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Recortes en educación: hipotecar el futuro

La defensa del presupuesto 2021 en educación debe ser la causa que nos convoque a todos los grupos sociales, la confluencia de las convicciones cívicas, la convergencia de los diversos en un proyecto de país no sólo en lo retórico, sino en la realidad irrefutable de pesos y centavos.

Por Gustavo Rojas

La semana pasada se presentó ante la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el año 2021. Aunque el paquete para educación básica sólo se redujo en 3% en términos reales (de 51,380 mdp a 49,739 mdp) los recortes a programas claves, tales como Escuelas de Tiempo Completo o el Programa de Desarrollo Profesional Docente, generan un escenario aún más preocupante que el que la pandemia ya había configurado. Recortar el presupuesto educativo hoy, sobre todo en programas fundamentales para una mayor equidad y un mayor aprendizaje, puede tener efectos negativos sobre las vidas de los estudiantes y en la prosperidad del estado que pueden extenderse por décadas.

En Sinaloa, los recortes presupuestarios tendrán efectos inmediatos importantes. Por ejemplo, con la desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) alrededor de 128,133 niñas y niños dejarán de tener acceso a una jornada escolar completa de entre seis y ocho horas (el mínimo es 4.5 horas diarias) y también a alimentación y a talleres extracurriculares. Por su parte, 5,656 docentes frente a grupo dejarán de percibir los beneficios salariales de una jornada escolar extendida y tendrán menos tiempo para avanzar en los aprendizajes de sus alumnos. Durante el ciclo escolar 2019-2020, el PETC le dio cobertura en Sinaloa a un total de 1,036 escuelas, es decir a un 17.3% de los planteles de educación básica del estado.

Al eliminar programas que son esenciales para garantizar el acceso, el aprendizaje y la participación en la escuela de niñas, niños y jóvenes, y al no destinar un solo peso a labores de recuperación, nivelación y reforzamiento del aprendizaje afectado por la pandemia, el PPEF 2021 es un duro golpe para la generación joven, pues se le falla en la garantía del derecho a la educación cuando más lo necesitan. Y también, se trata de una arriesgada apuesta contra la prosperidad económica y el futuro del país, y por supuesto, del estado.

De acuerdo con recientes reportes de instituciones como el Banco Mundial (BM) y la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), no mitigar los efectos de la crisis educativa generada por la pandemia de COVID-19 puede impactar negativamente los niveles de aprendizaje de los alumnos. La premisa es sencilla, cuando niñas y niños no están en la escuela, no todos pueden aprender lo mismo y algunos, de hecho, pueden hasta perder aprendizajes previamente alcanzados. En países de bajo ingreso, esto puede llegar a traducirse en perder hasta un año de aprendizaje si el cierre de escuela dura cinco meses, aumentando la estimación si dicha situación se prolonga.

¿Por qué debería preocuparnos esta pérdida? De acuerdo con distintas publicaciones en estudios de economía de la educación, aumentar en un año el nivel de escolaridad de una persona puede llegar a generar un crecimiento de entre 7.5 y 10% de su ingreso total en la vida. Así, según sostienen Hanushek y Woessmann (2020, OCDE, “El impacto económico de la pérdida de aprendizaje”), perder un tercio del año escolar (lo que ya sucedió durante el último trimestre del ciclo 2019-2020) puede acarrear una reducción promedio de un 2.6% del ingreso futuro de una persona.

Esta situación, a nivel individual puede parecer no demasiado grave, pero cuando se considera esto como en una escala nacional, la caída en la expectativa de ingreso futuro de cada persona se traduce en una posible caída de 1.5% en el Producto Interno Bruto del país. Y también, debido a la reducción en el nivel de capacidades del capital humano disponible, esa pérdida se proyecta como una constante por el resto del siglo.

Es momento de señalar claramente que, tanto por su naturaleza de Derecho Humano, como por su valor estratégico para el mejoramiento de las oportunidades de desarrollo integral para cada persona y por su relevancia para la prosperidad económica y social de Sinaloa y de México, el PPEF 2021 no puede ser aprobado con estas reducciones y cancelaciones de programas educativos de tanta importancia.

La defensa del presupuesto 2021 en educación debe ser la causa que nos convoque a todos los grupos sociales, la confluencia de las convicciones cívicas, la convergencia de los diversos en un proyecto de país no sólo en lo retórico, sino en la realidad irrefutable de pesos y centavos. No dejar a nadie atrás sólo será una realidad cuando se ponga como primera prioridad a nuestras escuelas, a los educadores y, por supuesto, a las niñas y niños en Sinaloa y México.

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