Reflexiones

Alejandro Luna Ibarra

Políticos influyentes esquilman a maestros con la protección del Gobierno

En suma, Nomipay no resolvió el problema. Sólo trajo a los juniors de la política encumbrados en el sexenio de Peña Nieto al reparto del pastel del dinero en Sinaloa, amparados por el Gobierno del Estado.

A mediados de la primera década del 2000, Magistral Agente de Seguros S. A de C.V. firmó contratos de seguros de vida, a un plazo de 20 años, con cientos de miles de maestros de todo el país, cuyo pago se les descontarían de la nómina de la SEP en los estados. Además de la suma asegurada por muerte natural o accidental y los gastos funerarios, como beneficio adicional para firmar un contrato a largo plazo, se ofrecía el pago de atractivos dividendos por cada año que no se registrara ningún siniestro, sin embargo, a estas alturas, la mayoría de esos maestros no sólo no han recibido sus dividendos, sino que ha dejado de recibir atención de la empresa a pesar de que se les siguen aplicando puntualmente los descuentos y, en algunos estados, es prácticamente imposible cancelarlos.

Magistral cerró sus oficinas en Sinaloa hace más de un año y dejó de recibir llamadas en sus oficinas centrales en Guadalajara, lo cual se advierte en las críticas y reclamaciones de decenas de maestros de todo el país identificados y contactados a través de redes sociales. Hay casos documentados en Tabasco, Morelos, Chihuahua, Nuevo León, Chiapas, Ciudad de México, Puebla y Sinaloa, entre otros, donde cientos de maestros buscan infructuosamente respuesta de Magistral Agente de Seguros, o cuando menos que se les cancele el descuento, ya que están pagando por un servicio que no reciben, lo que permite suponer la complicidad de las autoridades estatales en el negocio que podría configurar un fraude a los maestros.

Y más aún, ante la creciente ola de reclamaciones y críticas de los docentes porque no les quieren cancelar los descuentos, hace poco empezaron a contactar a los maestros personas (que tienen acceso a la base de datos del magisterio) que ofrecen tramitar la cancelación efectiva de los descuentos de Magistral, pero sólo a condición de que firmen un nuevo contrato similar, a 20 años, con seguros GNP. De lo contrario, se les seguirá descontando (¿indefinidamente?) el concepto de Magistral Agente de Seguros y sin recibir ningún beneficio. ¿Por qué la SEPYC y/o el Gobierno del Estado permite que se siga cometiendo esta irregularidad? ¿Es cómplice de lo que podría configurar un fraude al magisterio?

LOS NEGOCIOS DESDE LAS CÚPULAS

Fuentes cercanas a la administración estatal indican que los grandes negocios, como los de seguros para los maestros, se hacen en las cúpulas. La dirección de las empresas con la dirigencia nacional del SNTE, organización que cobra una significativa comisión a las empresas a cambio de autorizar los descuentos por nómina, por lo que, así como entró en su tiempo Magistral de Seguros, ahora habría entrado GNP. Nadie entra al negocio si no ha logrado un acuerdo con el SNTE y pagado su comisión.

Indican además que el procedimiento para cancelar un descuento de seguros por nómina es muy sencillo. Sólo se debe acudir a la compañía aseguradora y solicitar la cancelación del descuento. En un lapso no mayor de dos semanas, la compañía debe emitir una carta de finiquito, pagar los dividendos al cliente y enviar una carta al departamento de pagos de la SEP en el estado.

Sin embargo, esto no ha funcionado con Magistral, pues, aunque se tiene evidencia de que no responden las llamadas de los clientes y de que no están ofreciendo el servicio, el gobierno estatal se niega a cancelar los descuentos, lo cual estaría vinculado a los ingresos extra de Nomipay, la empresa de políticos priístas encumbrados en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que contrató el gobierno Quirino Ordaz para ordenar los descuentos a los trabajadores del Estado.

ES SEGUROS ARGOS EL QUE DEBE PAGAR

Expertos en seguros consultados explican que Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V. no es una compañía aseguradora, sino un agente de seguros y que en realidad la aseguradora, según la documentación revisada, es la compañía Seguros Argos S.A. de CV, la que debe responder por los servicios (pago de dividendos, pago de siniestros y gastos funerarios), por lo que es a ésta a la que se deben dirigir las reclamaciones con el número de póliza.

No obstante, Seguros Argos ha respondido con evasivas en los casos de que se tiene conocimiento. Señala –por ejemplo–, que no tiene activa la plataforma del magisterio y por tanto no se puede tener acceso al estatus de la póliza, por lo que no puede dar respuesta a las peticiones de los maestros hasta que se regularice la situación, de tal forma que se desconoce si Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V. está depositando a la aseguradora los descuentos que se les aplican a los maestros.

Esta práctica fue muy común en el sexenio de Malova, pues el gobierno aplicaba los descuentos a los trabajadores, pero no los entregaba a los proveedores, provocando el acoso en la cobranza y las demandas judiciales de los proveedores a los trabajadores.

 Los expertos señalan que lo más viable, si no se recibe respuesta de la aseguradora, es interponer una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros –CONDUSEF— en la propia ciudad del afectado. Por lo regular el problema se resuelve ahí, sin embargo, en caso de complicarse y tener que presentar una demanda judicial el problema se vuelve más difícil, ya que en el talón de descuento del trabajador no aparece el nombre de la aseguradora, sino el del agente de seguros, lo cual es un vicio de origen.

Es decir, el maestro puede argumentar que se le está descontando (con su talón de pago), pero no hay ninguna garantía de que el agente de seguros, que aparece en el talón de pagos, esté pagando a la aseguradora y mantenga al corriente la póliza para que la aseguradora responda en caso de un siniestro. Esta es una irregularidad que sólo se puede explicar en la complicidad de las autoridades gubernamentales en las negociaciones de la dirigencia sindical nacional del SNTE con particulares para hacer negocios propios o a través de terceros, pues Magistral Agente de Seguros sigue en activo.

MAGISTRAL SIGUE VIGENTE SEGÚN LA CNSF

Según el reporte de transparencia la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas del 30 de agosto del 2020,  Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Hidalgo, número 1866 y Ladrón de Guevara 44680 en Guadalajara Jalisco, teléfono 01 (33)36306022, está en activo con 17 sucursales en Querétaro, Aguascalientes, Acapulco, Culiacán, Monterrey, Pachuca, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Morelia, Campeche, Mérida, Mexicali, Guanajuato y Tuxta Gutiérrez y sólo tiene una multa del 13 de enero del 2009, por 27 mil 400 pesos, por permitir que un tercero realice las actividades que le están reservadas al amparo de su autorización. Como CEO (Chief Executive Officer), Oficial Ejecutivo en Jefe, aparece Luis Daniel Salazar M. (Machado), mientras que en los contratos aparecen los nombres, en representación de Magistral, Armando Salazar M. y Carlos Salazar M.

Sin embargo, al menos en una docena de ciudades han dejado de atender a los maestros, no responden llamadas telefónicas y tienen cerradas sus oficinas, mientras que personas que se ostentan como promotores de Seguros GNP, usando información privilegiada y los datos personales de los maestros, han empezado a llamarles con insistencia.

SEGUROS GNP AL RELEVO

Los promotores de Seguros GNP argumentan que Magistral ya cerró sus oficinas y no atenderá a los maestros, pero que les seguirán descontando ese concepto (SM) hasta concluir su contrato, por lo que ofrecen (como gestión privilegiada) cancelar los descuentos de SM, pero sólo a cambio de que firmen un nuevo contrato con Seguros GNP. ¿Cómo saben los promotores de Seguros GNP los nombres de los maestros, la empresa que los aseguró, el tipo de póliza, la fecha de cumplimiento de su contrato y hasta su dirección y número telefónico para ir a venderle otro seguro? ¿Quién les dio acceso a los datos personales de los maestros?

La transferencia de datos personales sin el consentimiento explícito del titular configura es una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales que establece que “Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular (…) Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular (…); que es motivo de sanción, artículo 63, fracción VIII “incumplir con el deber de confidencialidad (…) y, fracción XII, “llevar a cabo la transferencia o sesión de datos personales fuera de los casos en que esté permitido por la ley” y que a quien incumpla con estas disposiciones “se le impondrá multa de 200 a 320 días de salario mínimo del DF (art. 64, fracción III)”, y “de tres meses a tres años de prisión al que, estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro, provoque la vulneración de la seguridad de las bases de datos bajo su custodia (art. 67)”. ¿Quién le dio los datos de los maestros a GNP?

 EL NEGOCIO DE NOMIPAY

La respuesta podría estar entre funcionarios del gobierno (SEPYC y Gobierno de Estado) y la empresa Nomipay, de Emilio Gamboa Mier, hijo del ex senador priísta Emilio Gamboa Patrón, la ex diputada priísta Isabel Julia Rojas de Icaza y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, hijo del ex gobernador oaxaquense José Murat Casab, entre otros participantes, que fue contratada por el gobierno de Quirino Ordaz, para poner orden en las cuentas, a partir de mayo del 2019.

El argumento del Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, fue el desorden que había en los descuentos. 25 mil trabajadores tenían un sobreendeudamiento, algunos tardarían 30 años en pagar y a otros tanto sólo les llegaba un peso de pago quincenal, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo establece que no se le podrá descontar al trabajador más del 30% de su salario. Nomipay entraría a evaluar la capacidad de endeudamiento de los trabajadores mediante un sistema computacional para evitar el sobreendeudamiento y cobraría un porcentaje de los pagos a las empresas por estos servicios.

Así, con el aval del Gobierno del Estado, Nomipay inició la negociación con todas las empresas proveedoras de bienes y servicios que tenían convenios para descuentos por nómina a los trabajadores estatales imponiéndoles nuevas reglas que implicaba diferirles el pago de los abonos retenidos a los trabajadores –lo que implicaba aumentarles considerablemente el plazo de liquidación— reducirles los montos de pago, y, además, cobrarles una comisión este servicio.

A los que no aceptaron, simplemente se les dejó de pagar y se les impidió autorización para nuevas ventas, por lo que, para recuperar algo de lo perdido, tuvieron que vender su cartera a una empresa de nombre Alfa Crédit, que –según los representantes de las empresas afectadas—, sería propiedad del propio licenciado Ortega Carricarte.

A partir de entonces, según la versión de maestros que prefirieron mantener el anonimato, les empezaron a hacer descuentos en las tarjetas de nómina del banco que ellos no habían autorizado, por lo que se interpusieron demandas de amparo para evitar esos descuentos. Según las mismas fuentes, ya habrían procedido 300 amparos y están en proceso 800 más, aunque la suspensión del descuento no implica la cancelación de la deuda.

TRAFICO DE DATOS PERSONALES

En suma, Nomipay no resolvió el problema. Sólo trajo a los juniors de la política encumbrados en el sexenio de Peña Nieto al reparto del pastel del dinero en Sinaloa, amparados por el Gobierno del Estado.  No sólo no se ha puesto orden en los descuentos, sino que ahora es difícil cancelar descuentos por servicios que no se otorgan, como el de Magistral de Seguros, además que se han transferido datos personales del magisterio a otras compañías para promover un mayor endeudamiento de los trabajadores, en tanto que las empresas proveedoras han visto reducidos sus ingresos y retrasados sus pagos.

Nomipay hizo convenio con PEMEX de Emilio Lozoya, el Gobierno del Estado de México, El gobierno del Estado de Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la Unidad de Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro, el Gobierno del Estado de Puebla y, el más importante, el gobierno del estado de Sinaloa, que se subdivide en Sector Central, Sinaloa SEPYC, Sinaloa Salud y Sinaloa Magisterio.

Alejandro Mural Hinojosa fue apoderado de la empresa VARIV SA de CV, desde 2007, que luego sería copropietaria de Grupo Tecnológico Nomi-Pay SA de CV. En el 2017, Nomipay firmó un contrato con el Gobierno del Estado de Oaxaca encabezado por el propio Alejandro Murat para dar plataforma de administración digital exclusiva de préstamos vía nómina al gobierno del estado, que luego se implementaría también en el IEEPO.

Además de VARIV, es copropietaria de Nomipay, The Blue Bull Inversiones SAPI, representada por Rafael Puente Rojas, donde es accionista la ex diputada federal priísta por el Estado de México, Isabel Julia Rojas de Icaza y Equipos Purificadores RPR SA de CV, representada por Emilio Gamboa Mier, hijo de senador Emilio Gamboa Patrón, y donde también es accionista la ex diputada Rojas de Icaza.

EL PROBLEMA SIGUE, SOLO POLITICOS PRIÍSTAS GANAN

Como la capacidad de pago de muchos trabajadores del Estado supera el monto total de su salario quincenal, o se aproxima al 100%, Nomipay calcula cuanto le toca cobrar a cada empresa y les va turnando los abonos para no dejar totalmente sin salario al trabajador. Así, va difiriendo los pagos a las empresas y cobra por ello un porcentaje, que deben pagar las propias empresas, como alternativa al añejo problema creado por los líderes sindicales y funcionarios gubernamentales que, en aras de recibir su comisión, permitieron el sobreendeudamiento de los trabajadores.

Además, el compromiso iniciar era detener los descuentos a un proveedor cuando hubieran quejas de los maestros, pero Nomipay sigue enviando los descuentos por concepto de Magistral de Seguros a pesar de las quejas, sólo que ahora, en vez de quitar los descuentos, permite que otra empresa entre al relevo para hacer nuevos contratos, dejando entrever que no le interesa reducir el endeudamiento de los trabajadores, sino las comisiones que puede ganar por ello. ¿Trasfirió Magistral de Seguros su cartera de clientes a Seguros GNP, incluyendo los datos personales de los maestros, o Nomipay entregó los datos a la nueva empresa, a cambio de una comisión adicional, para renovar contratos y promover el nuevo endeudamiento de los maestros que vino a combatir? En cualquiera de los dos casos se podría configurar un delito tipificado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Pero parece que los prominentes apellidos Gamboa, Murat y Rojas de Icaza siguen siendo intocables aún en el gobierno de la 4T y no sería extraño que aparecieran vinculados al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD en las elecciones del 2021 en Sinaloa, pues de su triunfo podría depender que sigan haciendo dinero a costa de los trabajadores sinaloenses.

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