finlandia es una necesidad –extender el horario escolar— por el frío (8 meses nevado, que se aprovecha para actividades extracurriculares), en México fue una imposición para justificar el gasto, donde políticos, líderes y funcionarios podían obtener ganancias y donde muchos padres de familia tuvieron que cambiar de escuela a sus hijos ante la imposibilidad de pagar las cuotas de alimentación establecidas en el programa. Sin duda el programa ha traído beneficios en algunos de los asistentes, especialmente en zonas indígenas, pero su implementación con criterios políticos y económicos más que educativos, lo vuelve un programa complicado.

Primero, porque el programa no tiene recursos consolidados, es decir, no tiene plazas, y cada año hay que pedir dinero para pagar compensaciones a los maestros incorporados, es su mayoría, de reciente ingreso al servicio docente, mientras que, por otro lado, hay cientos de maestros con dobles plazas (que no requieren pagos compensatorios) pidiendo incorporarse al programa y no se les permite.

Segundo. La decisión de incorporar principalmente a nuevos y no a maestros de base con doble plaza obedece a criterios político sindicales pactados entre dirigentes del SNTE y funcionarios de la SEP con proyectos políticos, ya que los maestros nuevos, con sus demandas de pago, constituyen un capital político importante a la hora de las elecciones, tanto para las dirigencias sindicales como para los partidos políticos, mientras que los de doble plaza no requieren pagos adicionales y, por tanto, ni hay circulación de dinero ni son utilizables políticamente.

Tercero. No obstante, la exigencia de pagos de compensación a maestros de escuelas de tiempo completo, antes controlado (y usado) solo por funcionarios y líderes sindicales ha rebasado sus límites originales para convertirse en mercancía del mercado político-electoral que todo mundo se quiere apropiar. Ahora han aparecido muchos “salvadores” o “justicieros” que buscan ganarse los votos de los maestros adjudicándose el éxito de sus gestiones para las soluciones al problema. Primero, la asignación de presupuesto y ahora la gestión de los pagos. Ahora son salvadores los funcionarios que gestionan los pagos, los líderes que organizan las manifestaciones para presionar, los dirigentes sindicales que se adjudican los logros, los que funcionarios autorizan los pagos, los asesores de las protestas y hasta los legisladores por votar el presupuesto en un problema ficticio, creado para sacar provecho político.

Cuarto. Los maestros de escuelas de tiempo completo tienen derecho al pago de sus contratos y tienen derecho a manifestarse. Sin embargo, ese es, en gran medida, un problema creado artificialmente por funcionarios y líderes sindicales, pues si se optimizan los recursos humanos disponibles –asignando al programa a maestros con dobles plazas que desean incorporarse— la cantidad de recursos adicionales que habría que gestionar serían mucho menores. Y no se tendría a cientos de maestros exigiendo el pago de sus compensaciones.

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