Reflexiones

Fidel Ibarra López

Si migran niños de escuelas privadas a públicas, ¿qué hará el gobierno federal para garantizar la cobertura?

¿Cuántos niños de educación básica que hasta antes de esta pandemia estaban estudiando en un colegio particular van a pasar a una escuela pública producto de la crisis económica que está dejando a su paso esta contingencia sanitaria?

Algunas voces hablan de 800 mil niños, como el caso del Presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García Camarena (Excelsior, 15 de junio del 2020). La cifra es una cifra absoluta, y no está desagregada por nivel educativo (preescolar, primaria o secundaria). Las cifras del ciclo escolar 2016-2017, indicaban que en México se tenían poco más de 2.6 millones de alumnos estudiando en colegios privados. Lo cual representa el 11.2% del número de alumnos de las escuelas públicas, el cual asciende a poco más de los 23 millones de alumnos. (INEE, 2018; p. 8).

Si hablamos de una cifra de 800 mil niños, estamos hablando entonces de un tercio en promedio de los niños que estudian en colegios privados. No es un porcentaje menor. Y lo afirmo no sólo en términos económicos para los colegios privados, sino fundamentalmente como problema público para el gobierno federal, porque un volumen de ese tamaño significa un problema de cobertura. No hay suficiente infraestructura educativa en el sistema público para darle espacio a ese número de alumnos. En ese sentido, la pregunta obligada es, ¿qué va a hacer el gobierno federal para garantizar la cobertura?

Hasta el momento el tema no parece que esté en la agenda del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. La preocupación estriba -si nos remitimos al discurso que se expone en los medios de comunicación-, en cómo iniciar el próximo ciclo escolar con la “nueva normalidad”; esto es, con ese marco de medidas que se están proponiendo para el retorno a clases en el próximo ciclo escolar -número de alumnos por salón de clases, medidas sanitarias en los centros escolares-. Pero a estas alturas, ese pareciera el menor de los problemas.

De aquí al inicio del próximo ciclo escolar, se tienen otras interrogantes que hasta el momento no tienen respuesta: si inicia el ciclo escolar con educación a distancia, ¿iniciará con el mismo programa de “Aprende en casa”? Y si esto es así, ¿para cuándo se realizará la formación y capacitación de los docentes en cuanto a las competencias digitales? ¿Cómo enfrentar el grave problema de desigualdad en el que se encuentran cientos -si no es que miles- de niños en cuanto al acceso a las tecnologías[1]? Y a estas dos preguntas, se suma la interrogante que integramos en este texto, sobre la cual profundizaremos en las siguientes líneas.

Desde nuestra perspectiva, el tema es grave. Y requiere la atención tanto del gobierno federal como de las entidades federativas, porque el problema no se circunscribe a salones y butacas, sino con la calidad de la infraestructura educativa.

De acuerdo con el INEE (2018), el 70.1% de las escuelas públicas de nivel de primaria general carecen de aulas de cómputo; y en secundaria general, el porcentaje es de 45.5%. Asimismo, de acuerdo con la extinta institución, el 51.5% de las escuelas primarias generales públicas tienen fisuras o cuarteaduras graves en techo, muros o pisos. Y el 52.4% presenta goteras o filtraciones de agua. Y para el caso de secundaria general, los porcentajes son del 40.3% y 44.6% respectivamente.

En un plano comparativo con las escuelas privadas, siguiendo al INEE (2018), el porcentaje de escuelas en el nivel de primaria con acceso al menos a una computadora para su uso educativo, en el sistema público general es de 43.6% y en el sistema privado de 85.0%. En lo referente a nivel de secundaria (general), el porcentaje es de 78.5% y en el privado de 92.6%. Y en cuanto al acceso a internet, el 46.5% de las escuelas públicas de nivel primaria (general) no tienen internet; y en secundaria, el porcentaje es del 12.7%. En correspondencia, en las escuelas privadas los porcentajes son 3.6% y 0% respectivamente.[2]

Agrego un elemento adicional: en educación primaria (general), el 17.2% de las escuelas presentan carencias de mesabancos para alumnos. Y el 62.3% de los muebles para sentarse (sic) requieren reparaciones; así como el 59.1% de los muebles para apoyarse al escribir (sic) requieren reparaciones. En el caso de secundaria (general) los porcentajes son del 18.9%; 67.9% y 64.1% respectivamente. (INEE, 2018; p. 145).

Estas cifras permiten configurar un acercamiento al problema: no hay condiciones (reales) para que el gobierno federal pueda solventar la demanda que se podría generar en el sistema público por motivo de la crisis económica que se ha generado con esta pandemia del Covid-19. Así, formulamos nuevamente la pregunta: ¿qué hacer?

Me parece que el gobierno federal debe generar un acercamiento con las instituciones privadas a fin de encontrar puntos de acuerdo. Y lo digo en esos términos, porque no hay condiciones para una salida fácil como incrementar el número de becas por escuela. Las instituciones privadas están cercadas económicamente hablando. En todo caso, esa vía de las becas debe explorarse, pero por parte del gobierno federal.

Por otra parte, esa vía de las becas es una posibilidad, pero podría haber otras más. Y eso solamente se sabrá si las partes se acercan y dialogan el problema. Y un factor fundamental para que eso tenga lugar, es que el gobierno federal conciba este asunto como un problema de orden público y no solamente como un problema de las escuelas particulares. El gobierno federal no puede solventar la demanda sin el auxilio de educación privada. Se podrá argumentar cualquier consideración en contra -por ejemplo, una consideración ideológica-, pero la realidad es así. Y bajo esas condiciones, ha llegado la hora de que se sienten a dialogar con los empresarios privados. La complejidad de la problemática así lo demanda.

Dicho con otras palabras, así como se llegó a un acuerdo con los hospitales privados para enfrentar el Covid-19, ahora es necesario llegar a un acuerdo con los colegios privados.

La realidad obliga.

Bibliografía consultada:

INEE; (2018), La educación obligatoria en México. Informe 2018.

INEE; (2018), Principales cifras. Educación básica y media superior. Inicio del ciclo escolar 2016-2017.


[1] De acuerdo al Censo Poblacional del 2010, se tienen 139 mil 158 localidades con menos de 100 habitantes; y 34 mil 253 localidades de 100 a 499 habitantes. En estos rubros se presenta de forma más aguda el acceso a las tecnologías en las escuelas rurales.

[2] Si se revisan el caso de las escuelas primarias públicas indígenas y comunitarias, la situación en materia de infraestructura se agrava todavía más. Lo mismo ocurre en el caso de las Telesecundarias y la secundaria comunitarias.

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