Reflexiones

Dr. Jorge Rafael Figueroa Elenes

Por México y Sinaloa, prioritaria la atención a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

El desarrollo sostenible es un concepto multidimensional que está anclado en pilares socioeconómicos, institucionales y medio ambientales.

A mediados del pasado mes de julio, se hizo la presentación del Informe Nacional Voluntario 2021 sobre la Agenda 2030 en México, un documento que días antes el Gobierno de México entregó al Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. A decir de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, el Informe hace un recuento de los logros, desafíos y visiones de futuro de distintos sectores de la sociedad mexicana para el avance de la Agenda 2030 en el marco de los impactos de la pandemia de COVID-19, y propone que la Agenda 2030 en México se adapte al nuevo contexto nacional y global con responsabilidad compartida entre todos los sectores de la sociedad.

El Informe precisa que para avanzar en la Agenda 2030, el Gobierno de México se ha enfocado en las dimensiones social y económica de la Agenda, con énfasis en el combate a las desigualdades; en las carencias que vulneran desde la raíz a la paz social, y que se ven agravadas por el dispendio y la corrupción y; en las alianzas internacionales para hacer frente a retos regionales y globales como la migración, el cambio climático y la vacunación universal contra el COVID-19.

Para poner las cosas en contexto, en 2015, los Estados miembros de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unida adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para avanzar en un periodo de 15 años hacia la consecución de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en términos sociales, ambientales, económicos, de gobernanza, de alianzas y de combate a las desigualdades. En ella también se establecieron mecanismos para su seguimiento, particularmente con la presentación periódica de Informes Nacionales Voluntarios para compartir los avances y retos de cada país. El Informe entregado a Naciones Unidas es el tercero entregado por México desde que se comprometió con la Agenda 2030 en 2015, y el primero de la administración actual.

Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 son, Fin de la pobreza; Hambre cero, Salud y bienestar; Educación de calidad; Igualdad de género; Agua limpia y saneamiento; Energía asequible y no contaminante; Trabajo decente y crecimiento económico; Industria, innovación e Infraestructura; Reducción de las desigualdades; Ciudades y comunidades sostenibles, Producción y consumo responsables; Acción por el clima; Vida submarina; Vida de ecosistemas terrestres; Paz, justicia e instituciones sólidas, y; Alianza para lograr los objetivos.

Aunque el logro de los objetivos señalados tiene un alcance mundial, lo cierto es que su consecución depende del grado de avance o rezago que existe en los distintos países del mundo, al igual que en cada uno de ellos, estar cerca o lejos de las metas consideradas para cada uno de los objetivos depende de la situación en sus regiones y del nivel de compromiso que para tal propósito adquieren los gobiernos subnacionales. Cabe señalar que todas las entidades federativas han creado Órganos de Seguimiento e Instrumentación (OSI), que son los responsables de la creación, seguimiento y evaluación de las estrategias y políticas para la territorialización de los ODS. Sin embargo, el Informe señala que, actualmente, solo 19 entidades federativas cuentan con un plan de trabajo vigente y 23 tienen definidos sus lineamientos de operación. Aunque Sinaloa forma parte de estos grupos, el Informe considera que, junto a otras 15, es de las entidades federativas cuyo Plan Estatal de Desarrollo (PED) tiene un grado de vinculación bajo con la Agenda 2030. Vale señalar que hay regiones en una peor condición, como Querétaro y Zacatecas cuyo grado de vinculación entre el PED y la Agenda 2030 es prácticamente nulo. También hay 8 estados con un grado de vinculación medio y 6 (Chiapas, Colima, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tamaulipas) tienen un alto grado de vinculación.  

Para alcanzar los ODS planteados en la Agenda 2030, México y sus regiones tienen un conjunto de tareas por realizar para atender los rezagos existentes. Para tener una idea aproximada de la magnitud de las acciones que es necesario realizar para contribuir de manera efectiva a la disminución de la brecha que nos separa de las metas planteadas, enseguida haremos un repaso de la situación que guarda el país y particularmente Sinaloa en los indicadores que corresponden a los distintos ODS.

El Objetivo 1 es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. México antes de la pandemia registraba cerca del 42 por ciento de su población en condición de pobreza, hoy se estima que esa cifra es de casi 44 por ciento. En Sinaloa, en 2020, de acuerdo con el Consejo para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), el 28 por ciento de su población vivía en condición de pobreza (de mejor a peor posición, puesto 8 en el ranking nacional) y cerca del 2.5 por ciento en condición de pobreza extrema. Desafortunadamente hay regiones en peor situación, como Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y Puebla en donde el porcentaje de pobres supera el 60 por ciento de la población, o los casos extremos de Guerrero y Chiapas en donde los porcentajes son de 66 y 76 por ciento, respectivamente. En esas mismas regiones, entre el 20 y el 30 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza extrema.

El objetivo 2 es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. En este caso el rezago también es importante, ya que hay entidades en donde la proporción de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa (carencia por acceso a la alimentación) es muy alta. Tal es el caso de Tabasco en donde la proporción, en 2018, era del 47 por ciento y de Guerrero con 37 por ciento. En esta lista, Sinaloa se ubica, de peor a mejor situación, en el puesto 6, observándose que 1 de cada 4 sinaloenses padecen de inseguridad alimentaria.

El objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Entre otras metas, para alcanzar este objetivo, se trata de que de aquí a 2030, la tasa mundial de mortalidad materna (número anual de mujeres fallecidas por causas relacionadas con el embarazo y el parto por cada 100 000 nacidos vivos) se reduzca a menos de 70 por cada 100 000 nacidos vivos. Con datos al 2016, el Informe revela que en el país la meta se cumple satisfactoriamente ya que se tiene un indicador de 37, aunque en Chiapas, por ejemplo, es de casi 60. Sinaloa (43) se encuentra en el grupo de las cinco entidades con los niveles más altos para esta tasa. En el ámbito nacional, se cumple satisfactoriamente con la meta que establece que la tasa de mortalidad de los niños menores 5 años se reduzca al menos a 25 por cada 1 000 nacidos vivos. La cifra nacional, al 2016, era de 15 por ciento, aunque en Chiapas es de casi 20 por ciento. En este caso, Sinaloa, con una tasa de 11, se ubica en la tercer mejor posición.

El objetivo 4, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. A propósito, un dato reciente para reflexionar se refiere a que en el ciclo 2019-2020, la tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y formación académica y no académica fue de 39 por ciento en el ámbito nacional, aunque en la CDMX y Sinaloa, las cifras fueron de 65 y 46 por ciento, las más altas del país. En la parte baja de la tabla, Chiapas apenas alcanza el 28 por ciento. También se aprecia que, tanto en el nivel preescolar como en primaria y secundaria, en el país ha mejorado la proporción del profesorado que ha recibido al menos la mínima formación docente organizada previa al empleo o en el empleo (por ejemplo, formación pedagógica) exigida para impartir enseñanza al nivel escolar correspondiente. En el ranking por entidades, Sinaloa se ubica a media tabla en los tres niveles escolares, mientras que entidades como Chiapas y Oaxaca aparecen en el fondo.

El objetivo 5, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), el Informe señala que la proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia sexual a manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses es de 22 por ciento. Los estados con mayor incidencia son México (29%) y Querétaro (28%).

El objetivo 6, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Aunque se ha mejorado en la mayor parte de los indicadores relacionados con este objetivo, de acuerdo con el Informe se aprecian rezagos en indicadores como la proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura; el cambio en la eficiencia del uso del agua; el nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce como proporción de los recursos disponibles de agua dulce y; el grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos. Hay entidades (Guerrero, Chiapas, Oaxaca) en donde alrededor del 10 por ciento de las viviendas no disponen de agua entubada. En Oaxaca, el 20 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje. 

El objetivo 7, garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Para este objetivo, aunque la proporción de la población con acceso a la electricidad ha aumentado permanentemente, se aprecian rezagos en la proporción de la participación de la energía renovable en el consumo final total de energía.

El objetivo 8, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Para observar el rezago que en México tenemos a propósito de los planteamientos de este objetivo, resulta útil saber que en los últimos 15 años el país ha crecido a una tasa media anual de 1.8 por ciento. Las entidades con mayor crecimiento han sido, Baja California Sur (3.9%), Quintana Roo (3.8%), Querétaro (3.4%), Aguascalientes (3.3%) y Nuevo León (2.9%). Sinaloa, con un crecimiento de 2.1 por ciento ocupa en el ranking nacional la posición 18. Los PIB per cápita más altos corresponden a Campeche, CDMX y Nuevo León. Sinaloa se ubica en el puesto 17.

En México, considerando todas sus modalidades, el empleo informal generaaproximadamente el 23 por ciento del PIB y la tasa de informalidad (empleos informales entre empleo total) es de 53.4, lo que significa que más de la mitad de la población ocupada se encuentra en la informalidad. La cifra es mayor en el caso del mercado laboral femenino ya que, para ellas, la informalidad es de casi el 60 por ciento. Por entidades federativas, la mayor parte (40.6%), tienen tasas de informalidad compatibles con la de los Países Árabes y en algunos casos cercanos a las tasas de África. Son tasas que se mueven entre el 60 y el 75 por ciento, siendo los casos extremos, Oaxaca con 75 por ciento, Guerrero con 73, Hidalgo 71, Tlaxcala 68 y Puebla con 66 por ciento. En el otro extremo, con tasas entre 30 y 40 por ciento, similares al promedio de América, se tiene a Chihuahua con el 33 por ciento, Coahuila 34, Nuevo León 36, y Baja California Sur y Baja California con 37 por ciento. Sinaloa se ubica a media tabla con una tasa de informalidad cercana al 50 por ciento (47.7%).

En materia de trabajo infantil, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, registra que, en el país, el 11.5 de las personas entre 5 y 17 años realizan trabajos productivos. Las cifras más altas corresponden a Oaxaca (21.5%), Puebla (18.3%), Chiapas (18.3%) y Michoacán (17.6%). En Sinaloa la cifra es de 9.7 por ciento. Además, en la entidad, el 5.5 se ocupa en actividades no permitidas y el 4.8 por ciento trabajan realizando actividades peligrosas.

El objetivo 9, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. A partir de la apertura comercial en la década de los ochenta del siglo pasado, la producción manufacturera pasó a ocupar un lugar más relevante en el conjunto de las actividades productivas realizadas en el país. México, por ejemplo, a partir de entonces dejó de exportar mayormente petróleo para, en cambio, enviar al exterior fundamentalmente manufacturas. Ciertamente este proceso no se dio de manera homogénea y la industria, particularmente la manufacturera, creció principalmente en las entidades del norte y de la región del bajío. En los últimos 26 años, entidades como Chihuahua, Guanajuato y Baja California, entraron a formar parte del top 10 de entidades altamente industrializadas. Otras, como Aguascalientes y San Luis Potosí, que siempre fueron parte de este grupo, son las que más posiciones escalaron. Sinaloa que en 1993 estaba en el puesto 24 en este ranking, hoy en 2021, ocupa la posición 25. Cabe mencionar que han sido las entidades con un mayor componente industrial en sus estructuras productivas, las que han mostrado una mayor dinámica de crecimiento económico.

Por otra parte, de acuerdo con el Índice de Innovación 2020, en las primeras posiciones del ranking general se ubican Querétaro, CDMX, Morelos, Coahuila y Aguascalientes. En la parte más baja de la tabla, Tabasco, Campeche, Guerrero y Chiapas. Por indicadores, las primeras posiciones las ocupan, Aguascalientes en Complejidad económica, Nayarit en Productividad total, CDMX en Investigadores, Querétaro en Patentes y, CDMX en Empresas e instituciones científicas y tecnológicas.

Sinaloa, en el ranking general del índice de Innovación 2020, ocupa la posición 19, debajo del promedio nacional y con cinco posiciones perdidas en los últimos dos años. En el ámbito nacional, considerando los indicadores del Índice de Innovación 2020, Sinaloa muestra los mejores comportamientos en Empresas e instituciones científicas y tecnológicas (9), Productividad total de los factores (10) y, Patentes (12). Los peores desempeños se observan en Complejidad económica en sectores de innovación (26) y en Investigadores (19).

El objetivo 10, reducir la desigualdad en los países y entre ellos. En México la desigualdad y la discriminación siguen existiendo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, una de cada 5 personas de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año. Los motivos que destacan son principalmente forma de vestir o arreglo personal, peso o estatura, creencias religiosas y la edad. Los principales ámbitos donde las personas indígenas y las que tienen alguna discapacidad percibieron haber sido discriminadas en el último año, son los servicios médicos, la calle o transporte público, y en la familia. Las personas de diversidad religiosa, las personas mayores, los adolescentes y jóvenes, y las mujeres declararon principalmente la calle o transporte público, el trabajo o escuela y la familia. Los estados con los mayores porcentajes de su población de 18 años y más que declaró haber sido discriminada por algún motivo o condición personal son Puebla (28.4%), Colima (25.6%), Guerrero (25.1%), Oaxaca (24.9%), Morelos (24.4%) y México (24.0%).

La desigualdad económica en las regiones de México puede calcularse a través del Coeficiente de Gini, que mide la concentración del ingreso. Su valor se encuentra en el rango de 0 a 1, y mientras mayor es, evidencia una mayor concentración, una mayor desigualdad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH) 2020, la mayor desigualdad existe en Nuevo León, Yucatán y Campeche, mientras que la menor concentración del ingreso se presenta en Jalisco, Guanajuato y Colima.

En México, la desigualdad entre el norte y el sur del país también es importante. Los datos del CONEVAL para el 2018, revelan que el 41 por ciento de los pobres del país viven en las entidades federativas del sur y solo el 16.5 en las del norte. También, que el promedio del porcentaje de pobres por entidades federativas de la región es de 25.7 por ciento para el norte (14.5% en Nuevo León y 18.1% en Baja California), pero de 55.4 por ciento para el sur (76.5% en Chiapas, 66.5% en Guerrero y 66.4 en Oaxaca). Pero en donde la brecha entre el norte y el sur se aprecia de mejor manera, es cuando observamos la distribución de las personas que viven en condiciones de pobreza extrema. El sur del país concentra el 66.2 por ciento de la población que vive en condiciones de pobreza extrema, mientras el norte participa apenas con el 6.4 por ciento.

El objetivo 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Se trata de que al 2030, se reduzca significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el Producto Interno Bruto mundial, haciendo hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. En la práctica ha sido complicado cumplir con la meta planteada ya que lo que se observa es una tendencia creciente en el número de defunciones totales causadas por desastres. Con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) se observa que, en 2018, Sinaloa fue la entidad con los mayores daños y pérdidas causadas por desastres naturales.

El objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Se refiere a impulsar la economía circular, en las cadenas productivas y de consumo, entendida como el rediseño de productos y servicios para disminuir desechos al final de la vida útil de los mismos y desde una perspectiva de valor compartido. Por el INEGI se sabe que, en promedio, se recolectan 865 g de residuos por persona cada día en los municipios y demarcaciones territoriales donde se presta el servicio de recolección domiciliaria y que el 6.9 por ciento de los residuos sólidos urbanos es llevado a plantas de tratamiento. El 92.1 por ciento de los municipios y demarcaciones territoriales del país cuenta con servicio de recolección domiciliaria de residuos generados en casas-habitación, establecimientos, mercados o barrido de la vía pública. Para el caso de Sinaloa, sugiero leer la tesis Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y su aprovechamiento económico en Culiacán, Sinaloa, elaborado por Carmen Patricia García Luna para obtener el grado de Maestra en Ciencias Económicas y Sociales, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS.

 

El objetivo 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Por cuestiones de espacio, para este objetivo sugiero revisar el ATLAS NACIONAL DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO México publicado en 2019 por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Particularmente recomiendo ver las figuras sobre Vulnerabilidad de los asentamientos humanos por inundaciones, Vulnerabilidad de los asentamientos humanos por deslaves, Vulnerabilidad de la población al incremento en la distribución potencial del dengue, Vulnerabilidad de la producción forrajera ante estrés hídrico, Vulnerabilidad de la producción ganadera ante estrés hídrico y Vulnerabilidad de la producción ganadera por inundaciones.   

Para los últimos cuatro ODS; objetivo 14: conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad; objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas y; objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible; señalaré las propuestas hechas para Sinaloa en la ESTRATEGIA TERRITORIAL SINALOA 2030, elaborada en 2018, por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del estado de Sinaloa.

En el documento en mención, se plantean, como acciones estratégicas del objetivo 14, Elaborar el Plan Estatal de Resiliencia y Planes Municipales de Resiliencia; Fortalecer la aplicación de la Agenda Ambiental Estatal y las normas ambientales y; Elaborar un Plan del Agua basado en la nueva Cultura del Agua, que coordine los proyectos hidráulicos y fomente la depuración y reutilización de las aguas contaminadas. Para el objetivo 15, las acciones estratégicas son, Fortalecer la aplicación de la Agenda Ambiental Estatal y las normas ambientales; Crear un sistema de información ambiental confiable, que monitorice la calidad del agua, el aire y el suelo, así como las fuentes de contaminación; Promover la investigación e innovación en aspectos ambientales y en la eficiente utilización de los recursos naturales; Promover la educación ambiental, la difusión de información ambiental y la participación ciudadana en los compromisos ambientales; Elaborar un Plan del Agua basado en la nueva Cultura del Agua, que coordine los proyectos hidráulicos y fomente la depuración y reutilización de las aguas contaminadas y; Proteger el suelo natural y fomentar su reforestación.

En el caso del objetivo 16, las acciones estratégicas propuestas son, Desarrollar la difusión sistemática de datos abiertos y la transparencia; Crear una plataforma de Información Geográfica para el uso de la administración y de los ciudadanos, orientada a la gestión y planificación del territorio y los asentamientos y; Fortalecer la participación ciudadana activa en la planeación, toma de decisiones y en el control de las acciones de gobierno. Finalmente, para el objetivo 17, también Fortalecer la participación ciudadana activa en la planeación, toma de decisiones y en el control de las acciones de gobierno.

Para no extenderme más, solo dos cuestiones para terminar. En principio, debo precisar que el desarrollo sostenible es un concepto multidimensional que está anclado en pilares socioeconómicos, institucionales y medio ambientales. También, que para el economista con sentido social, el concepto lleva implícita la noción de eficiencia económica (uso eficaz de los recursos y la tecnología) disponibles para satisfacer las necesidades de la presente generación, pero suponiendo la equidad entre los individuos, toda vez que reconoce que no pueden quedar necesidades insatisfechas, ni personas al margen del progreso. Lo último, es que las cifras han mostrado que en el país y la entidad hay aspectos muy importantes por atender, relacionados con los niveles de bienestar, la salud, la educación, la economía, la seguridad y el medio ambiente y, lo mejor que puede pasar es que el nuevo gobierno que entrará en funciones en Sinaloa en los próximos meses, tenga el interés y la disposición para continuar y reforzar lo que se ha avanzado en esta materia. Por el bien de todos, una buena manera de empezar sería entrar a formar parte del grupo de entidades con un grado alto de vinculación entre el PED y la Agenda 2030.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO.

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