México es un país violento, en el cual, en promedio, ocurría un homicidio cada 18 minutos, un robo con violencia cada 2 minutos y un asalto cada 5 minutos, de acuerdo con estimaciones del Observatorio Nacional Ciudadano en 2017. Actualmente, si bien la pandemia impactó en la afluencia de personas en las calles y, por tanto, los delitos, la situación se encuentra lejos de mejorar.
De acuerdo con el Índice Global de Paz, durante 2020 la situación de la violencia empeoró, haciéndonos descender tres lugares en su ranking de países y posicionándonos en el lugar 137 de 163, cercanos a Nicaragua, Nigeria e India. No obstante, hemos normalizado la violencia a tal grado que en ocasiones no nos damos cuenta de la magnitud de la situación.
Esto sale a relucir constantemente durante las temporadas electorales: cuando se acercan los comicios, comienzan los chantajes y amenazas, intimidaciones y ajustes de cuentas que cada vez cobran más vidas. La violencia se vuelve más notoria al vincularse con la política cuando los asesinados tienen rostros y nombres conocidos. En nuestro país, ser aspirante a un puesto público se ha vuelto un factor de riesgo importante que incrementa las posibilidades de ser violentado o, incluso, privado de la libertad y de la vida. ¡Ni siquiera los colaboradores de campañas políticas están exentos de esta terrible situación!
La violencia política se define como aquella que tiene como objetivo evitar o alterar la libre participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas. No somos ajenos a este tipo de violencia; tristemente se ha vuelto un componente de los procesos electorales. Hasta la fecha, este año no ha habido tantos políticos asesinados como en el proceso electoral de 2018, sin embargo, la situación en pleno 2021, ante una sociedad fuertemente polarizada por divisiones sociales e ideológicas, además de golpeada económica y anímicamente por la pandemia, la violencia política se ha recrudecido a niveles alarmantes. En el proceso actual sobresalen las amenazas como las agresiones más frecuentes, seguidas por homicidios e infracciones contra la dignidad, volviéndose cada vez más descarados los ataques sin grandes consecuencias.
Por si fuera poco que la población tenga el miedo de acudir a votar y contagiarse de COVID-19, sobre todo en entidades donde las campañas de vacunación se han ralentizado, ahora también se tiene miedo, sobre todo en estados como Veracruz y Tamaulipas, epicentros de esta situación de violencia, de acudir a votar y ser agredidos. Al corte de este escrito, la consultora Etellekt tenía, en su quinto informe de violencia política en México, registradas 782 agresiones contra políticos y candidatos, superando las 774 registradas en la elección de 2018, lo que oscurece las expectativas sobre las elecciones del próximo domingo, situación que se agrava al considerar que el proceso actual se considera el más grande y concurrente en nuestro país.
Los ataques de esta índole se han concentrado en 737 víctimas, de las cuales 518 eran aspirantes y candidatos, 120 militantes de partidos y 99 autoridades o representantes electos. De acuerdo con Etellekt, estos incidentes se han distribuido en 460 municipios en los 32 estados mexicanos. Por si esto no fuera suficiente, las agresiones han acabado con la vida de 89 personas relacionadas con el proceso electoral. Curiosamente, se ha encontrado una peligrosa relación entre las víctimas de agresiones y su estatus de oposición: cerca del 75% de los agraviados eran opositores a los gobiernos de sus entidades.
Los procesos electorales son una oportunidad para los ciudadanos de expresar sus preferencias y opiniones políticas, de postularse y proponer. No es justo que los intereses de unos cuantos coarten este derecho del pueblo mexicano y limiten nuestras posibilidades de construir un país mejor.
Por supuesto, las autoridades deben reforzar la seguridad de los candidatos y aspirantes, evitando que sean blancos fáciles de la delincuencia organizada en sus diversas vertientes. Además, no podemos esperar que la paz llegue solo en temporada de elecciones, sino que debemos trabajar para construirla día con día para que, cuando llegue el momento de votar, se pueda hacer con tranquilidad en procesos respetuosos de la vida y la sociedad. Como miembros de la sociedad, podemos poner de nuestra parte respetando la diversidad de opiniones políticas y acudiendo a votar en el nombre del bien común en lugar de permanecer en casa con la esperanza de que ganen los candidatos y propuestas que más nos atraen mientras otros ejercen su derecho al voto.
La violencia política influye irremediablemente en la confianza de la gente en los procesos electorales, además de que llega a desanimar que asesinen impunemente, y a plena luz del día, a los candidatos con propuestas disruptivas y trayectorias políticas interesantes. Su impacto trasciende más allá de la pérdida de vidas humanas para afectar el ejercicio de nuestra democracia y el desarrollo futuro de nuestro país. ¡No debemos permitir que el miedo domine nuestra facultad de toma de decisiones, todos a votar!
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