Topolobampo: Cuando el financiamiento internacional prefiere mirar hacia otro lado

La voz de Claudia Susana Quintero resonó sin concesiones aquel día:

“El pueblo Yoreme de la bahía de Ohuira no defiende recursos: defendemos la vida y el vínculo milenario con nuestro territorio. Quiero hablar con claridad: este reconocimiento institucional no puede ser usado para maquillar los atropellos que vivimos. Ni para cooptar a quienes estamos litigando contra el mismo Estado que hoy nos invita a celebrar. En lo personal, el reconocimiento no viene en un papel ni en un evento. El mejor de los reconocimientos será el día en que pueda salir de mi hogar y mis hijos no se queden con el corazón roto por no saber si su mamá volverá viva. Será el día en que los intereses económicos no estén por encima de la vida y del medioambiente.”

Era la apertura, a mediados de septiembre, del evento organizado por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Sinaloa, donde 18 mujeres fueron homenajeadas por su labor social y cultural a favor de sus pueblos. Sin embargo, no gusto a la representante del gobernador, María Inés Pérez Corral que se les recordara públicamente que ellos mismos han permitido, promovido y tolerado los riesgos contra las comunidades y las agresiones contra quienes las defienden.

La semana pasada, algunos medios —no todos— retomaron lo que ya se había adelantado en este espacio: que la ONU, desde Ginebra, emitió seis comunicaciones oficiales en las que señala a Proman AG y a su filial GPO en Los Mochis como responsables de violaciones a derechos humanos vinculadas a un proyecto altamente tóxico. En el mismo documento, se hace corresponsable a los gobiernos de México, Alemania, Suiza y al banco estatal alemán KfW IPEX-Bank, financiador del complejo industrial dentro del sitio Ramsar Ohuira–Topolobampo–Santa María.

Los comunicados pueden consultarse en la siguiente liga que lleva a la plataforma “Communication Report and Search” del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Ya había advertido en esta revista que las preocupaciones se elevaron tras la publicación del informe “KFW: Financiamiento irresponsable” por parte de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, ahora dejo la liga a él. La misma red global de organizaciones presentó además una queja ante los mecanismos internos del banco alemán.

Las alarmas sonaron tan fuerte que la presidenta del KfW IPEX-Bank, Belgin Rudak, respondió a la ONU el 12 de noviembre y, semanas después, envió discretamente a Los Mochis a un equipo de alto nivel: Philipp Meyer-Gohde, vicepresidente de gestión de cartera, y Andrijan Rieth, consultor especializado en salvaguardas ambientales y sociales. Les acompañaron los auditores Moritz Fallasch (Atradius) y Helge Niedenführ (Euler Hermes), aseguradoras que operan como garantes del Estado alemán para inversiones de riesgo. Su presencia solo puede interpretarse como un movimiento para evaluar posibles incumplimientos.

Porque si hay algo que el banco alemán sabe —por experiencia propia en un proyecto geotérmico en Indonesia y uno de minería de grafito en Tanzania— es que los proyectos pueden detenerse por fallas ambientales o sociales detectadas por consultores independientes. Y en Sinaloa, la evidencia sobre la mesa es demasiada para ignorarse. Por eso mismo la empresa optó por mantener a estos funcionarios y auditores lejos de las comunidades que los buscaron durante cuatro días sin éxito.

Un encierro de facto, un secuestro virtual, para impedirles ver lo que ocurre.

Las consecuencias de un incumplimiento grave no son menores: suspensión de desembolsos, sanciones, costos adicionales, litigios, activación de pólizas, e incluso el riesgo de que Proman AG pierda acceso al financiamiento futuro por parte de instituciones de desarrollo. Nada de ello es especulación: forma parte de los estándares internacionales que rigen este tipo de proyectos.

Mientras tanto, los Yoremes de Ohuira, Lázaro Cárdenas y los pescadores de Paredones entregaron cartas, enviaron correos y mensajes a los visitantes del banco y a su oficina matriz en el otro continente. No fueron escuchados.

Esa distancia conveniente volvió a demostrar que el “compromiso” de las corporaciones con los derechos humanos se limita al discurso y que “los abusos” sigue siendo lo que define sus tratos comerciales.

Aclaración y réplica

En mi colaboración anterior señalé que la presión sobre las comunidades Yoremes no proviene únicamente de los promotores de la planta de amoníaco (2,200 toneladas diarias), sino también de quienes impulsan la planta de metanol (6,130 toneladas). La empresa texana aludida respondió con una nota aclaratoria. En congruencia con el compromiso de este medio con la verdad, respondo a dos puntos de su réplica:

1. Emisión anual de 700 toneladas tóxicas de óxidos de nitrógeno.

Mi afirmación no se basa en opiniones sino en los documentos técnicos con los que la empresa obtuvo su autorización ambiental. Ahí están las cifras. La compañía no las desmiente: solo ofrece generalidades sobre su tecnología. Cuando alguien responde con promesas y no con números verificables, confirma el fondo de la crítica.

2. “Los tenemos ya metidos hasta en la cocina”, dijo un pescador de Paredones.

Que algunos habitantes hayan confundido a Samsung con Mitsubishi no cambia el hecho esencial: los contratistas ya están instalándose en la comunidad, rentando casas, pidiendo terrenos y planeando bodegas. La empresa prefiere discutir un detalle irrelevante -el nombre corporativo- antes que responder a lo que realmente preocupa a los Yoremes: la irrupción acelerada de una mega obra en su vida cotidiana. Corregir al vecino no es responderle al vecino.

Mientras todo esto ocurre, la administración de Rubén Rocha Moya mantiene una permisividad que raya en complicidad. Resulta irónico que el Gobierno estatal impulse la campaña “16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres” mientras las mujeres que defienden el territorio viven intimidación, hostigamiento y riesgo constante. Como bien señaló otro articulista de este medio, algunos de esos esfuerzos oficiales no son más que un despilfarro de recursos en lacitos y listones naranjas.

Claudia Susana cerró su discurso aquel septiembre con una frase que resume la lucha entera:

“No pedimos favores. Exigimos respeto pleno a nuestro derecho a participar en las decisiones que afectan nuestro territorio. El verdadero reconocimiento será el día en que no tengamos que mendigar justicia ante instancias internacionales.”

¡Aquí no! ¡Tampoco allá!
¡Ni ahora! ¡Ni nunca!