México, un Estado con regiones fallidas en materia de seguridad

Las relaciones entre seres humanos son complejas, especialmente cuando se agrupan para coexistir, compartir y llegar a acuerdos; armando civilizaciones, construyendo cosmovisiones y cimentando culturas. Por ello, buscamos instituciones que nos permitan organizar y regular nuestras interacciones, intentando a prueba y error establecer formas de organización y gobierno que nos permitan evolucionar como sociedad y como individuos. Si bien las teorías de la creación de los gobiernos son diversas, usualmente nos referimos a una figura metafórica para explicarlas: el Contrato Social. 

Thomas Hobbes, autor de “El Leviatán”, se refiere como tal al poder absoluto y centralizado del Estado, que es necesario para mantener el orden y evitar el caos en la sociedad. Hobbes argumenta que el Leviatán, representado por el gobierno, debe tener el poder supremo y autoridad, el cual se establece a través del Contrato Social. Sin embargo, Hobbes también reconoce que puede haber circunstancias en las que la acción contra el Leviatán sea justificada. Según Hobbes, la única causa válida para destronar al Leviatán es si el Estado no cumple con su deber fundamental de garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos.

Es entonces, que podemos hablar de un gobierno fallido en materia de seguridad y justicia cuando no logra garantizar a sus ciudadanos el derecho a una vida tranquila y segura. 

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Bajo esta lupa, un país en el cual grupos de delincuencia organizada sean capaces de secuestrar ciudades completas, asfixiando las vías de comunicación principales, privando de su libertad a civiles, policías y funcionarios públicos para después retirarse con total impunidad tras haber obtenido mesas de negociación, en donde más de 85 mil personas han desaparecido sin volver a ser encontradas de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, se considera un Estado fallido -al menos en las regiones donde esto se vive día con día-, pues su Leviatán, ese egregor al que hemos transferido nuestro poder y derecho natural a la autodefensa, ya no puede cumplir con la responsabilidad sino que, por el contrario, se convierte en una fuente de opresión y violencia hacia los ciudadanos.

Tristemente, nuestro querido México cuenta con regiones que se han convertido ya en zonas donde no tenemos la garantía ni de poder proteger nuestra vida misma de otras personas. 

México ha enfrentado graves desafíos en materia de violencia y seguridad en las últimas décadas, lo que ha llevado a numerosas voces a considerar que el país se encuentra en un estado fallido en este aspecto. En una era donde la polarización y el resentimiento se encuentran tan presentes, hablar de política es extremadamente complejo y delicado. Sin embargo, se vuelve necesario cuando las estadísticas nos posicionan entre los países más peligrosos del mundo en términos de asesinatos, con más de 40 mil homicidios en 2022 según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tiempo que la presencia y el poderío de los cárteles de la droga y otros grupos delictivos han contribuido significativamente a la violencia en México. La lucha por el control de territorios y rutas de tráfico de drogas ha generado enfrentamientos armados y un aumento en la violencia en diferentes regiones del país, además de la incidencia cada vez más frecuente de acciones tan espeluznantes que podrían ser consideradas terrorismo o, cuando menos, escenas de una violenta película de Tarantino. 

Esto refleja una clara e indudable crisis de gobernanza que va más allá de las fronteras ideológicas y de los partidos políticos.

Por un lado, la corrupción ha permeado las estructuras gubernamentales en México, debilitando las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y fomentando la impunidad. La corrupción facilita la operación de los grupos delictivos y socava la confianza de la población en el sistema de justicia, al favorecer la impunidad generalizada que permite que los delincuentes sigan operando sin temor alguno a ser procesados y castigados mientras que los ciudadanos honrados viven con temor de no saber a quién acercarse para que los proteja. Por el otro, la debilidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden público en México ha quedado manifiesta ante la escasez de recursos y capacitaciones, la infiltración del crimen organizado, y la carencia de coordinación efectiva entre las diferentes instancias de gobierno en México, lo que dificulta la implementación de estrategias integrales para combatir la violencia. Esta falta de coordinación se traduce en una respuesta fragmentada y menos efectiva ante los desafíos de seguridad que, de por sí, son enormes. Por supuesto, no se puede dejar de lado que el sistema judicial mexicano enfrenta desafíos significativos, como la limitación de recursos, la corrupción y la impunidad. Estas debilidades contribuyen a la perpetuación de la violencia, ya que los delincuentes no enfrentan las consecuencias adecuadas por sus acciones.

Esta situación ha tenido consecuencias inconmensurables en la sociedad mexicana que van más allá de los cientos de miles de familias que han quedado deshechas por asesinatos y desapariciones. La violencia generalizada ha llevado a un aumento en el desplazamiento interno de personas que huyen de zonas afectadas por el conflicto. Asimismo, muchos mexicanos han optado por migrar a otros países en busca de seguridad y mejores oportunidades. Por supuesto que esto también se refleja significativamente en la economía mexicana. La inseguridad obstaculiza la inversión extranjera, afecta el turismo y limita el desarrollo de las comunidades afectadas. Además, el crimen organizado ha infiltrado sectores económicos clave, como la minería y la construcción.

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La consecuencia a todo esto, es un desgaste tal vez irreversible en el tejido social, en el que se ha exponenciado la desconfianza, la insensibilidad y el miedo. Nos hemos convertido en una población con cicatrices emocionales y traumas, lo cual es tremendamente lamentable al considerar que el mayor tesoro de México es su gente. La violencia y la inseguridad en México han alcanzado niveles alarmantes, lo que ha llevado a muchos a considerar que el país tiene regiones que ya se encuentran en un Estado fallido en este aspecto. Sin embargo, aún nos queda esperanza.

Para superar estos desafíos, es fundamental fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y promover una coordinación efectiva entre las agencias de seguridad. Solo a través de esfuerzos concertados y un compromiso decidido se podrá comenzar a revertir esta situación y construir un México más seguro y pacífico, aunado por supuesto a esfuerzos sociales en materia de educación y sensibilización para que, juntos, podamos perdonarnos y reconstruir el país que alguna vez nos atrevimos a soñar.