La propuesta para reducir a 5 días la semana laboral en México fue rechazada por el pleno de la cámara de diputados. La iniciativa de reforma al artículo 123 había sido aprobada unos días antes por la comisión de puntos constitucionales, sin embargo, ya en la tribuna general, su discusión fue desechada y pospuesta hasta el próximo periodo de sesiones ordinarias. 

La pertinencia de esta reforma constitucional proviene de un hecho muy poco alentador: que México es el país donde las personas dedican más tiempo de su vida al trabajo. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, los mexicanos trabajan en promedio 2 mil 137 horas al año; mientras que en el resto de los países de la OCDE, el promedio es de mil 730 horas.

El problema con las extenuantes jornadas laborales es que además suelen vincularse a otros padecimientos propios de las clases más vulnerables, como la mala alimentación, la ansiedad, la desintegración comunitaria, la violencia intrafamiliar, las adicciones y la delincuencia, ocasionados muchas veces por el estrés laboral y por la falta de tiempo para el ocio, la recreación y la convivencia.

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Desde la economía, sin embargo, la duración de la jornada de trabajo ha sido un tema controvertido. En México el gremio patronal suele rechazar estas medidas supuestamente por el temor a que esto provoque un aumento en el desempleo, la informalidad y la reducción salarial, por la imposibilidad que tendrían las empresas de pagar primas adicionales.

Y aunque tales argumentos parecieran ser una excusa para impedir el incremento de derechos laborales, el punto de vista de los empleadores no está del todo errado, sobre todo si se considera que el 97 por ciento de las unidades económicas en México son microempresas, o pequeños emprendimientos que batallan para llegar a fin de mes por el pago de alquiler, nómina, servicios e impuestos.

Se dice que la estrategia de reducir la jornada de trabajo suele funcionar más en economías donde la mayoría del personal ocupado labora en medianas o grandes empresas, firmemente establecidas, sobre todo del sector industrial, donde la producción puede planificarse y gran parte de sus procesos se encuentran automatizados.

Pero en México apenas el 23 por ciento de la población ocupada se emplea en trabajos que corresponden al sector de la industria. El 77 por ciento restante labora en actividades del comercio y los servicios, en establecimientos que dependen del consumo directo, y que se ven obligados a extender los horarios de atención al cliente como una forma de incrementar sus ventas, debido a la incesante competencia en este rubro. 

Así pues, la falta de un mercado laboral competitivo parece ser el culpable de las largas jornadas que se trabajan en el país. Y es que las empresas mexicanas no han sabido insertarse en el comercio exterior de productos manufacturados. En su mayoría son firmas inestables y muy poco competitivas que no requieren empleados calificados y altamente productivos por su rendimiento. 

Los ingresos de este tipo de empresas dependen de un mercado de consumo nacional que cada vez pierde más poder adquisitivo, y en el que la competencia informal genera una grandísima presión para mantener los precios a raya. En estas circunstancias, la posibilidad más conveniente que tienen las pequeñas empresas para sobrevivir, es la explotación laboral que se materializa en extenuantes jornadas de trabajo.  

Pero esto no tendría que ser así. Debe haber un límite razonable. No tendríamos que esperar a ser más competitivos para respetar los derechos humanos.

La reducción de la jornada laboral debe ser un hecho. Pero para que sea sostenible a largo plazo habrá que tomar medidas estratégicas complementarias. Tomar en consideración las necesidades del tipo de unidad económica, estableciendo estímulos para las empresas que apliquen a este tipo de prerrogativas. 

No ceder en la inversión para la educación y el fomento a la innovación y la tecnología, para que México transite más rápido a una economía del conocimiento, con mayores oportunidades para la creación de trabajos mejor remunerados y con mayor tiempo de ocio. Porque seamos sinceros, las empresas quiebran por la falta de competitividad, no porque ofrezcan condiciones aceptables de trabajo.

Mientras eso sucede, se pueden comenzar a regular los tiempos de apertura de los comercios. En algunos países las tiendas y los grandes almacenes están obligados a cerrar los domingos y horarios de comida, con la intención de que las personas puedan descansar, hacer ejercicio y pasar tiempo con sus amigos y familia. 

Lo mismo se puede hacer aquí, regular los honorarios de apertura y cierre de los comercios pone un piso parejo y evita que la competencia desmedida lleve a las empresas a hacer trabajar más de la cuenta a sus empleados. 

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Pero lo más importante en esta discusión, será ponderar las necesidades humanas por encima del interés económico. La productividad no es un requisito para reconocer la dignidad del trabajador

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