No queremos gobiernos ni autoridades a favor de la opacidad. No más retrocesos

Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.

Era inicios del año 2012 cuando me incorporé por primera vez a un proyecto ciudadano a cargo de Iniciativa Sinaloa. El proyecto u auditoria ciudadana denominado “La rebelión de los enfermos”, cuyo objetivo fue buscar las causas que provocan los largos tiempos de espera en clínicas auditadas, representó para mí el ingreso al mundo de la transparencia y al del Derecho al Acceso a la Información Pública (DAI); algo totalmente nuevo, así como todo lo que ello implicaba que iba desde realizar solicitudes de acceso, en ese entonces vía Infomex Sinaloa, hasta analizar la información recibida y presentar recursos de revisión.

Para el caso de la Rebelión de los Enfermos, la metodología fue la misma: se realizaron cerca de 500 solicitudes de acceso a la información pública vía Infomex, acompañando encuestas a las y los derechohabientes de las principales Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS de Culiacán como trabajo de campo.

Los principales resultados que se obtuvieron con esta auditoría ciudadana en ese entonces fue que:

El IMSS destinó un presupuesto de hasta 454 millones de pesos para operar un sistema de contacto telefónico (Call Center) del 1 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2013 en todo el país.
De 14,525 consultas que registró la clínica en septiembre de 2010, el 70% fueron para pacientes programados y un 30% para espontáneos
El sistema de salud del IMSS demostró serias deficiencias por la forma cómo son atendidos los enfermos.
En el ejercicio realizado en la UMF 46 de Culiacán demostró que en México el derecho a la salud no está garantizado plenamente para toda la ciudadanía, es decir, no es universal.

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Además de los anteriores, se detectaron muchas irregularidades más y todo ello fue posible gracias al ejercicio por parte de la ciudadanía de su derecho al acceso a la información pública.

A lo largo de los once años siguientes este tipo de ejercicios se siguieron replicando de manera transversal en otras áreas, ya que fue posible realizar diagnósticos a los partidos políticos a través de la investigación “Opacos o transparentes”; a los municipios mediante “Municipios transparentes”; Empresas fantasmas con “Sinaloa, la facturación invisible”; Conflictos de interés con el reportaje “OPERACIÓN DESFALCO. La ordeña del erario” e irregularidades en la adjudicación de la obra pública con “La remodelación de la avenida Álvaro Obregón: los espacios para la corrupción en una obra pública”, “Precasin, la caja negra del gobierno de Sinaloa” y “Los Procesos de Adjudicaciones Directas en los Servicios de Salud de Sinaloa”, entre muchas investigaciones más.

Durante ese largo camino el DAI fue fortalecido con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015 y con ello la armonización de los marcos jurídicos locales. Entre sus bondades se destaca el aumento de los sujetos obligados incorporando tanto a fideicomisos, como sindicatos hasta partidos políticos, aunque estos últimos ya lo eran en Sinaloa. Además de ello, se aumentó la cantidad de documentos o datos a transparentar, pasando de entre 14 y 20 a cerca de 90 disposiciones a publicar por obligación.

Este tipo de acciones incentivó la participación ciudadana mediante litigios estratégicos con el objetivo de lograr la rendición de cuentas principalmente en casos emblemáticos de corrupción así como de crímenes de lesa humanidad y a que se evidenciara la opacidad que permeaba en los sujetos obligados y buscar, por ende, amonestaciones por no transparentar información mínima de oficio.

Hoy, a 21 años de la primera ley de transparencia y con más de 10 años de ejercicios de transparencia en Iniciativa Sinaloa, es urgente señalar a las autoridades que, con sus discursos antidemocráticos orientados eliminar órganos garantes de transparencia, sólo estarán sellando su afinidad con la opacidad y la corrupción.

En pleno siglo XXI resulta desafortunado escuchar a las autoridades de un “gobierno democrático” siquiera plantearse esta idea de evidente retroceso, cuando el discurso y los esfuerzos deberían estar orientados a buscar la manera de reducir y atacar la opacidad y no la transparencia.

Cuando todos los sujetos obligados, es decir, todo ente que reciba recursos públicos, tenga 0% en niveles de opacidad, suba en tiempo y forma la información mínima de oficio a sus apartados de transparencia dentro de sus portales y responda a cabalidad las solicitudes de acceso a la información pública sin necesidad de presentar tediosos recursos de revisión, entonces sí hablemos de la pertinencia de los órganos garantes.

Pues recordemos que tan solo en 2021 Iniciativa Sinaloa, con apoyo de alumnos del Tecnológico de Monterrey, documentaron la opacidad de cinco partidos políticos; lo que concluyó en la presentación de 56 denuncias de las cuales 20 fueron en contra de Morena, 10 del PT, 10 del PAS ocho del PAN y siete del PRI.

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Mientras este escenario continúe igual, seguiremos exigiendo a las autoridades transparencia y rendición de cuentas y continuaremos acudiendo a los órganos garantes para solicitar hagan valer nuestro derecho al acceso a la información pública consagrada en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.