Sinaloa y la nueva guerra de mercenarios

La guerra del narco en Sinaloa ha entrado en una nueva fase marcada por la presencia de mercenarios. En detenciones recientes se ha identificado a hombres provenientes de Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Francia y Venezuela; y en otras operaciones también han aparecido individuos originarios de diversos estados de la república. Todos ellos llegan como refuerzos armados para integrarse a células de facciones rivales del Cártel de Sinaloa.

Su presencia enciende una alarma que va más allá del dato anecdótico. ¿Cuándo dejó Sinaloa de ser un territorio dominado por estructuras locales del narco para convertirse en un escenario de guerra con combatientes importados? ¿Qué significa para el estado que los grupos criminales ya no dependan solo de jóvenes de la región, sino que recurran a un mercado nacional y transnacional de hombres entrenados para matar?

La respuesta apunta a una transformación profunda y peligrosa. Sinaloa está entrando a la era de la guerra de mercenarios, una fase en la que los actores armados ya no obedecen lógicas tradicionales, sino dinámicas propias de conflictos prolongados y transnacionales. El territorio, que antes de la más reciente guerra de facciones funcionaba como espacio de arraigo, de negociación y de equilibrio, ahora se vuelve un tablero abierto a fuerzas externas, más volátiles, más letales y mucho más difíciles de contener.

Durante décadas, el narcotráfico en Sinaloa operó bajo un conjunto de reglas no escritas. Aunque la violencia siempre estuvo presente, existía un cierto orden interno. Las disputas se procesaban de manera contenida. El territorio tenía un significado compartido, era un espacio donde la mayoría de los involucrados eran oriundos de los mismos sitios, con vínculos familiares y comunitarios que imponían límites. Había códigos informales que frenaban, al menos parcialmente, las escaladas.

Este orden precario se sostenía en el arraigo local, la negociación interna y el reparto territorial. Incluso en los momentos más tensos, la autoridad criminal tenía un rostro reconocible; la violencia tenía propietarios, fronteras y cierta previsibilidad. No se trataba de una paz real, sino de una estabilidad construida desde abajo, con base en acuerdos entre quienes controlaban el tráfico y quienes mantenían la vida económica y social en los municipios.

Pero en el último año, ese equilibrio comenzó a fracturarse. Las disputas internas dentro del Cártel de Sinaloa, especialmente entre células que antes cohabitaban, han oxidado ese viejo orden. El porvenir para el estado es el de una lucha prolongada, dispersa y, sobre todo, abierta a las influencias externas.

Cuando un conflicto armado se alarga, los combatientes locales se desgastan. Es un patrón observado en guerras civiles, insurgencias y enfrentamientos alrededor del mundo. Llega el momento en que el número de hombres disponibles ya no basta. Cuando eso ocurre, los líderes no solo reclutan jóvenes locales de menor edad; también empiezan a importar combatientes. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Sinaloa.

El desgaste humano derivado de meses de enfrentamientos, emboscadas, ejecuciones, detenciones masivas, desapariciones y migración forzada, ha reducido la base de sicarios locales capaz de sostener los niveles de violencia actuales. Las facciones, en competencia constante, han encontrado una salida en el mercado nacional y transnacional de combatientes.

Mercenarios colombianos con experiencia en guerrillas y paramilitarismo; exmilitares europeos acostumbrados a tareas de seguridad privada; jóvenes centroamericanos que ya pasaron por maras o pandillas; miembros de otros cárteles en México que son trasladados como refuerzos. Todos forman parte de un ecosistema internacional de violencia que está llegando a Sinaloa porque aquí hay paga, armas y guerra. Su presencia no es un accidente, es una señal de que el narco sinaloense se ha insertado en una lógica común en conflictos armados modernos: la circulación global de especialistas en violencia.

El elemento más grave de esta transformación es el cambio en el significado del territorio. Durante décadas, Sinaloa tuvo un valor identitario para las organizaciones criminales. Sinaloa era el lugar de origen de sus líderes, el espacio donde vivían sus familias, donde se tejían redes de lealtad y donde se respetaban, aunque de forma mínima, ciertos límites comunitarios. La violencia, aun siendo brutal, no era completamente arbitraria; estaba anclada a normas locales que imponían algún grado de contención.

Pero con la llegada de mercenarios, esta especie de gobernanza del narco se rompe. Los extranjeros no están ahí por la comunidad ni por pertenencia al territorio. Su compromiso se reduce a un contrato. Se les paga por matar, entrenar o proteger. Eso implica una pérdida clara del control local de la violencia. Los líderes ya no mandan sobre hombres que crecieron donde mismo, sino sobre trabajadores de guerra que obedecen mientras haya dinero. Cuando la violencia se terceriza, la capacidad de negociación y contención disminuye.

En estas circunstancias, la brutalidad y la indiferencia hacia la población civil tiende al aumento. Quien no tiene vínculos con la comunidad no tiene por qué moderar su ferocidad. No teme a las represalias familiares, no respeta a la gente del pueblo y no distingue entre rivales y vecinos.

Así destruye el orden criminal tradicional, porque con nuevos actores entran nuevas tácticas. La violencia se vuelve impredecible, sin códigos compartidos y sin canales de comunicación claros. Y al mismo tiempo, el Estado enfrenta un enemigo más disperso y sofisticado. No se trata solo de enfrentar a sinaloenses con AK-47, sino a grupos que replican tácticas militares, usan armamento más complejo y pueden moverse entre países sin dejar rastros.

A esta transformación se suma una reconfiguración más amplia. La guerra del narco ya no es vertical, sino una guerra en red. Participan células locales conectadas con exmilitares suramericanos, pandillas centroamericanas, brokers de armas y softwares de guerra en Estados Unidos, Europa del Este y medio oriente, grupos afines en Jalisco, y operadores financieros capaces de mover dinero mediante criptomonedas o empresas fachada.

Las alianzas se forman y se disuelven con velocidad. Los mercenarios entran, operan y se van. La violencia se expande en direcciones impredecibles. Sinaloa está dejando de ser la sede de un cartel para convertirse en un nodo dentro de una trama global de actores criminales.

El paso a esta nueva etapa tiene implicaciones profundas para el futuro del estado. La violencia podría ser más prolongada, porque importar combatientes hace que el desgaste humano ya no sea un límite natural del conflicto. Sin importar cuántos caigan, siempre pueden llegar más. Los enfrentamientos tenderán a ser más letales y sofisticados.

Los mercenarios suelen traer tácticas aprendidas en guerras reales, como emboscadas meticulosas, uso de explosivos, francotiradores entrenados, maniobras urbanas coordinadas y tácticas propias del terrorismo. La reciente colocación de bombas y el empleo de drones son señales claras de una escalada operativa que podría transformar de manera permanente la naturaleza de la violencia en Sinaloa.

Todo esto eleva el riesgo para la población civil y complica la reacción de las fuerzas de seguridad. La pacificación será mucho más difícil. Porque en escenarios de esta índole, la paz ya no depende solo de acuerdos internos entre actores locales. Aunque Sinaloa quisiera pacificarse, seguirían llegando hombres, armas, dinero e intereses que no dependen de la comunidad. El conflicto se vuelve autónomo frente al territorio, como ocurre en guerras donde los incentivos para dejar de pelear son muy débiles.

La presencia de mercenarios en la guerra del narco no es un hecho aislado, es un síntoma de que Sinaloa está entrando en una nueva etapa del conflicto. Una etapa donde el territorio dejó de ser identidad, comunidad o límite. Ahora es un espacio alquilado a fuerzas externas.

Sinaloa ya no es territorio propio. Es un campo de disputa en una guerra sin fronteras, protagonizada por hombres que no conocen ni respetan la tierra que pisan. Y esa transformación, silenciosa, pero profunda, redefine el riesgo, la violencia y el futuro del estado y del país en su conjunto.

El problema es que, frente a este tipo de violencias, las soluciones institucionales comenzarán a parecer insuficientes. En ese contexto surgirán reclamos y también oportunismo político, con actores que buscarán aprovechar la crisis para sembrar ingobernabilidad, exigir la destitución de autoridades electas e impulsar liderazgos autoritarios que justifiquen una mayor militarización de la seguridad pública.

En escenarios extremos, incluso podría plantearse la imposición de un estado de excepción que prescinda de derechos humanos básicos, bajo el argumento de recuperar el control territorial a cualquier costo.