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Con Iniciativa | Los foros no son parlamento abierto

En algunos estados del país se siguen distorsionando los fundamentos del modelo al crear espacios de participación sin metodologías ni objetivos claros. Lo anterior debilita el componente principal de un parlamento abierto: la toma de decisiones. 

Norma Sánchez / integrante de la asamblea de gobierno de Iniciativa Sinaloa A.C.

Es común encontrar legisladores y legisladoras que creen que un foro es sinónimo de parlamento abierto. Hay quienes creen, incluso, que tomar nota de las opiniones de organizaciones civiles y ciudadanía convierte a un Congreso en abierto. No hay visión más restringida que ésta.

A pesar de que hay prácticas ejemplares de parlamento abierto registradas desde hace 10 años en México, en algunos estados del país se siguen distorsionando los fundamentos del modelo al crear espacios de participación sin metodologías ni objetivos claros. Lo anterior debilita el componente principal de un parlamento abierto: la toma de decisiones. 

¿Cómo se decide en un Parlamento Abierto? Para que se le pueda llamar así, en primer lugar, se requieren dos elementos, sociedad y gobierno, en este último caso legisladores y legisladoras con capacidad de construir soluciones en un espacio donde el valor de sus contribuciones están al mismo nivel que las de la sociedad organizada.

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Para que se pueda llamar así, un ejercicio de parlamento abierto debe iniciar con un acuerdo sobre el punto al que se quiere llegar y la forma en la que se validarán las aportaciones: reglas claras para la toma de decisiones. Este es el primer paso que refleja la madurez de la sociedad y gobierno para abrir espacios de esa naturaleza.

En Sinaloa, una nueva legislatura entró en funciones este 1 de octubre. 40 diputadas y diputados tienen una única oportunidad para apegarse a los principios de la Alianza para el Parlamento Abierto, más allá de organizar foros para crear nuevas leyes o reformas. 

¿Qué deudas dejó la anterior 63 legislatura en materia de Parlamento Abierto?

Entre otras, vale destacar una de las más importantes para la agenda anticorrupción que es la de actualizarse con el cumplimiento de la obligación de divulgar las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, sin excepción y no por voluntad propia, y con los formatos aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción en 2018. Basta revisar el apartado de declaraciones del portal de Transparencia del Congreso de Sinaloa para darse cuenta que la mayoría actuó en la ilegalidad, al no publicarlas, contraviniendo la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Sin bien la 63 legislatura impulsó como ninguna otra las mesas de colaboración con la sociedad civil de donde surgieron diversas reformas, hay criterios de integridad de los que nunca se apropió, como fue el fortalecimiento del sistema de denuncias ante el Órgano Interno de Control, lo cual implica la transparencia de datos y un sistema de protección a denunciantes por probables hechos de corrupción.

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La 64 legislatura tiene hoy la oportunidad de superar las prácticas de su antecesora, mejorar lo que no se logró e ir más allá de los foros que no representan por sí mismos un espacio de parlamento abierto, sino un  mecanismo que debe permitirse solo acompañado de otras prácticas asociadas a los pilares de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición ciudadana e integridad. 

Lo anterior ayudará a que el congreso de Sinaloa y sociedad construyen soluciones a problemas específicos, a partir de los 10 principios que la Alianza para el Parlamento Abierto considera elementales, entre ellos la transparencia y regulación de intereses y cabildeo, y una legislación efectiva para la justicia abierta, dos deudas del Poder Legislativo en Sinaloa.

Por primera vez en Sinaloa, el Poder Legislativo cuenta con más mujeres (23) que hombres (17) y, por segunda ocasión, hay más representantes del partido Morena que del resto. 

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO.

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