En Culiacán llevamos años contándonos una historia que suena bien. Que la ciudad crece, que hay movimiento, que hay dinero. Nuevos restaurantes, tiendas de lujo, autos que solo ves en países desarrollados, y estilos de vida que, a simple vista, dan la impresión de prosperidad.
Lo que se volvió imposible de ignorar a partir de la violencia que se intensificó desde 2024 es que una parte de ese crecimiento era ficticio. Una economía inflada, sostenida por capital que no venía del trabajo, de la productividad ni del emprendimiento real, sino de dinámicas ilegales disfrazadas de negocio.
Lo más delicado no es solo que existan empresas pantalla. El problema es la normalización. Como culichis, muchas veces sabemos que algo no cuadra. Sabemos de prestanombres. Sabemos de empresas que aparecen en listas, en denuncias públicas, en conversaciones que se repiten como secreto a voces. Sabemos de personas que, cuando la violencia se disparó, se fueron de inmediato, sin dar explicaciones. Y,aun así, en ciertos círculos, eso no solo se acepta, se protege y se justifica.
A esto se suma que no solo se lava dinero desde el crimen organizado. También hay empresarios, estructuras financieras y personas “respetables” que se prestan para hacerlo. Criminales de cuello blanco que no ensucian las manos, pero sí el sistema. Y cuando el propio gobierno aparece una y otra vez señalado por prácticas opacas, por desvíos, por simulaciones, es entonces cuando nos preguntamos, ¿qué le queda al ciudadano promedio? ¿Cómo se compite contra un sistema donde unos juegan con reglas y otros no juegan con ninguna?
En la élite local se volvió habitual convivir con esa ambigüedad. No importa si no disparaste un arma; prestaste tu nombre, tu empresa, tu estructura. Mientras el dinero fluya y la vida se vea cómoda, parece suficiente. Da la impresión de que es más delito no tener recursos que tenerlos de sobra, aun cuando su origen sea ilegal. Se castiga más la carencia que el exceso. Incluso hay quienes aspiran a esa comodidad aparente, a ese estatus que se presume sin hacer preguntas.
Este modelo termina distorsionándolo todo. El pequeño y mediano empresario que sí trabaja de forma legal queda atrapado en una competencia imposible. Paga impuestos, nómina, permisos, créditos. Vive con márgenes y riesgos reales. Compite contra negocios que no necesitan ser rentables, que pueden sostener pérdidas indefinidamente y fijar precios que ningún proyecto honesto puede igualar.
Así se va cerrando el camino para quienes intentan construir algo sostenible. Se castiga el trabajo bien hecho. Se agota al emprendedor formal. Se instala la idea de que cumplir la ley es un estorbo y no una base. La economía inflada no se queda en cifras; se traduce en proyectos truncos, en desgaste, en talento que se va porque aquí no encuentra condiciones justas para crecer.
Hablar de economía sostenible, en el fondo, es hablar de una economía que no se cae sola. De un sistema que permite trabajar, crecer y mantenerse sin tener que romper las reglas todo el tiempo. Cuando el dinero ilegal se mezcla con el legal, cuando los criminales de cuello blanco se vuelven parte del paisaje y cuando la simulación se normaliza, esa posibilidad se empieza a erosionar. Ya no gana quien trabaja mejor, sino quien aguanta más tiempo la simulación. Poco a poco, la economía deja de ser un espacio de oportunidades y se vuelve un terreno inclinado.
El resultado es una economía que aparenta solidez, pero es frágil. Funciona mientras nadie la sacude. Castiga al pequeño y mediano empresario, cansa al que sí cumple y vuelve casi imposible pensar a largo plazo. No porque falten ideas o ganas de trabajar, sino porque el piso no es parejo.
Culiacán necesita algo más que crecimiento económico. Necesita recuperar una idea de prosperidad que no esté desconectada de la ética. Defender a quienes generan empleo desde la legalidad, a quienes construyen sin atajos, a quienes viven de su trabajo y de ingresos normales. Sin eso, no hay desarrollo que aguante, por más lujoso que se vea desde afuera.
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