Por Sibely Cañedo
A un año de la gestión del gobernador morenista Rubén Rocha Moya, las señales no son positivas para la sociedad civil urgida de justicia en los casos de desfalco al erario y de un genuino combate a la corrupción.
Contrario al cambio prometido, lo que se ven son retrocesos, prevalencia de las viejas inercias y hasta nuevas formas de cinismo y control político, muy lejos de los principios democráticos fundamentados en la separación de poderes y en las instituciones autónomas.
Lo más triste es que se puede afirmar que en Sinaloa, la corrupción no se castiga, sino que hasta se premia.
Al inicio del actual gobierno, Iniciativa Sinaloa entregó al actual gobierno una Agenda Mínima Anticorrupción (AMA), como propuesta ciudadana para trabajar en nuevos esquemas de transparencia y rendición de cuentas:
- Desde el Sistema Estatal Anticorrupción
- Desde las contrataciones públicas
- Desde la comunicación social y publicidad oficial
- Desde Gobierno Abierto
Entre otras recomendaciones, se hizo el exhorto a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) a dar celeridad a las investigaciones por presuntas faltas administrativas o casos de corrupción durante el gobierno del mazatleco Quirino Ordaz Coppel (2017-2021), hoy embajador de México en España.
Actualmente, Iniciativa Sinaloa mantiene tres denuncias formales por faltas administrativas graves asociadas a corrupción ante la STRC y una ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE). Pero hasta el momento no se ha notificado avances.
Estas se presentaron por la contratación de empresas fantasma; por posibles actos de corrupción en la adjudicación de contratos por los Servicios de Salud de Sinaloa; y por irregularidades en la ejecución de obras por parte de la empresa de Gobierno, Preecasin.
De esta última, se presentó además un juicio de amparo por la inacción de la STRC en las investigaciones.
También se recomendó abrir los nuevos expedientes que fueran necesarios.
Sin embargo, lo que se encontró en el balance de la AMA es que de 23 expedientes solo uno está asociado a este tipo de delitos, y es el que se abrió a cuatro celadores del penal de Aguaruto tras una fuga de reos en 2019.
No se conoce otro caso de sanciones aplicadas a funcionarios o carpetas de investigación iniciadas desde el Gobierno de Sinaloa, según Listado de Servidores Públicos Sancionados, actualizado hasta 2021.
El 13 de diciembre de 2021, a los pocos días de rendir protesta al frente del Gobierno del Estado, Rubén Rocha Moya denunció públicamente que su antecesor, Quirino Ordaz, pagó 109 millones de pesos por el costo de 13 obras a 11 empresas, obras que hasta ese momento se encontraban sin terminar.
Casi un año después, no solo no se interpuso una denuncia formal, sino que al menos una de esas empresas ha vuelto a ser contratada en tres ocasiones más, según la consulta realizada a documentos de Compranet hasta 25 de septiembre.
La justicia al revés
No solo no se ve la voluntad de investigar la corrupción, sino que durante la gestión de Rubén Rocha Moya se “cayeron” dos casos que en tiempos de Ordaz Coppel se consideraron ejemplares.
Se trata de los procesos contra José Luis Sevilla Suárez Peredo, secretario de Obras Públicas con Mario López Valdez (2011-2016), y de la directora administrativa de Servicios de Salud de Sinaloa en el mismo periodo, María Alejandra Gil Álvarez.
Ambos habían resultado sancionados, pero en este año –ante una mala defensa– han ganado amparos en tribunales y se encuentran absueltos, sin que el erario haya recuperado un peso de los desfalcos millonarios que se les imputaron.
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Por si fuera poco, un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad y la asociación civil Tojil arrojó que la de Sinaloa es una de las peores de las 32 fiscalías anticorrupción del país, con 0% de investigaciones judicializadas en 2022.
Siendo este proceso el del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y seis de sus colaboradores, un caso sumamente politizado y mediático, que nos da idea del déficit de autonomía de las instituciones en Sinaloa.
De hecho, esta falta de autonomía se halla entre las causas del deficiente desempeño de las fiscalías anticorrupción no solo en nuestro estado, sino en muchos otros del país, junto con la falta de recursos humanos y el exceso de expedientes por cada investigador.
Si bien es cierto que en un año no se van a resolver del todo los problemas que aquejan a Sinaloa, sí es un tiempo suficiente para trazar el rumbo, iniciar programas o proyectos que nos den algo de certidumbre de la voluntad de un verdadero cambio.
Hasta la fecha no existe un plan público del Gobierno del Estado para combatir o controlar la corrupción, salvo la Política Estatal Anticorrupción, que se elaboró en el sexenio pasado y en el actual ha caído en el olvido, como tampoco se ha avanzado en otros rubros como la transparencia en publicidad oficial o la continuidad de Gobierno Abierto.
Premiando la corrupción
Pero hablando de señales, lo más grave son los mensajes políticos enviados por el gobernador Rubén Rocha Moya, al intervenir de forma perniciosa en los procesos de justicia en casos de corrupción.
Así sucedió con la integración al gabinete de Luis Guillermo Benítez Torres, ex alcalde de Mazatlán, quien por invitación del propio Rocha ha sido nombrado Secretario de Turismo, luego de que el Congreso del Estado dio a conocer que estaban todos los elementos puestos para iniciar un juicio político y penal contra este personaje, por la adjudicación directa por 400.8 millones de pesos a la empresa Azteca Lighting, sin ninguna justificación y a todas luces en la ilegalidad.
No hay que olvidar que la rescisión del contrato, obligada con justa razón tras la presión social, ha costado a las arcas del Ayuntamiento el pago que se adelantó por 60 millones de pesos a dicha empresa, los cuales no han sido restablecidos aun sin colocar una sola lámpara.
Con el pretexto de la “gobernabilidad”, el Químico fue premiado con una Secretaría, con lo que el gobernador manda un pésimo mensaje de impunidad y protección a quienes violan la ley y cometen perjuicios contras las arcas públicas.
No conforme con esto, y a pesar del encono social provocado por esta acción en el puerto, Rocha insiste en defender su postura y ni siquiera lo ha ocultado a los medios de comunicación: “no me importa el costo político, me importa tener a Mazatlán tranquilo”. Eso sí. dice que el proceso legal va a continuar en contra del funcionario que sea, pero con todo esto qué garantías podemos tener la ciudadanía de un juicio imparcial y profesional.
Por lo pronto, la Fiscalía ya citó a declarar a seis funcionarios municipales de Mazatlán, pero entre los citados no está el tan vilipendiado químico Benítez.
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Obligada es la pregunta de cuáles son los verdaderos motivos para proteger con esa fuerza a un político de menor rango que tanto ha dañado la imagen de Morena, y que representa un lastre para la actual administración y ahora una pesada losa para el mandatario estatal.
Todo tipo de versiones han trascendido sobre que esta “carga” política ha sido impuesta a Rocha desde los altos niveles de Gobierno Federal. Una total contradicción con los principios de la Cuarta Transformación, repetidos como un mantra en el discurso, pero ausentes en los hechos.
¿Qué se puede esperar desde la sociedad civil que se ha esforzado por combatir la corrupción y ha interpuesto denuncias con la esperanza de inhibir este tipo de actos?
El panorama es desolador. Y solo ha pasado un año. En teoría, todavía hay tiempo de recomponer el camino, ya las señales nos lo dejarán saber…
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