Reflexiones

Alejandro Luna Ibarra

Juntos CNTE y SNTE rumbo al 24

La marcha del 27 de noviembre reveló una nueva realidad política de reconfiguración de fuerzas

La marcha del 27 de noviembre permitió comparar fuerzas entre quienes sostenían que “el INE no se toca”, y quienes apoyan la reforma del INE propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiarle el nombre (a INEC), reducirle el presupuesto, eliminar las diputaciones y senadurías de representación proporcional y que los magistrados sean electos por voto popular, pero sobre todo, fue una muestra adelantada de la configuración de fuerzas que habrán de constituirse en las alianzas y coaliciones para las elecciones del 2024.

No se trató entonces, sólo de la expresión de posiciones ideológicas opuestas –izquierdas y derechas o liberales y conservadores—, midiendo fuerzas en la calle, sino de la alineación política anticipada de una gran cantidad de expresiones y grupos políticos que juegan un papel relevante en las elecciones, incluso sin tener una posición ideológica-política muy definida, pero que en la circunstancia han tenido que tomar una decisión, ya sea al lado de la 4T o de la oposición.

Resulta lógico, por ello, que quienes hayan hecho pacto con el gobierno de la 4T y estén obteniendo sus beneficios, –aun proviniendo de las expresiones más conservadoras— hayan participado en la magnificación de la marcha del 27 de noviembre, al lado de algunas de las más recalcitrantes y radicales expresiones de la izquierda, quienes –por cierto—, vivieron la contradicción entre ufanarse de la portentosa manifestación que llenó el zócalo y reconocer que lo hicieron de la mano de algunos de sus más criticados enemigos políticos, como es el caso, por ejemplo, del SNTE y la CNTE. Esa es una realidad política de sumas y seguramente tendrán que salir juntos a promover el voto por los mismos candidatos en el 2024.

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La marcha reveló también una nueva realidad política de reconfiguración de fuerzas y expresiones a partir del 2018, definidas más en función de intereses que de convicciones político-ideológicas en todos los ámbitos de la vida nacional.

No es extraño que el SNTE haya salido a machar en defensa de la iniciativa presidencial, al lado de sus más radicales adversarios históricos como la CNTE y sus derivaciones regionales. El SNTE ha pactado ya con los gobiernos locales de Morena en la mayoría de los estados obteniendo la preferencia en la relación con los gobernantes, por encima de los grupos morenistas que sí los apoyaron en las elecciones, bajo el argumento válido de la titularidad del SNTE en la relación laboral.

Tampoco es extraño que el SNTE esté mejor posicionado políticamente, tanto a nivel nacional como en los gobiernos estatales, por encima de los propios grupos magisteriales morenistas que ganaron, con sus candidatos, en las elecciones constitucionales locales y nacionales, recurriendo al discurso de la institucionalidad.

Es decir, que el SNTE es institucional y buscará siempre acuerdos y alianzas con los gobernantes en turno, independientemente de su filiación política o el partido por el que hayan llegado –“por el bien del magisterio”—, como sucedió en su relación con los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, después de haber estado con los gobiernos priístas por más de 7 décadas y haber vuelto a su relación política con el PRI durante el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.

Resulta lógico, entonces, que la dirigencia del SNTE, encabezada por Alfonso Cepeda Salas haya hecho alianza política con el presidente López Obrador y con Morena y que sus dirigentes seccionales hagan alianza política con los gobernadores morenistas en los estados, con el respaldo del SNTE nacional, colocándose en mejor posición que los propios aliados históricos del presidente.

Sin embargo, las alianzas políticas de los gobiernos con el SNTE no pueden ser pretexto para colocarse por encima de la ley en las negociaciones locales.

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Si bien, las orientaciones nacionales de la relación SNTE-Gobierno Federal sugieren mejorar la relación política local de los gobiernos estatales con las dirigencias seccionales del SNTE y por ende, las concesiones en las negociaciones laborales, éstas en ningún caso pueden establecerse por encima de la ley, porque en ese caso la 4T estaría siendo un retroceso y no un avance en materia de derechos laborales y de libertad sindical.

¿Por qué ceder concesiones por encima de la ley a las dirigencias seccionales del SNTE como un estímulo para una futura alianza político-electoral si, políticamente, no tienen a dónde ir? ¿O alguien cree que al SNTE le conviene hacer alianza con la oposición para las elecciones del 2024, después de su descalabro del 2018?

Si las dirigencias del SNTE tienen liderazgos fuertes capaces de buscar y ganar de posiciones electorales, entonces que se jueguen las candidaturas. Eso es correcto. Sin embargo, no lo es tanto que pretendan concesiones por encima de la ley en las negociaciones laborales locales, porque estarían poniendo en entredicho la transparencia y la credibilidad en los procesos de contratación, asignación, estimulación, reconocimiento, promoción y cambios, una de las principales banderas de la 4T en el sector educativo.

Además, se estaría afectando la justicia laboral comprometida para todos los trabajadores y vulnerando la libertad sindical, los derechos laborales de quienes no pertenecen al SNTE y de quienes perteneciendo al SNTE no comulgan ni se sienten representados por su dirigencia.

¿Vale la pena la vulnerar los derechos laborales y sindicales a cambio de la incierta promesa de votos de los dirigentes sindicales en futuros procesos electorales? ¿No es acaso, precisamente eso lo que se criticaba a los gobernantes y los gobiernos anteriores?

Al tomar posición política al lado del gobierno para negociar concesiones y prebendas al margen de la ley –como lo hicieron en el pasado con los gobiernos del PRI y el PAN a cambio de la promesa de votos–, el SNTE estaría pervirtiendo los compromisos de transparencia y justicia laboral de la 4T y vulnerando el derecho de libertad sindical, lo cual sugeriría que no habría diferencia en ese ámbito entre los gobiernos de Morena y los anteriores, lo cual no se puede ni se debe permitir, porque se estaría contribuyendo a mantener un sistema de privilegios que la mayoría de los maestros rechazó, al votar por Morena.

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Ceder a las exigencias ilegales del SNTE, para sus allegados, a cambio del espejismo de futuros votos, frustraría la esperanza de los maestros en la esperanza de México.

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