Potenciar los programas sociales

Si en algo estamos de acuerdo, luego de cinco años de gobierno del presidente López Obrador, es en la necesidad que había de implementar programas sociales para grupos vulnerables.

Gracias a estas medidas, el nivel de la pobreza en México se redujo 6.3 por ciento, de 2016 al 2022, esto según los datos más recientes del Coneval, donde se indica que la población en condiciones de pobreza pasó de 43.2 millones de personas a 36.3, en este periodo.

Vale celebrar y señalar los logros, aún así, es importante señalar que la mitigación de la pobreza no puede ser suficiente, en tanto que la meta debe seguir adelante para incrementar todavía más el ingreso medio de la población para que mejore el nivel de vida, mediante estrategias de productividad, sin dejar de lado los programas sociales, pero llevándolos a un nivel más alto, a una siguiente generación, quizá todavía más progresista.

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En este sexenio, resaltaron tres programas para atender a algunos segmentos más vulnerables de la población: nos referimos a los adultos mayores, a los jóvenes que no estudian y no trabajan; y a las personas con algún tipo de discapacidad.

En estos casos es importante señalar el atinado esfuerzo que se hizo para contemplar a personas que por razones ajenas a la voluntad individual, no son sujetos productivos, lo cual establece un nuevo paradigma de apoyo más apegado a los derechos humanos y menos vinculado a razones de competitividad económica, lo cual está muy bien.

Con todo y eso, todavía queda mucho por mejorar. Afortunadamente, todas las fuerzas políticas en el país valoran la continuidad de dichas estrategias de soporte público a los más desfavorecidos. El reto entonces está en ver la manera de hacer estos programas más transparentes, sostenibles e integrales.

Pongamos un ejemplo. En el caso del programa Jóvenes construyendo el futuro, enfocado en brindar capacitación en centros de trabajo, donde los beneficiados obtienen experiencia laboral y una remuneración; la crítica se dirige hacia el constante abuso por parte de empresas que registran de manera falsa a jóvenes con el propósito de recibir el dinero sin cumplir con el objetivo del programa.

Otra crítica es la falta de programas similares, pero dirigido a jóvenes profesionistas, para que se incorporen en áreas de trabajo qué son de una mayor cualificación, y que por lo tanto requieren incentivos económicos mayores.

Partiendo de la identificación de estos inconvenientes, la corrección y ampliación del programa Jóvenes construyendo el futuro, debiera contemplar evaluaciones más estrictas a las empresas y sujetos participantes. También se requiere tomar en cuenta a aquellos profesionistas recién egresados de las universidades, para facilitarles del mismo modo su ingreso en el mercado laboral, en compañías altamente competitivas, nacionales y extranjeras, y en estos casos tomar criterios de calidad académica como condición para obtener dichos beneficios.

Por su parte, en lo que se refiere a la pensión universal para adultos mayores, lo ideal sería que las medidas de ajuste debieran considerar otras necesidades de la población envejecida, para que el apoyo no quede solamente en transferencias monetarias limitadas.

Siendo que la tendencia demográfica en el país se dirige al envejecimiento poblacional, la política de gobierno debe contemplar una reforma profunda al sistema de salud con el objetivo de enfocar la atención médica y preventiva hacia los padecimientos propios de las personas en edad avanzada.

La infraestructura urbana también debe ser reimaginada, disponiendo espacios para la movilidad y la recreación de adultos mayores. Las ciudades mexicanas crecieron con una lógica enfocada en el automóvil, el comercio y la vida rápida en general. De nada servirán las pensiones universales, si el destino de la vejez es el encierro. La visión debe ser la de una vida plena para los años de retiro.

Ya por último, el reto en la atención de personas con discapacidad pasa por la integración social y laboral. Para lograrlo habrá que hacer todos los esfuerzos para sensibilizar a la ciudadanía, con la intención de cambiar el imaginario que hasta el momento se tiene de las personas que enfrentan una restricción física o mental.

En este caso se necesitarán al menos tres programas específicos. Uno para atender a niños, cuyas necesidades son más de integración en ámbitos educativos; otro para adultos discapacitados pero que pueden realizar tareas productivas; y otro más para apoyar a familiares que están a cargo del cuidado de personas con discapacidad.

Quedan pendientes de incluir otros segmentos vulnerables que este gobierno no supo atender. Ese es el caso de la situación que experimentan las madres solteras, los jornaleros agrícolas que deambulan con sus familias, las víctimas de la violencia, los desplazados y los migrantes internacionales que deciden radicar en nuestro país.

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Así mismo se requieren poner candados al uso político de los apoyos sociales. Este gobierno utilizó los programas públicos para crear clientela. Eso ya no puede ocurrir, habrá que legislar para endurecer las penas aquellos funcionarios que condicionan o lucran con el otorgamiento de beneficios que por derecho le corresponde a la ciudadanía.