UAS: cincuenta años de un abril (casi) olvidado

Con motivo del cumplimiento de los cincuenta años del asesinato de los jóvenes universitarios sinaloenses María Isabel Landeros y Juan de Dios Castillo, un 7 de abril de 1972, así como de la promulgación de la nueva ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa que consagraba el cogobierno paritario y el autogobierno en la conducción de la vida institucional, un 10 de abril del mismo año, Espejo ofrece a sus lectores la reseña y las consideraciones de aquellos hechos contenida en el libro Izquierda y universidad: un discurso rampante (1966-1985) de Ronaldo González Valdés, colaborador de esta casa editorial, académico de la facultad de Historia de la UAS y estudioso de la historia y la sociedad regional. El 10 de abril es una fecha que prácticamente ha caído en el olvido en la memoria universitaria sinaloense, el significado de aquella lucha y de aquel ordenamiento legal, sin embargo, tiene gran pertinencia en el presente de nuestra Alma Mater.

A Arturo Guevara Niebla, dirigente universitario de aquellos tiempos. In memoriam.

Inicia una nueva década, después de no pocos avatares mundiales, nacionales y regionales, el movimiento universitario sinaloense ha pasado de la etapa de reforma a su fase antiautoritaria. Doce días antes de que el Lic. Monjaraz Buelna terminara su gestión, el 12 de febrero de 1970, se expide el decreto que estableció una nueva Ley Orgánica para la UAS; el flamante ordenamiento, no obstante, mantenía la existencia de la Junta de Gobierno y limitaba las facultades de los consejos técnicos y del Consejo Universitario a la administración, la consulta y la asesoría, en tanto que las atribuciones otorgadas al rector -sobre todo las de carácter ejecutivo- se ampliaban. Por otro lado, como candidatos para suceder a Monjaraz se mencionaban los nombres del Lic. Rafael Armando Guerra Miguel (Presidente de la Sociedad de Profesores y Director de la Escuela de Derecho), del Lic. José Luis Ceceña Cervantes (Director de la Escuela de Economía e impulsor del marxismo en la UAS), del Lic. Raúl Valenzuela Lugo (miembro de la primera Junta de Gobierno) y, por último, del Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón (Doctor en Derecho, once años maestro de la UAS, profesor de la UNAM y radicado en el DF). Semanas atrás, la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa (FEUS) había llamado a condicionar el cambio rectoral al cumplimiento de tres puntos: 1) aprobación del proyecto de Ley Orgánica propuesto por los universitarios en 1969; 2) derogación del sistema becario en litigio desde un año atrás; y, en consonancia con lo primero, 3) nombramiento del Rector con la participación directa de la comunidad universitaria. Tales condiciones fueron aceptadas por Ceceña Cervantes y García Salcido; su aceptación, pese a todo, resultó infructuosa. La Junta de Gobierno no consideró en absoluto las propuestas de los estudiantes: el 22 de febrero se conoció la noticia oficial del nombramiento de Gonzalo Armienta como rector.

LA IMPOSICIÓN DE ARMIENTA CALDERÓN

Armienta era, desde antes, un sujeto controvertido; al decir de Bernardo Méndez Lugo, el nuevo Rector representaba “a un grupo de la burocracia federal que había tenido conflictos con el grupo político regional desde la sucesión del gobierno estatal en 1962 cuando Leopoldo Sánchez Celis derrotó a Antonio Toledo Corro, que también aspiraba a la gubernatura, y Armienta era su colaborador y partidario.”

Estos antecedentes explican, en cierta medida, la actitud del Gobierno del Estado en relación con la conflictiva universitaria próxima; pero también permiten entender el malestar que dicha designación provocó entre los sectores liberales y de izquierda en la Universidad. Armienta fue visto, por la parte liberal, como un desarraigado, como una impostura más del centro hacia la región; la izquierda, por su lado, asumió el hecho como una ratificación de sus tesis acerca del carácter autoritario del Estado mexicano: el recuerdo del 68 estaba todavía fresco. Las consecuencias de esta nominación eran, pues, de esperarse.

El 25 de febrero los estudiantes toman el edificio central de la Universidad; ese mismo día, Monjaraz Buelna, en reunión del Consejo Universitario, decide dejar como encargado de rectoría al Lic. Benjamín Gaxiola Cota, hasta entonces Jefe de Servicios Escolares. Por la tarde, en medio de una manifestación de descontento, Armienta entra en funciones con la presencia de apenas siete consejeros en el local del Centro de Estudios de Idiomas de la Universidad, ubicado frente al de la Policía Judicial del Estado. La casa rosalina es tomada y recuperada alternadamente por los estudiantes y la fuerza pública, hasta que, a fines de marzo, ante la amenaza de intervención del ejército, el edificio es entregado a la corriente armientista. Ya para estos días hay dirigentes estudiantiles consignados y algunos maestros despedidos por órdenes del Rector, entre estos últimos: José Luis Ceceña Cervantes, Fausto Burgueño Lomelí y Silvia Millán Echegaray de Economía; Arturo Moyers, Director del Taller de Artes Plásticas; y Jorge Medina Viedas, profesor de Derecho y Contabilidad y Director del Bufete Jurídico Estudiantil. Se llega, aún más, al grado de declarar indeseables políticos, como en el caso de Antonio Pacheco, dirigente universitario y del Frente de Defensa Popular, quien sin mediar razón jurídica de índole alguna es expulsado del estado.

El discurso contestatario de la izquierda encuentra terreno fértil en este ambiente hostil y represivo; así, por invitación de la FEUS, los recién excarcelados líderes ferrocarrileros Valentín Campos y Demetrio Vallejo dictan sendas conferencias en septiembre de 1970. Mientras tanto, entre los profesores y la planta administrativa campeaban la indecisión y el desconcierto a la hora de tomar partido. Futuros personajes de la política universitaria se vieron involucrados, muy a pesar de lo que después hubieran deseado, en este tipo de situaciones: “Es necesario decirlo: Arturo Campos Román, secretario de la facultad de Derecho, el Lic. Raymundo Ríos Astorga, jefe de Planeación Universitaria, le hicieron el juego al armientismo. Y también, claro, hay que decir que aún con esta mancha, esta fue gente que se fue metiendo, metiendo, hasta que contaron con una participación buena dentro del movimiento antiarmientista.”

Frente a la determinación mostrada por las autoridades -todavía hasta esta etapa- para sostener a Armienta Calderón, se abre un impasse de casi un año en el movimiento. La Escuela de Economía, otra vez, se encargaría de reavivar los ánimos estudiantiles cuando, en marzo de 1971, estalla la huelga por la imposición de Fernando Urdanivia Coria (economista del Instituto Autónomo de México) en contra de la voluntad de los estudiantes que simpatizaban casi unánimemente con la candidatura del Lic. Manuel Inzunza Sainz. La recurrencia en los métodos para acabar con toda controversia se vuelve a hacer evidente: de nueva cuenta se decretan expulsiones en masa.

De aquí en adelante el trajín estudiantil no parará hasta no ver a Armienta fuera de la UAS.

LA CONSOLIDACIÓN DEL ANTIAUTORITARISMO

A estas muestras internas de autoritarismo se sumaban las sufridas por el movimiento capitalino; en esta circunstancia la masacre del 10 de junio en el DF vino a acentuar el ya de por sí elevado sentimiento antiautoritario prevaleciente entre los universitarios. El día pintaba dos colores: la denuncia del régimen echeverrista a nivel nacional se traducía en la denuncia del armientismo en la Universidad. No debe extrañar, por lo mismo, la postura de los estudiantes en ocasión de la visita del ministro de la Secretaría de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja, el 8 de octubre, quien venía a anunciar el aumento de subsidio para la UAS; en un documento leído en su presencia antes de inggresar al recinto universitario, la FEUS hizo saber a Bravo Ahuja su repudio al gobierno y a las autoridades universitarias. Como consecuencia de estos hechos, el aumento fue retenido. Las represalias eran previsibles: hay, para variar, más expulsados, se retira el subsidio a la única casa del estudiante existente entonces y, el día 11 del mismo mes, el Ing. Jorge Vera Graciano, Director de la Escuela de Agricultura, es cesado al negarse a firmar un escrito en el cual se condenaban las acciones estudiantiles.

Todo esto ilustra lo que, con lo ya reseñado, se antoja como un irrebatible dato: las torpezas políticas del rector Armienta Calderón.

Pero no se trató sólo de eso; en realidad, las iniciativas lanzadas por la administración universitaria fueron siempre rechazadas en seco por la dirección de la FEUS. Citemos solamente un caso. Meses atrás, en agosto, el Consejo Universitario oficial había aprobado su propuesta de reforma educativa consistente, en lo fundamental, en el diseño de salidas laterales tanto en el nivel medio superior como en el profesional. La opinión de la dirigencia del movimiento, en relación con esta reforma, se quedaba en el mero rechazo: “Todo se centra -se decía- en las famosas ‘salidas laterales’. Estas las rechazamos porque es absurdo pretender crear desde la misma preparatoria o mitad de profesional técnicos con capacitación suficiente de tal modo que pueden encontrar ocupaciones que les reporten ingresos suficientes y además les permitan continuar sus estudios.”  

Este rechazo es, desde luego, explicable. No eran tiempos de conciliación; vista desde este ángulo, la lucha tenía un sesgo marcadamente político. La Universidad se había convertido en un campo de enfrentamiento, en el lugar en que se decidiría, por lo menos en Sinaloa, el destino inmediato de intereses ya prefigurados con alguna claridad. La corriente liberal, también fundadora de la nueva personalidad universitaria, había perdido la batalla. El objetivo, según lo siguen pensando ciertos sectores de la izquierda, era crear verdaderos contrapoderes políticos. Guerra de maniobras más que de posiciones. No cualquier estrategia era admisible, ni, quizá, concebible; la añeja suposición de que el poder se toma, desplazando uno para edificar otro sobre sus ruinas, cobraba renovado aliento. La discusión acerca de la naturaleza específica del centro educativo -de sus actividades intrínsecas y sus tareas sociales ya dadas- fue manifiestamente dejada de lado. A su vez, esto supuso el abandono de la idea -típicamente democrática- de que la sociedad está compuesta por actores con intereses estratégicos definidos a partir de su propia ubicación; los singulares modos de ser de los sujetos sociales, bajo estos presupuestos, quedaban al margen de toda consideración.

Como fuere, y para volver al ejemplo citado, este rechazo resulta paradójico desde otro punto de vista. En 1966, el pliego petitorio de la huelga estudiantil contra el rector Julio Ibarra Urrea contemplaba la exigencia de que se crearan opciones técnicas de duración media; ahora, a vuelta de cinco años, la cuestión no merecía ni discutirse siquiera: se rechazaba y ya. Lo contrario no era ni siquiera discutible. Aceptar la iniciativa en términos llanos hubiera representado, si se me permite la expresión, bogar en contra del ethos antiautoritario de la época.

Armienta, por lo demás, fue tan torpe como para no dar cabida a la aceptación condicionada o, cuando menos, al debate en torno a iniciativas de este género. Hagámoslo constar de cualquier modo: el principio político más elemental, el choque frontal de fuerzas, empezó a ocupar el horizonte todo de la protesta universitaria. Al mediano plazo, la izquierda se verá obligada a reconocer que la actualización de la labor educativa con respecto a las necesidades sociales constituye un punto ineludible de referencia para la instauración de la democracia y, más todavía, para el advenimiento de la modernidad social en todos sus aspectos.

Por aquellos años, se entiende, las apreciaciones eran distintas. En 1971, la Juventud Comunista de México (JCM), atrapada en esta polarización, negaba la virtualidad de toda reforma en la educación. De acuerdo con su diagnóstico, todo se reducía a maniobras gubernamentales, a la protección -más o menos velada, más o menos abierta- de intereses de clase, al impulso técnico de la producción en aras del desarrollo capitalista: “La maniobra (de Luis Echeverría Álvarez) -se apreciaba- consiste en presentar la reforma integral de la educación como respuesta satisfactoria a las necesidades, a las inquietudes, a las aspiraciones de los estudiantes. En medida de los intereses de la burguesía se darán mayores presupuestos y se construirán más aulas, laboratorios y talleres. Se aplicarán modificaciones a planes de estudios y proyectos de preparación de maestros (en los límites que aseguren bases para una mayor productividad del trabajo, o sea, de naturaleza puramente tecnicista), etc.”

El rechazo de toda política venida del gobierno en el diagnóstico nacional tenía su correlato en el rechazo de toda medida proveniente de la administración universitaria a nivel local. No había estrategia, el quehacer político se constreñía a la rasa contestación. En una orilla la izquierda, las clases desposeídas y el movimiento universitario, en otra el gobierno, la burguesía y sus representantes en la Universidad. O se formaba parte del orden dominante, del engranaje establecido, o se le impugnaba haciendo de la institución un espacio generador de crítica, de disidencia social y de solidaridad material con las causas populares.

Acaso esto explique, aunque sea parcialmente, la efervescencia vivida en el campo sinaloenses durante estas mismas fechas. De 1971 a 1972 se sucedieron movilizaciones campesinas en Alhuey, Campo Rebeca, Estación Bamoa, Chinitos, El Carrizo, Paredones, Recoveco, Tecomate, Montelargo, Las Flores y otras partes del estado. En todas ellas los universitarios fueron entusiastas promotores de la insurgencia campesina, participando junto a jornaleros, ejidatarios y grupos indígenas, invadiendo latifundios y demandando mejores condiciones de trabajo, dotaciones y restituciones efectivas de tierras. El crecimiento económico deformado, característico de la entidad, contribuía a fortalecer una percepción igualmente deformada del funcionamiento de la sociedad y de sus posibilidades de cambio; muchos estudiantes de origen rural estaban ligados a esta problemática. Súbitamente, la experiencia universitaria los dotaba de un conjunto de certezas apresuradas sobre las formas de la explotación y la dominación en el capitalismo dependiente. Este devendrá, luego, uno de los afluentes más impetuosos del izquierdismo en la UAS.

LA POLARIZACIÓN DE LAS POSTURAS

En este clima de gran actividad política, el movimiento inicia el recorrido del más definitorio trecho en su combate por la transformación de la Universidad.

El 15 de octubre, Armienta es citado por la FEUS a un debate público en la Plazuela Obregón de Culiacán -al que, tal y como se esperaba, no asistió-; al día siguiente es expulsado del edificio central con todos sus funcionarios.

Se realizan paros y asambleas desconociendo al rector y constituyendo de hecho los órganos de cogobierno en las escuelas. Los estudiantes se apropian de la imprenta y otros bienes universitarios reclamándose como sus legítimos poseedores. Teniendo encima estos acontecimientos, el armientismo se ve obligado a improvisar las oficinas de rectoría en el Centro de idiomas, creando, en diciembre, las que se conocieron como las “escuelitas” en distintos puntos de la ciudad (sólo pudo organizar tres: Contabilidad, Derecho y Economía). El 10 de diciembre, adelantándose al calendario normal, la FEUS llama a salir de vacaciones. Después de este respiro, los días 16 y 17 de enero de 1972, se efectúa en Culiacán el Encuentro Nacional de Estudiantes; en él se acordó llevar a cabo una jornada nacional de solidaridad con los universitarios de Sinaloa y se convocó, asimismo, al Foro Nacional de Estudiantes para el mes de abril. El 11 de febrero la UAS es tomada una vez más por asalto policíaco; nuevamente hay estudiantes encarcelados. Llegan a Culiacán, para atender el llamado de solidaridad con Sinaloa, dirigentes de la UNAM como Pablo Gómez, Eduardo Valle, Salvador Martínez della Roca y Gilberto Guevara Niebla; arriban, además, reporteros de las revistas Punto Crítico y Opinión, quienes denuncian la presencia de cuerpos paramilitares -“halcones”- en la ciudad.

La jornada encuentra eco en personalidades diversas de la intelectualidad nacional y extranjera: en febrero, Carlos Fuentes rechaza el premio Mazatlán de Literatura; a su paso por la UNAM, Ernest Mandel firma desplegados de apoyo al movimiento sinaloense; se promueven mitines en Ciudad Universitaria en el DF; Pablo González Casanova, siendo todavía Rector de la Universidad de México, condena la toma policíaca de la UAS. Toda esta presión dio lugar, el 19 de febrero, a la liberación de los estudiantes presos y al desalojo de la universidad.

Al parejo, se iniciaban pláticas con el Gobernador del Estado, Lic. Alfredo Valdez Montoya. El 7 de febrero, la FEUS entrega un informe pormenorizado de hechos al Ejecutivo estatal; se acusa a Armienta de derroche financiero y de despotismo político y académico. En el caso de los profesores y los empleados administrativos, una larga y variada lista de despedidos habla de la incapacidad del Rector para intentar la conciliación de intereses; desde decididos simpatizantes de la izquierda (José Luis Ceceña, Fausto Burgueño, Silvia Millán, Armida Campos Encines, Jesús Michel) y declarados militantes del PCM (Arturo Campos Román, Jorge Medina Viedas), pasando por gente sin definición partidaria o doctrinaria precisa (Jorge Vera Graciano, Martha Castro Cohn, Andrés Cañas Martínez), hasta prominentes miembros del Partido Acción Nacional (Rafael Morgan Ríos), todos, sin distinción de colores, fueron objeto de idéntico trato.

Conviene hacer aquí, para evitar tonos apodícticos, una pequeña digresión sobre un punto aún oscuro de esta historia. Se ha señalado antes, Armienta fue políticamente torpe; esto salta a la vista. De lo que no se tiene conocimiento exacto, más allá de las salidas laterales de las que ya se habló, es de su política propiamente universitaria. Se han hecho observaciones muy generales: “Armienta -se ha escrito- llegó con afanes modernizadores y nacionalistas respecto a la Universidad; pero la defensa que hizo de las posiciones oficialistas y gobernistas, alimentó el fuerte movimiento en contra de su designación.”

No hay, fuera de estas esquemáticas indicaciones, mayor información; tampoco conjeturas que hagan posible pensar lo que Armienta representaba -o hubiera representado- en términos institucionales para la UAS. Algunos documentos sueltos, pese a ello, permiten atisbar asuntos interesantes. En una carta dirigida a los universitarios, fechada el 14 de marzo de 1972, el Rector hacía referencia a temas que, con el tiempo, se destacarán como cuestiones de capital importancia: “Mi tesis -afirmaba- es que la Universidad de Sinaloa ha sido superada, rebasada por el pujante desarrollo que en los diversos aspectos de la producción económica y en la evolución política y social concomitante, ha experimentado Sinaloa en las últimas décadas (…). Lo importante -proseguía-, lo trascendente, es que la Universidad actualice su estructura para que pueda proyectar efectivamente sus actividades docentes, académicas, de investigación y de difusión cultural hacia la sociedad de la cual debe ser elemento progresivo de cambio.”

Las entrevistas con Valdez Montoya no prosperaron; al parecer, Armienta contaba aún con el respaldo del gobierno estatal. La FEUS, en esta situación, siguió obrando por su cuenta; otra iniciativa de Ley Orgánica para la UAS es mandada al Congreso del Estado el 2 de marzo. El 11 de ese mes, en una concentración frente al edificio central de la Universidad, el movimiento instala formalmente el Consejo Universitario y nombra una Junta Administrativa Paritaria; estos órganos y el Consejo Estudiantil de la FEUS llaman el 15 de marzo a un mitin más en la Plazuela Obregón. Los grupos armientistas fracasan una y otra vez en sus esfuerzos por contener el torrente estudiantil; esto fue lo que pasó el 12 de febrero y el 13 de marzo cuando sus actos acabaron siendo defraudados por sus mismos asistentes.

EL 7 DE ABRIL

El gobierno del Estado, entonces, decide tomar cartas en el asunto; el 4 de abril, una comisión especial de diputados presenta una iniciativa de Ley para la UAS en la que se estatuía la desaparición de la Junta de Gobierno, la paridad de maestros y alumnos en el Consejo Universitario y la obligatoriedad del servicio social de conformidad con la Ley de Profesiones del Estado. Dan comienzo, de este modo, las sesiones para debatir el proyecto. Las notas periodísticas de aquellas fechas son contradictorias: por una parte, se alababa el espíritu democrático de la iniciativa, en tanto que, por otra, se exigía enérgicamente la intervención de las autoridades gubernamentales para frenar la protesta estudiantil.

La FEUS, percibiendo cerca el triunfo provisional de su lucha, convoca a una manifestación para el 7 de abril. Dicho día la Universidad amaneció rodeada por las fuerzas de la policía judicial y por cuerpos paramilitares. Las escaramuzas se repiten cada vez con mayor frecuencia y peligrosidad hasta que, aproximadamente a las diez de la mañana, dos universitarios caen muertos: Juan de Dios Quiñónez Domínguez, de veintidós años de edad, y María Isabel Landeros Avilés, de dieciséis, ambos preparatorianos, fueron las víctimas de las balas lanzadas por los efectivos policíacos.

Aun cuando no pueda afirmarse que fueran esperados por alguien en lo personal, estos lamentables hechos estaban preparándose desde hacía días. Una breve reseña del tono de las noticias inmediatamente anteriores puede aclarar esta sugestión:

Abril 6. La Sociedad de Padres de Estudiantes Universitarios cita a reunión para tratar “asuntos relacionados con la actitud vandálica que un grupo de porristas ha asumido al depredar los recintos universitarios”. En otras notas se habla de “actos vandálicos” llevados a cabo por los estudiantes antirrectoristas, “tendientes a impedir que los alumnos reciban clases (…), causando el pánico entre centenares de niños (…), destruyendo libreros y saqueando recintos”; se pretendía hacer aparecer la inquietud universitaria como resultado de la actividad de una gavilla de delincuentes o, simplemente, como producto de las astucias del comunismo: “Fueron identificados entre los cabecillas que tomaron parte directa en estos actos de vandalismo, los excarcelados Camilo Valenzuela, Carlos Humberto Reynaga y Carlos Calderón Viedas. Quien roció de combustible el local fue identificado como Arturo Campos García, hijo de un conocido militante del Partido Comunista Mexicano”. La ciudad -se leía- “estuvo en manos de esta turba enloquecida”. Los medios de comunicación, con intención o sin ella, abonaban el terreno: “Los actos de vandalismo de ayer constituyen una abierta provocación a las autoridades gubernamentales y al pueblo mismo, que vio aterrorizado como impunemente un grupo de jóvenes se dedicaban a destruir lo que encontraban a su paso, sin que nadie hiciera nada por impedirlo”.

Abril 7. “Por cuarto día consecutivo los estudiantes ‘antirrectoristas’ se dedicaron al vandalismo callejero, lapidaron recintos universitarios y el local del Congreso del Estado y pintaron minibuses urbanos (…) la actitud que en este caso han asumido las autoridades gubernamentales ha sido inclusive tolerante en exceso”. Estaba también la demanda de la Sociedad de Padres de Familia: “Piden a Alfredo Valdez Montoya más energía”, “Es ya intolerable la actitud de los porristas”; este mismo organismo se reunía con el Gobernador entregándole “una petición escrita demandando la intervención enérgica e inmediata del Gobierno del Estado.” Hablaron también otros seis padres de familia y un estudiante en nombre del Consejo Directivo Estudiantil de la nueva FEUS -como él le llamó- para criticar de “excesivamente tolerantes a las autoridades gubernamentales”. 

El PRI, a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), se pronunciaba en la misma dirección. Citaré in extenso, por su carácter particularmente ilustrativo, un volante distribuido y signado por la Liga Municipal de Organizaciones Populares del PRI en Culiacán: “Debido a los acontecimientos que se han venido presentando en el seno de nuestra comunidad, realizados por pseudo-estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, capitaneados por conocidos agitadores profesionales y miembros del Partido Comunista, que con el pretexto de defender la autonomía universitaria agitan todos los días, atentando contra la tranquilidad y el trabajo que en el marco institucional logrado a través de la Revolución Mexicana desarrollamos, mediante mitines, manifestaciones, ataques personales, insultos, etc. Situaciones con las que nosotros no estamos definitivamente de acuerdo, por lo que debemos estar preparados para rechazar estas actitudes demagógicas que solamente persiguen el desorden para desorientar al pueblo sinaloense (…) en virtud de que son grupúsculos al servicio de intereses extranjeros.” Omitamos, aunque ello sea lo mismo revelador, lo tocante a la cerril prosa de la pluma cenopista. En cuanto a su contenido, este documento corrobora lo dicho: “comunismo”, “intereses extranjeros”, “actitudes vandálicas”, etcétera. El golpe se veía venir.

Parece, sin embargo, que estos datos no explican todo. Había otros elementos involucrados. En primer lugar, una parte del movimiento estaba en trance de radicalización: la violencia -se pensaba- exhibe la naturaleza del Estado burgués; de aquí se desprendía la insistencia con que ciertos grupos subrayaban la necesidad de hacer brotar la represión. Por otro lado, según comentan algunas versiones, intereses políticos ajenos al conflicto universitario hicieron, subrepticiamente, su entrada en escena. Armienta, consentido de la federación, empezó a ser visto con recelo en las esferas oficiales y privadas de la región: “el gran apoyo económico y material que recibió Armienta del gobierno federal, y su obra, en la que destaca el inicio de la construcción de Ciudad Universitaria, la creación de Radio UAS, la fundación de la Escuela de Ciencias del Mar, de Meteorología, etc., lo ubicaron como un viable precandidato para suceder al Gobernador Valdez Montoya. Además de Armienta Calderón se mencionaban como aspirantes a la gubernatura a Raúl Ibáñez, Rodolfo Álvarez Fárber y Alfonso Genaro Calderón.”

Se sigue de esto que los círculos más influyentes de la sociedad local -los mismos que en un principio lo recibieron con efusivo entusiasmo- crearon, a propósito, un vacío en torno a la figura del rector: “La élite económica y política sinaloense, se inclinaba en el problema de la sucesión gubernamental, por políticos locales, como los mencionados Raúl Ibáñez (tesorero del gobierno estatal) y Álvarez Fárber (secretario de gobierno).”

Debido a esta serie de hechos, Gonzalo M. Armienta Calderón renunció a la rectoría la noche del 7 de abril.

Al dar lectura a su texto de renuncia, señalaba: “no queremos seguir siendo utilizados como pretexto para que intereses extrauniversitarios provoquen enfrentamientos a los que siempre nos hemos opuesto.” Y, para apuntalar esta versión, en dicha oportunidad el Lic. Raúl René Rosas Echeverría, presidente de la Federación de Profesores de la UAS, conminaba a que “como el Licenciado Armienta se vio obligado a renunciar por razones políticas, por presiones del Gobierno del Estado, la Junta de Gobierno no debe aceptársela.”  

Quedan, pues, algunos puntos ciegos para la cabal comprensión de los fatídicos sucesos del 7 de abril. Armienta cayó debido a la porfiada voluntad estudiantil y a su propia impericia política, estas fueron las razones directas de su abrupta salida de la UAS. Sin embargo, hubo otros factores menos públicos, encubiertos tras los entretelones del poder, que incidieron en tal hecho; sino ¿cómo entender las declaraciones del rector y sus allegados con motivo de su renuncia?, ¿a qué “intereses extrauniversitarios” aludía Armienta? ¿Por qué, según Rosas Echeverría, el rector “se vio obligado a renunciar por razones políticas” o, más precisamente, “por presiones del Gobierno del Estado”? 

LA CONQUISTA DEL AUTOGOBIERNO Y EL INICIO DEL NAUFRAGIO

Al margen de esto, el movimiento alcanzaba uno de sus más anhelados propósitos: la auténtica autonomía y el derecho al autogobierno. A nadie convenció la acusación del Procurador General de Justicia, Lic. Arturo Cota Rivera, para quien la responsabilidad en pleno recaía en “conocidos militantes del Partido Comunista”. Prueba de ello son las críticas emitidas por organizaciones como el SNTE; lamentando las muertes de los estudiantes universitarios, en un desplegado aparecido el 8 de abril, la sección 27 del SNTE declaraba: “Reprobamos enérgicamente que las fuerzas policíacas hayan cometido estos actos de sangre que enlutan hogares sinaloenses, porque consideramos que la represión y la violencia no son los medios adecuados para solucionar los problemas sociales.” El propio PRI, días después, modificaba notoriamente su primera actitud: “Las fuerzas activas de la entidad -se informaba- expresaron su repudio a la violencia y manifestaron que el único camino para conciliar nuestras discrepancias es el de la razón y el derecho”. La Ley Orgánica, aprobada el 10 de abril, se apreciaba como “una gran conquista de los jóvenes estudiantes, porque les brinda la oportunidad del autogobierno y la representación paritaria.” No más olas, querían decir las “fuerzas vivas”: la tormenta había pasado.

Provisionalmente fue nombrado como rector el Dr. Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas; el Consejo Estudiantil de la FEUS decidió aceptar el nombramiento, pero sujeto a la satisfacción de tres condiciones: 1) levantamiento de todas las disposiciones dictadas contra los universitarios por la administración de Armienta; 2) liberación de los estudiantes que permanecían presos; y, 3) respeto a la autodeterminación estudiantil. Los tres puntos fueron aceptados. Con todo, el movimiento continuaba su marcha. El 14 de abril se realizó un acto en el cual, además de consignar políticamente al régimen, se dio a conocer un documento de trascendental importancia para el destino próximo de la UAS: el “Manifiesto 7 de Abril”.

La crisis de credibilidad y el antiautoritarismo definían, en una de sus caras, la esforzada fajina estudiantil: “Somos –reclamaba el Manifiesto– la generación salvajemente reprimida más no destruida en la primavera de 1970, a la que durante dos años se trató de liquidar con la acción gorilesca de grupos oficiales y extraoficiales, corromper con dádivas monetarias, enajenar con la cátedra oscurantista y expulsar mediante medidas fascistas (…). Es nuestro destacamento parte del ejército de estudiantes que en el país tremolan las banderas de la independencia plena ante los regímenes paridos por la putrefacta ‘Revolución Mexicana’”. 

Tal autodefinición conducía a pensar en un campo social dividido, sin tintes intermedios, en dos grandes bandos. Los responsables de los asesinatos cometidos contra los universitarios, de acuerdo con esto, estaban a la vista. Haciendo tabla rasa de todo posible matiz, se acusaba: “reiteramos que los asesinos son Valdez Montoya, el Procurador Cota Rivera, Armienta Calderón, personeros del gobierno de los capitalistas del Estado; el Congreso Local, la clase gobernante toda con Luis Echeverría a la cabeza, impositores y defensores del armientismo en la UAS.” Era fácil saltar de aquí, en la otra cara, a conclusiones extremas: “Esta universidad que en 1873 se proclamó liberal en un régimen liberal, que en los treinta se nutrió de un fuerte movimiento reformista, que hoy es independiente, tendrá que proclamarse revolucionaria en un futuro socialista que construiremos -quiéranlo o no los ricos explotadores, quiéranlo o no los burgueses- pueblo trabajador y estudiantes en la lucha común por enterrar este sistema capitalista económica, social y políticamente injusto que nos oprime.”

El proceso daba inicio: del justo reclamo antiautoritario a insospechadas formas de radicalismo político. Con él comenzaba también la definitiva fragmentación interna de la FEUS. A poco más de un mes de la presentación pública del “Manifiesto 7 de abril”, los días 13 y 14 de mayo, el grupo “José María Morelos” (mejor conocido con el mote de los “chemones”) determinó retirarse del Congreso Extraordinario de la FEUS, arguyendo irregularidades en los mecanismos de decisión y representación. Se perfilaban con evidencia dos posiciones en la Universidad: la de los “chemones”, portavoz de lo que quedaba de la corriente reformista local, del conjunto de activistas forjados al calor de la lucha universitaria, sin experiencia partidaria previa, ligada a personajes como José Luis Ceceña Cervantes, Fausto Burgueño Lomelí y Guadalupe Meza Mendoza, y encabezada por Arturo Guevara Niebla, Carlos Calderón Viedas y José Santos Maradiaga; y, en segundo lugar, la organización de la Juventud Comunista Mexicana, relacionada directamente con la jerarquía política del PCM, dirigida en Sinaloa por Liberato Terán Olguín, Antonio Medina de Anda, Audómar Ahumada Quintero y, en los hechos, por Jorge Medina Viedas. Otra más empezaba a configurarse, la que poco más tarde dará lugar al grupo conocido como los “enfermos”.

El 25 de mayo fue electo por primera vez un Rector en la UAS. La FEUS, por acuerdo del Consejo Universitario, tenía la opción de hacer una propuesta; después de discutir con los candidatos en las escuelas, resultó designado, con el apoyo del PCM, el Lic. Marco César García Salcido. En el camino quedó el Lic. Ceceña Cervantes, quien, con demasiada cautela e indecisión, era impulsado por los “chemones”. Una parte del movimiento se institucionalizaba, varios dirigentes estudiantiles de las alas del PCM y de los “chemones” pasarán a ocupar cargos en diferentes instancias universitarias; la acción de masas, ante esta circunstancia, quedaba abierta para la delirante aparición del izquierdismo en la UAS. La reforma se proponía conquistar la institución, se trataba ahora de plantarse contra ella, de instrumentalizarla o, en el extremo, de aniquilarla al ser concebida como una fábrica capitalista.

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Referencias bibliográficas:

• 1 Méndez Lugo, Bernardo, “Capitalismo dependiente y crisis universitaria en Sinaloa: el caso de los ‘enfermos’”, en Cuatro ensayos de interpretación del movimiento estudiantil, México, UAS, 1979, p. 45.
• 2 Terán Olguín, Liberato, Sinaloa. Estudiantes en lucha, México, UAS, 1984, p. 56. Armienta utilizaba la aceptación del cargo de secretario de la escuela de Derecho por parte de Campos Román, para demostrar la pluralidad de su administración. Campos Román justifica su participación en la administración de Armienta, señalando que se trataba de cuestiones tácticas: “el movimiento estaba replegado, había que impulsarlo desde adentro”. Entrevista con Campos Román, 9 de junio de 1989.
• 3 Ibid., Informe de hechos presentado por la FEUS al gobernador del Estado (7 de febrero de 11972), apéndice, p. 169.
• 4 En este documento, ciertamente, tan pronto se denunciaban los malos manejos en las finanzas y en la conducción institucional, como se exigía paridad en los consejos técnicos y universitarios, exámenes de oposición, extensión universitaria al servicio del pueblo, creación de escuelas técnicas de duración media, aumento de becas y construcción de casas de estudiantes.
• 5 Es sabido que desde rectoría se impulsaron, paralelamente, medidas como la desincorporación de la preparatoria Popular Nocturna y la amenaza de lo mismo para la Preparatoria Popular “Emiliano Zapata”, además de la restricción del ingreso a la Universidad (de dos mil aspirantes a ingresar a la Preparatoria Central Diurna sólo se admitieron, en septiembre de 1971, quinientos); todas estas medidas fueron contrarrestadas, en mayor o menor grado, por el empuje estudiantil (finalmente se admitieron más alumnos y se creó la preparatoria Vespertina “Hermanos Flores Magón”).
• 6 “Problemas de hoy del movimiento estudiantil”, declaración del Secretariado del Consejo de la Juventud Comunista de México, México, DF, 17 de abril de 1971. En Partido Comunista Mexicano. 1967-1972, México: Ediciones de Cultura Popular, 1972, p. 293.
• 7 Un dato curioso: González Casanova era, al mismo tiempo, condenado por Armienta: “¡Armienta trató de contestar diciendo que González Casanova era un demagogo, que primero debía resolver los problemas de su UNAM y después entrometerse en problemas de las universidades de provincia!” (Terán Olguín, L., Op. Cit., p. 96); y, sólo cuatro meses después, era también acremente criticado por dirigentes de la en aquel entonces ya casi extinta JCM, como Pablo Gómez, quien refiriéndose a la política de Universidad abierta propuesta por el Rector de la UNAM, decía: “se trata de incluir sectores, de los que hasta hoy no han tenido acceso a la enseñanza, pero sometidos al mismo contenido, ahorrándose al mismo tiempo una buena suma de dinero al no tener que construir escuelas. No hay ninguna transformación en la orientación, en la función social que la Universidad debe cumplir, en el papel de ésta; por el contrario, prevalece la misma orientación y agrega la ‘ventaja’ de no tener que construir universidades o fortalecer las ya existentes” (Gómez Álvarez, Pablo, “Hacia una alternativa del movimiento estudiantil frente a la política educativa oficial”, conferencias sustentadas los días 7 y 8 de agosto de 1972 en Culiacán, Sinaloa. En Cuatro ensayos de interpretación del movimiento estudiantil citado, p. 37).
• 8 Rosales Medrano, Miguel Ángel, “La Universidad Autónoma de Sinaloa (viscisitudes históricas de su desarrollo)”, suplemento cultural de El Sol de Sinaloa, 6 de diciembre de 1987, p. 5.
• 9 “Carta a los estudiantes”, firmada por el Rector Dr. Gonzalo Armienta Calderón, Culiacán, Sinaloa, 14 de marzo de 1972 (archivo personal de Melchor Inzunza Cervantes).
• 10 Rosales Medrano, Miguel A., Op. Cit., p. 5.
• 11 Con motivo del envío de este proyecto de Ley se siguieron marcando discrepancias que dentro de poco se volverían insuperables:
• “Aunque hubo diferencias al interior de la FEUS, ya que algunos estaban en contra de presentar la iniciativa pues esto era caer en manos de la apertura, la mayoría votó a favor de la presentación alegando esto como una forma más de lucha”. Miguel A. Casillas Alvarado, El surgimiento del proyecto de Universidad Democrática, Crítica y Popular en la Universidad Autónoma de Sinaloa, tesis de Licenciatura en Sociología, facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, México, D.F., 1986, p. 86.
• 12 El propio sindicato de los burócratas -Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE)- acordó no asistir a la concentración en apoyo al Rector el 13 de febrero en el estadio “Ángel Flores” de Culiacán, El Sol de Sinaloa, 14 de febrero de 1972.
• 13 “De aprobarse esta Ley, incuestionablemente se dará un gran paso en la transformación de las estructuras de nuestra casi centenaria casa de estudios, al concedérsele al estudiante una participación más amplia y directa en el gobierno de la institución”, decía el editorial de El Sol de Sinaloa, Culiacán, 5 de abril de 1972.
• 14 En Ibid., los permisionarios del transporte urbano, la Sociedad de Padres de Familia y la Asociación de Profesores, pedían la protección de la fuerza pública. Los mismos periodistas sesgaban la información: “Después de la sesión del Congreso que a cada momento se interrumpía por la gritería de los asistentes, que llegaron incluso a pronunciar las leperadas más insultantes de nuestro vocabulario, el grupo antirrectorista se dedicó a pintarrajear paredes y camiones urbanos, con absoluta impunidad”.
• 15 El Sol de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, 6 y 7 de abril de 1972. Los subrayados son míos (RGV).
• 16 Liga Municipal de Organizaciones Populares PRI-CNOP, s/f, presumiblemente de principios de abril de 1972 (archivo personal de Melchor Inzunza Cervantes).
• 17 Rosales Medrano, Miguel Ángel, Op. Cit., p. 6. Este autor llega a sugerir que “hay fuertes e insistentes versiones (no comprobadas) acerca de que funcionarios del gobierno estatal ofrecieron dinero a varios activistas para que se mantuvieran en el movimiento contra Armienta”.
• 18 El Sol de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, 8 de abril de 1972.
• 19 Ibid., 10 de abril de 1972.
• 20 Ibid., 8 de abril de 1972.
• 21 Ibid., 13 de abril de 1972.
• 22 Todas las citas del “Manifiesto 7 de abril” se hallan en Terán Olguín, Liberato, Op. Cit., apéndice, pp. 190-194. El documento remata con la reveladora consigna: “¡Hacer una universidad militante con el pueblo trabajador!”. Subrayado mío (RGV).
• 23 Las asambleas por escuela resultaron, en opinión de algunos dirigentes, “muy malas, de pésima calidad. No se tenía como principal preocupación el cuestionamiento político. Todo giraba sobre cosas baladíes”. De esta manera, preguntas como “¿Nos permitiría formar un sindicato a los trabajadores?”, eran tildadas de “cosas baladíes”. Este desprecio por toda forma de organización no política stricto sensu, constituye un indicador más de la manera en que el radicalismo fue sentando sus reales en la Universidad. Ibid., p. 123.