Estado de Derecho, Inversión Extranjera Directa e industrialización

Hace poco más de tres años escribí para este espacio un análisis al que llamé Sinaloa requiere una estrategia para impulsar la industria manufacturera. Señalé en él, que estudios que habíamos realizado nos habían llevado a constatar que en México, como en otras partes del mundo, los procesos de industrialización manufacturera en las entidades federativas del país han estado ligados al comportamiento de variables tales como la dotación de infraestructura, la inversión extranjera directa (IED), el nivel de innovación y el estado de derecho. Es decir, las entidades federativas en donde existen mejores condiciones para el desarrollo de procesos de industrialización son aquellas que cuentan con una mayor dotación de infraestructura, reciben mayor cantidad de IED, ocupan lugares relevantes en la generación de procesos de innovación y prevalece en ellas el estado de derecho. 

Después, a mediados del 2020, en otra colaboración con el título de Después de 20 años de IED, en Sinaloa no tenemos buenas noticias, sostuve que, refiriéndome específicamente a la Inversión Extranjera Directa, esta es importante porque estimula el crecimiento económico, impulsa la inversión privada, crea empleos y, utilizada adecuadamente, transfiere a los territorios la tecnología de la que se adolece. En esa ocasión, especialmente destaqué que los mayores flujos de IED hacia ciertos destinos dependen, entre otras cosas, de la estabilidad macroeconómica de un país (o de una región), de las condiciones del llamado riesgo país, del clima de seguridad y de la posibilidad de que, desde el país (región) destino puedan generarse flujos comerciales relevantes al resto del mundo. En los ámbitos regionales, atraen una mayor IED aquellas regiones que cuentan con un capital humano más calificado, con mayor dotación de infraestructura, con mejores condiciones de seguridad y de estado de derecho, con planes de desarrollo estructurados y de largo plazo, con estructuras productivas orientadas hacia sectores con mayor complejidad y dinamismo y, sobre todo, la concreción de mayores inversiones de inversión extranjera en una entidad, mucho tiene que ver con la capacidad de gestión de los organismos e instituciones que precisamente se han creado para ese fin. 

En este orden de ideas, me concentro hoy en el análisis de la variable estado de derecho por considerarla de suma importancia para el impulso de los procesos de industrialización y para la concreción de la atracción de inversión tanto nacional como extranjera. El Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente. El Estado de Derecho es un principio rector que vincula a autoridades y ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades, y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros. El Estado de Derecho es uno de los pilares sobre los cuales las sociedades pueden impulsar la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia efectiva y la paz.

Para cumplir con el propósito señalado, poniendo énfasis en la situación de Sinaloa, analizaré para las entidades federativas del país, los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 elaborado por cuarta ocasión por el World Justice Project (WJP). Este índice ofrece datos organizados en ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de Derecho: Factor 1. Límites al poder gubernamental, Factor 2. Ausencia de corrupción, Factor 3. Gobierno abierto, Factor 4. Derechos fundamentales, Factor 5. Orden y seguridad, Factor 6. Cumplimiento regulatorio, Factor 7. Justicia civil y Factor 8. Justicia penal. Estos factores se desagregan en 42 subfactores.

Los resultados más generales presentados por el Índice apuntan en el sentido de que, en el país, se observa un estancamiento, incluso deterioro, en materia de estado de derecho. Se hace evidente que los sistemas de justicia han ido retrocediendo año con año a lo largo de las cuatro ediciones. Específicamente, más de la mitad de los estados en el país sufrieron retrocesos en la garantía a los derechos de las víctimas, adhesión al debido proceso, la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal, y la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público. También se aprecia que los contrapesos al poder gubernamental han ido perdiendo fuerza ya que en este factor (Factor 1) los puntajes cayeron en 17 entidades. 

El valor del Índice en forma general, por factores y por subfactores, toma valores del cero al uno y puede observarse que en la clasificación general los tres estados con mejor puntaje son Querétaro (0.49), Yucatán (0.47), y Guanajuato (0.46). En contraste, los tres estados con puntajes más bajos son Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35) y Guerrero (0.34). Sinaloa (0.46) ocupa la quinta posición.

Por factores, en Límites al poder gubernamental, las entidades líderes son Nuevo León, Querétaro y Guanajuato; en Ausencia de corrupción, Querétaro, Zacatecas y Guanajuato; en Gobierno abierto, Guanajuato, Aguascalientes y CDMX; en Derechos fundamentales, Querétaro, Nuevo León y Sinaloa; en Orden y seguridad, Yucatán, Durango y Chiapas; en Cumplimiento regulatorio, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas; en Justicia civil, Guanajuato, Zacatecas y Nuevo León y; en Justicia penal, Guanajuato, Sinaloa y Yucatán. En el top tres de los factores, Querétaro y Guanajuato son los estados con más apariciones (5), seguidos de Nuevo y Zacatecas que tienen tres. 

Sinaloa ocupa la posición 5 en el ranking nacional general y muy buenas posiciones en los factores que se refieren a Justicia Penal (posición 2 en el Factor 8), Derechos fundamentales (posición 3 en el Factor 4) y Gobierno abierto (posición 5 en el Factor 3). También en el top 10 se encuentra en Ausencia de corrupción (posición 6 en el Factor 2), Límites al poder gubernamental (posición 9 en el Factor 1) y Orden y seguridad (posición 10 en el Factor 5). Tampoco son malas las posiciones en Cumplimiento regulatorio y Justicia civil que corresponden a los factores 6 y 7 en los que, en ambos casos, ocupa la posición 11. 

Las fortalezas en los factores mejor posicionados

En el Factor 8, el mejor posicionado (2) y que se refiere a Justicia penal, Sinaloa tiene la calificación más alta en el subfactor El debido proceso legal de las personas acusadas se garantiza efectivamente (0.53) y las mejores posiciones en el subfactor Los derechos de las víctimas se garantizan efectivamente (puesto 1 en el ranking nacional), en el ya señalado con la mejor calificación (puesto 2) y en el que establece que El sistema de justicia penal es independiente y está libre de corrupción (puesto 3). 

En el Factor 4, el segundo mejor posicionado (3) y que se refiere a Derechos fundamentales, Sinaloa tiene la calificación más alta en El derecho a la libertad religiosa y de culto se garantiza efectivamente (0.79) y las mejores posiciones en el subfactor El derecho a la privacidad se garantiza efectivamente (puesto 1 en el ranking nacional), en el que se refiere a que El debido proceso legal de las personas acusadas se garantiza efectivamente (puesto 2) y en el ya señalado con mayor calificación (puesto 3). 

En el Factor 3, el tercer mejor posicionado (5) y que refiere a Gobierno abierto, Sinaloa tiene la calificación más alta en el subfactor El derecho a la información pública se garantiza efectivamente (0.71) y en este subfactor tiene también la posición más alta (puesto 3 en el ranking nacional). En el otro subfactor de este grupo, que se refiere a que La ciudadanía participa activamente en la toma de decisiones, Sinaloa aparece en la posición 14.

Las áreas de oportunidad para mejorar en los factores no tan bien posicionados

En el Factor 6, uno de los no tan bien posicionados (11) y que se refiere a Cumplimiento regulatorio, Sinaloa tiene la calificación más baja en el subfactor El debido proceso se garantiza efectivamente en los procedimientos administrativos (0.34) y las peores posiciones en el subfactor Ausencia de corrupción en la aplicación de normas y regulaciones gubernamentales (puesto 21 en el ranking nacional), en el ya señalado con la peor calificación (puesto 12) y en el que se refiere a Resolución efectiva y eficiente de los procedimientos administrativos (puesto 11). 

En el Factor 7, el otro no tan bien posicionado (11) y que se refiere a Justicia civil, Sinaloa tiene la calificación más baja en el subfactor El sistema de justicia civil es expedito (0.28) y las peores posiciones en el subfactor Los mecanismos alternativos de resolución de controversias son accesibles, imparciales y expeditos (posición 23 en el ranking nacional), en el que tiene que ver con que El sistema de justicia civil garantiza un proceso de calidad (puesto 22), y en el ya señalado con la peor calificación (puesto 22). 

El resto de los factores

En el resto de los factores la situación de Sinaloa destaca con las mejores calificaciones en La prensa es un contrapeso eficaz del gobierno estatal (0.57) en el caso del Factor 1 que trata de los Límites al poder gubernamental, Ausencia de sobornos (0.65) en el Factor 2 relacionado con Ausencia de corrupción y en Ausencia del crimen (0.83) del Factor 5 que trata sobre el Orden y seguridad. En este último factor, cabe destacar que Sinaloa con una calificación de 0.17 ocupa la posición 19 en el subfactor Ausencia de homicidios, muy lejos de la entidad líder que es Yucatán con una calificación de 0.92. Aquí hay mucho margen para mejorar todavía.  

Reflexiones finales

Los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 muestran claramente una buena posición para Sinaloa tanto en la clasificación general como por factores. De hecho, en el último año, Sinaloa mejoró 7 posiciones y junto con Baja California Sur y Guanajuato son las únicas entidades que destacan por mostrar un progreso sostenido (es decir cada año han subido al menos 0.01) en sus puntajes generales desde la primera edición del Índice en 2018. 

Habría que tener presente que el Estado de Derecho constituye, junto con otras, una condición necesaria para potenciar la mayor atracción de inversión (especialmente extranjera) en sectores estratégicos. Aquí por lo pronto, de acuerdo con el Índice, parece que no vamos mal, aunque se advierte la presencia de varios temas en los que se puede y debe mejorar sustancialmente. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la presencia de otros factores también influye y condiciona la llegada de inversiones a las regiones y el eventual desarrollo de procesos de industrialización. Las entidades de la región del Bajío, las que más han crecido en los últimos años y las que mejores condiciones tienen para seguirlo haciendo, hace tiempo apostaron por la concreción de un mayor Estado de Derecho, pero además atendieron la planeación de la región, las instituciones, la infraestructura, el capital humano, las innovaciones y la educación. Sinaloa se encuentra rezagado porque adolece de todo ello y para nada ayuda la ausencia de un proyecto de desarrollo económico para la entidad con visión de largo plazo, ni la falta en el gobierno de perfiles adecuados en los puestos clave para el impulso de la actividad económica. Tampoco abona a mejorar la situación la falta de acuerdos entre los actores clave para el impulso de la economía, ni la falta de proyectos estratégicos para atraer IED y recursos federales, ni el trabajo errático de las instituciones creadas expresamente para promover el desarrollo y atraer inversiones. Así las cosas, sostener y mejorar los indicadores de Estado de Derecho y corregir en los aspectos que hemos descuidado, puede ser la clave para recomponer el rumbo.