Reflexiones

Óscar Fidel González Mendívil

La Corte ya resolvió… ¿y ahora qué?

Las mujeres y personas gestantes tienen un derecho constitucional a la autonomía reproductiva que no puede verse limitado por las leyes de los estados.

Defender la penalización del aborto no es evitarlo”.
Joseph-Vincent Marqués

Las decisiones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó esta semana dos determinaciones trascendentales para el país y para Sinaloa. Ambas parten de la idea de que la vida es un bien de protección gradual. Al resolver en dos mil doce el caso Artavilla Murillo y otros contra Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que: “no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión”. Fetismo no es humanismo, decía Marqués, sí, el del epígrafe. Es decir, los seres humanos no llegamos a este mundo formados a plenitud, sino mediante un proceso de gestación que nos va transformando y la protección jurídica que recibimos no es absoluta, sino que está ligada a la etapa de evolución en la cual nos encontremos. En resumen, la protección del producto de la gestación no puede desconocer el derecho a la libertad reproductiva de mujeres y personas gestantes.

Sobre esta base, la Suprema Corte resolvió que es inconstitucional que la ley criminalice a las mujeres y personas gestantes que voluntariamente decidan interrumpir su embarazo, porque, en palabras de la ministra Ríos Farjat, limita de manera indebida “una serie de derechos que posee la mujer y las personas con capacidad de gestar, y que participan de la decisión de abortar, como el derecho a la dignidad humana, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad jurídica, a la salud y a la autonomía y libertad reproductiva”.

En resumen, las mujeres y personas gestantes tienen un derecho constitucional a la autonomía reproductiva que no puede verse limitado por las leyes de los estados.

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La segunda decisión de la Suprema Corte estableció que es inconstitucional que los congresos de los estados asignen la misma protección al producto de la concepción que a una persona nacida, pues no corresponde a ninguna ley fijar el origen de la vida humana. En otras palabras, equiparar la protección de ambos entes en la ley, resulta en una norma que obliga a las mujeres y personas gestantes a llevar el embarazo a término, lo cual obstruye el derecho constitucional a la autonomía reproductiva. Este no debe verse como la prerrogativa de abortar, sino como explica el ministro Gutiérrez Ortiz Mena: “un derecho que abarca desde recibir información en materia de reproducción, optar por ciertos métodos anticonceptivos, beneficiarse de las técnicas de reproducción asistida, hasta interrumpir eventualmente un embarazo”.

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¿Ahora qué hacemos?

La Suprema ya resolvió. ¿Qué sigue? ¿Nos conformamos con aplaudirles? ¡Yei, bien por nuestras ministras y ministros! ¿Les damos un reconocimiento y nos vamos cada quien a su casa?

Bueno, pues la Corte empezó por decir que la decisión que declaró inconstitucional criminalizar de manera absoluta el aborto es obligatoria para todas y todos los jueces de México, no sólo para los de Coahuila, cuyo código penal fue el que cuestionaron en el Pleno. ¿Entonces, obliga a los jueces de nuestro estado? Sí. Sobre todo considerando que la segunda decisión, que declaró inconstitucional homologar al embrión o al feto la protección que se extiende a la persona nacida, analizó la Constitución de Sinaloa.

¿Y sólo las juezas y los jueces deben obedecer a la Corte? No. Los temas que resolvió el Pleno se refieren a los derechos humanos y de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución de México, todas las autoridades tienen la obligación de garantizar tales derechos, interpretando las normas relativas a ellos de tal manera que favorezcan la protección más amplia.

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Esto significa, por ejemplo, que al menos deberían involucrarse:

1) El Congreso del Estado, para reformar las leyes de Sinaloa que, conforme a los parámetros de la Corte, sean inconstitucionales.

2) Las secretarías de Salud y Educación, para generar las reglas que permitan garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la autonomía reproductiva.

3) Las autoridades penitenciarias, de Seguridad y de Justicia, para ayudar a quienes fueron criminalizadas mediante procedimientos y juicios penales.

Si dejamos que las decisiones de la Corte vivan en el limbo, jamás bajarán a la realidad donde pueden beneficiar a las y los sinaloenses. Y acá en la trinchera es donde más las necesitamos.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO.

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