El máximo tribunal del país determinó que las sanciones previstas en el Código Penal de Oaxaca para castigar el feminicidio son constitucionales y compatibles con los principios de proporcionalidad y reinserción social. La resolución responde a la exigencia social de resultados institucionales más eficaces frente a la violencia feminicida y reconoce la gravedad de la violencia contra las mujeres.
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