Tras la Segunda Guerra Mundial y la revelación del Holocausto, una de las preguntas más inquietantes que surgió en la conciencia occidental fue ¿qué tipo de persona es capaz de participar en actos de exterminio tan monstruosos?
Durante mucho tiempo se pensó que detrás de aquellos crímenes se encontraba una forma de locura colectiva o una patología moral extrema. Se llegó a sugerir que los dirigentes de las SS y el círculo más cercano a Hitler eran sociópatas que mediante engaño y manipulación habían arrastrado a las masas a un frenesí irracional de destrucción.
Algo similar ocurre hoy en Sinaloa cuando nos preguntamos por el tipo de personas detrás de los actos de violencia que flagelan nuestras ciudades. Con frecuencia la respuesta apunta hacia la existencia de individuos particularmente crueles, de personalidades desviadas.
Otras respuestas más sofisticadas suelen moverse en el terreno de la identidad cultural. Se habla de un de una naturaleza romántica dominada por las pasiones y poco inclinada a la racionalidad. Bajo esta interpretación, la violencia sería producto de una cultura emocionalmente desbordada y todavía distante de los procesos civilizatorios de la modernidad, como lo sugieren en algunos de sus escritos tanto Ronaldo Gonzalez, como Carlos Calderón Viedas.
En esta lógica se afirma que el sinaloense no solo sería un ser profundamente emotivo, sino también parte de una sociedad que se quedó a medio camino entre la tradición y la modernidad. Bajo estas interpretaciones, el problema se reduce a la psicología de ciertos sujetos o a un rasgo casi esencial del carácter regional.
Pero mi apreciación es distinta. No creo que el problema de Sinaloa sea un exceso de pasiones primitivas, ni que nuestra sociedad haya quedado atrapada en una etapa premoderna. Más bien ocurre lo contrario, nuestro problema es que somos, en muchos sentidos, excesivamente modernos, o, dicho con mayor precisión, modernos irreflexivos.
Contrario a lo que se infiere cuando se equipara la identidad sinaloense a la del romanticismo, este movimiento no fue una respuesta irracional y completamente antagónica a la modernidad. Más bien, fue un intento de corregir sus excesos, un intento de encontrar una modernidad más equilibrada, donde la comunidad, la naturaleza y la dimensión espiritual del ser humano pudieran convivir con la razón y el progreso técnico.
En todo caso, el tipo de racionalidad contra la que reaccionaron los representantes del romanticismo, no era la razón en sí misma, sino lo que Max Horkheimer llamaría más tarde la razón instrumental, una forma de pensamiento y acción orientada exclusivamente a la eficiencia de los medios, e incapaz de preguntarse por los fines.
La razón instrumental es extraordinariamente poderosa para resolver problemas técnicos, pero profundamente limitada para responder preguntas éticas. Calcula, optimiza y acelera procesos, pero rara vez se detiene a preguntarse si aquello que se está haciendo debería hacerse.
Esta lógica ayuda a entender fenómenos históricos aparentemente incomprensibles. Como han señalado Horkheimer o Zygmunt Bauman, el Holocausto no fue simplemente un estallido de barbarie irracional; fue también un producto extremo de la modernidad. Los campos de concentración funcionaban con la eficiencia de una maquinaria burocrática y técnica perfectamente organizada.
Si trasladamos esta reflexión a nuestro contexto, quizás debamos replantear la manera en que interpretamos la violencia en Sinaloa. Tal vez no se trata de una sociedad dominada por impulsos primitivos, sino de una sociedad profundamente integrada a la lógica de la modernidad instrumental.
El consumo conspicuo que caracteriza a amplios sectores de la sociedad sinaloense ilustra bien esta dinámica. El reconocimiento social se vincula fuertemente con el tener más que con el ser. Los objetos, las marcas, los vehículos o los estilos de vida se convierten en símbolos de estatus y de éxito. En este sentido, el sinaloense es profundamente moderno, ya que desea las comodidades, el prestigio y los signos de prosperidad que promete el mundo contemporáneo.
El problema aparece cuando ese deseo se vuelve instrumental a cualquier costo. Cuando lo importante no es preguntarse por la legitimidad de los fines o de los medios, sino simplemente identificar cuál es la vía más rápida para alcanzar aquello que se desea. Bajo esta lógica, el narcotráfico, y las economías ilícitas en general, pueden aparecer como un atajo hacia la modernidad. La ilegalidad permite acceder a bienes, símbolos de estatus y formas de consumo que de otra manera serían inaccesibles.
La violencia, por su parte, se convierte en el mecanismo para eliminar obstáculos. Cuando el objetivo es alcanzar riqueza, prestigio o poder con rapidez, cualquier barrera, ya sea legal, institucional o humana, puede ser percibida como algo que simplemente debe removerse. En ese contexto, la violencia más que un estallido irracional de furia es una herramienta estratégica, es un medio eficaz para imponer voluntad, resolver disputas, intimidar competidores o asegurar territorios.
Paradójicamente, esta violencia no expresa necesariamente un rechazo a la civilización moderna, sino una apropiación extrema de su lógica instrumental. Se trata de una racionalidad que calcula medios con gran eficiencia, pero que ha dejado de interrogarse por los límites morales de los fines que persigue.
Este tipo de violencia racional no es exclusivo del narcotráfico. En Sinaloa aparece también en múltiples ámbitos de la vida social. La vemos en la destrucción de instituciones mediadoras y deliberativas de la política cuando estas se perciben como obstáculos para decisiones rápidas; en la devastación de ecosistemas para abrir paso a megaproyectos energéticos o extractivos que prometen crecimiento inmediato; y en la transformación acelerada de barrios y comunidades desplazadas por desarrollos inmobiliarios orientados al lucro.
En todos estos casos se repite una misma lógica, los medios técnicos y económicos se movilizan con gran eficiencia, mientras que las preguntas sobre sus consecuencias sociales, ambientales o éticas quedan relegadas.
No resulta sorprendente que, ante la crisis de violencia que experimentamos en estos días, muchas de las respuestas y propuestas para contener la inseguridad reproduzcan ese mismo método instrumental, que suele materializarse en el recurso creciente de la militarización y, en algunos casos, incluso en la sugerencia de medidas abiertamente represivas, como la instauración de estados de excepción o la suspensión de garantías constitucionales vinculadas a los derechos humanos.
De este modo, la respuesta al problema termina moviéndose dentro de la misma racionalidad que contribuyó a generarlo, una lógica que privilegia la eficacia inmediata de los medios, aun cuando ello implique debilitar los principios normativos e institucionales que sostienen la paz.

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