Rocha, clave en la evolución de la 4T

La aprobación de la estrategia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya al presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr un precio justo en la comercialización de la cosecha de maíz sugiere la posibilidad de un cambio importante en la perspectiva inicial de la 4T y una revisión de la relación con los productores agrícolas como aliados potenciales de la transformación del país.

En esa coyuntura, el gobernador Rubén Rocha ha jugado un papel importante, no solo como puente en la construcción de una mejor relación de los agricultores con el gobierno federal, en la atención de un problema específico, sino en la construcción de un esquema de comunicación y diálogo con los sectores productivos, como un ejercicio de participación democrática, que puede ser referente en la evolución de la 4T hacia la transformación social más allá de los meros actos de autoridad que le son inherentes al gobierno.

Si bien hay entre los productores agrícolas un importante número de opositores políticos al gobierno de AMLO, especialmente de los grandes productores, que habían hecho causa común en la crítica a una política de exclusión de la 4T al sector agrícola, la comunicación gobierno-productores encabezada por el gobernador Rocha — establecida para diseñar una estrategia de comercialización de la cosecha de maíz— abre la posibilidad de que construir una nueva relación de alianza y beneficios, particularmente,  para los pequeños productores, modificando la delimitación inicial de privilegiar la atención sólo a los más pobres.

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Es decir, aunque los ejidatarios y los pequeños agricultores no se consideran entre los más pobres del país, como la agricultura de superviviencia del centro y sureste del país, si requieren apoyos para producir, créditos baratos, facilidades para la adquisición de insumos, organización y adecuados sistemas de comercialización que no los deje a expensas de la voracidad de los grandes compradores y especuladores.

Una de las más importantes críticas válidas a la 4T –enfocada en atender “primero a los pobres”—, expresadas desde el inicio del sexenio, había sido el descuido del sector agropecuario, que no se consideraba entre los más pobres, especialmente el del norte del país, sin embargo, la demanda de los productores agrícolas no era de ayuda monetaria directa por superficie –como el Procampo iniciado en 1993, como compensación ante la apertura comercial derivada del TLC—, sino de créditos más accesibles y un mejor sistema de comercialización de cosechas con precios justos.

A cuatro años y medio del gobierno de la 4T, la perspectiva del presidente parece haber evolucionado para incorporar también a los productores agrícolas al proyecto transformador a partir de reconsiderar el valor político y estratégico de la producción de alimentos y especialmente de precisar que la mayor cantidad de producción de alimentos la generan los campesinos y pequeños productores, quienes no representan un gasto, puesto que no piden ayuda directa, sino una mejor y más justa política agropecuaria.

La respuesta contundente del presidente López Obrador a las propuestas presentadas por el gobernador Rocha sugiere no sólo una respuesta positiva para los productores de Sinaloa, sino una estrategia nacional de apoyo a los agricultores frente a los grandes compradores que han controlado los precios del mercado de granos con referentes del mercado internacional. 

El cambio es sustancial.

No al subsidio personalizado por superficie –que otorgaba un apoyo económico directo por hectárea de tierra—, sino un sistema de comercialización que garantice un precio justo para los productores a partir de ajustar a los grandes compradores.

EL ESQUEMA DE SINALOA

“Vamos a seguir el esquema de Sinaloa”, habría dicho el presidente al determinar un precio de garantía de 6 mil 965 pesos por tonelada, la cancelación de las importaciones de maíz, la imposición de un arancel de 4 mil pesos por tonelada para quien insista en importar y la compra del gobierno federal de millón de toneladas a los productores de hasta 10 hectáreas (13 mil 354, que aportan la mitad de la producción total), así como de la participación del Gobierno del Estado para comprar otras 500 mil toneladas y Segalmex otras 300 mil.

Se trata, con ello, de sacar esa producción del mercado –sólo surtir a las tiendas Diconsa— para evitar que los grandes compradores fijen un precio más bajo, de tal forma que si quieren comprarles a los ejidatarios lo hagan al precio de garantía fijado de 6 mil 965 pesos y si lo quieren importar más barato, tengan que pagar un arancel de 4 mil pesos por tonelada.

Se trata de que sea el productor el que ponga el precio de su producto, no los grandes compradores.

Maseca compra 1.4 millones de toneladas, Minsa de 300 a 400 mil toneladas, Cargil un millón y Nixtamaleros otro millón de toneladas, lo que les permitía negociar precios más bajos a las cosechas reduciendo el margen de ganancia de los productores.

De esta forma, los grandes compradores tendrán que comprar a 6 mil 965 pesos por tonelada a los pequeños productores o negociar el precio con los grandes productores, que producen, por su parte, entre 1.4 y 1.8 millones de toneladas. 

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NI ESTATIZAR, SOLO EQUILIBRAR EL MERCADO

El gobernador Rocha Moya, quien ha sido el artífice de esta estrategia considera que este esquema debe ser permanente y que al gobierno le interesa la defensa de la gran cantidad de productores, y comentó que el presidente le expresó en su más reciente reunión que “vamos a competir con los grandes productores. No les vamos a pedir favores”, y que el gobierno tiene la capacidad para comprar toda la producción de maíz y trigo que significaría cerca de 30 mil millones de pesos, pero que no es la intención estatizar, sino activar mecanismos de mercado que garanticen precios justos a los pequeños productores, pues, a diferencia de los productores de supervivencia, a éstos les interesan más los apoyos para producir y comercializar, que los apoyos monetarios directos por hectárea.

En este caso, el promedio de la cosecha de maíz es de 11 toneladas por hectárea –110 toneladas para los productores de 10 hectáreas— lo que, a razón de 6 mil 965 pesos por tonelada, equivale a unos 766 mil pesos, en promedio, para cada productor y con la certeza de venta al momento de la cosecha.

LA AGRICULTURA, UN TRATO PARTICULAR

La revisión del trato y la relación de los gobiernos con los pequeños productores agrícolas es fundamental para concretar las grandes transformaciones, tanto por su papel estratégico en la producción de alimentos como por las particularidades de su proceso, ya que éste no se puede sujetar a reglas burocráticas genéricas, pues implica un proceso creativo de múltiples variables entre las que destaca no sólo el terreno y el clima, sino el oficio, el esfuerzo personal y creativo, sin horarios, motivado por la esperanza de una buena cosecha.

El estímulo más importante que tienen los productores para producir es la esperanza de obtener una buena cosecha y, por tanto, una buena ganancia. 

No entender este proceso productivo, lleva al fracaso de la agricultura y no integrar a los productores agrícolas a las grandes transformaciones se convierte a mediano y largo plazo de un obstáculo de los proyectos de cambio.

El gran fracaso de la política agrícola de la URSS se debió precisamente a ese error cometido por el gobierno soviético con los kulaks (pequeños agricultores y campesinos), que fueron perseguidos por considerárseles burgueses capitalistas. La agricultura quedó en manos de los koljós (cooperativas de producción agrícola, a las que se les imponía una cuota de producción muy alta que debían entregar al Estado) y los sovjós (granjas estatales de producción agrícola, trabajadas por empleados estatales, instaladas en tierras confiscadas). La producción decayó drásticamente y los modelos productivos no sólo fracasaron en su intento por competir en el mercado internacional, sino que la enorme baja en la producción de alimentos provocó hambruna, en tanto que los kulaks se convirtieron en un serio problema político para la URSS hasta su desintegración.

Por ello resulta interesante la postura el presidente López Obrador, que aclara que no pretende estatizar la comercialización agrícola, sino buscar un equilibrio del mercado para proteger a los pequeños productores de alimentos de la voracidad de los grandes compradores, para que sigan produciendo y obteniendo los beneficios del fruto de su trabajo. Es decir, no va contra los grandes productores y compradores de las cosechas, cuya función también es muy necesaria y ellos también merecen obtener ganancias por su trabajo, sino contra los abusos –amparados en las reglas del mercado— contra los pequeños productores, que aportan algo así como la mitad de la producción nacional de alimentos y que son igualmente importantes y merecen obtener ingresos dignos por su trabajo.

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Este podría ser el primer paso de la evolución de la 4T hacia la inclusión de nuevos beneficiarios al proceso y la construcción de nuevas alianzas, más allá de la ayuda a los sectores más desprotegidos, como en su tiempo se fue necesario un pacto entre la burguesía naciente y los sectores más desprotegidos al triunfo de la revolución mexicana, para que los beneficios de ésta pudieran llegar a ambos.