El bienestar debería medirse no sólo en razón
de las condiciones de vida de la población, …,
sino en términos de preservación del medio ambiental natural.
Marisol Anglés

El cumplimiento de la palabra es piedra angular para establecer acuerdos. Este principio aplica especialmente para el largo y complicado caso del pretendido parque industrial en Topolobampo, encabezado por la empresa de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), que proyecta la producción masiva de amoniaco en la Bahía de Ohuira y de la casa Mexinol. La empresa presume tener 17 plantas similares alrededor del mundo, con pretensiones de ser la más grande de Latinoamérica, capacidad de producción de más de 2 mil 200 toneladas diarias de fertilizantes y de que puede cubrir al menos el 70 por ciento de la demanda nacional de unos 3 y medio millones de toneladas anuales.

Llama la atención las dimensiones que puede tener la planta y el número de 22 mil 500 hectáreas que son cuna de manglares y que potencialmente podrían ser afectadas. Como prueba de ello se tiene el lamentable registro de que en la construcción de las instalaciones industriales al menos 23 hectáreas del humedal que forma parte del Sitio Ramsar ya quedaron sepultadas por material que da cimiento físico a la planta. Los activistas defensores del medio ambiente y el pueblo yoreme mayo que se siente agraviado por los daños que ya padece con la planta de amoniaco en construcción, pues en los terrenos donde ahora se levanta la empresa están sepultados muchos ancestros del pueblo originario. Es, por lo tanto, un terreno sagrado. No hay cruces, desde luego, porque el principio de los días de la cultura local es anterior al arribo de toda religión moderna.

En estos momentos la empresa GPO está organizando una manifestación que partirá de las goteras de Los Mochis hasta las instalaciones de su planta en Topolobampo, todo ello para el próximo domingo 28, con el argumento de que la protesta yoreme mayo pone en riesgo las fuentes de empleo vinculadas al proyecto de su planta. Esa movilización patronal que ahora presiona a los obreros de la empresa para que asistan a la llamada contramarcha (en respuesta a la que hicieron quienes defienden el ecosistema y terrenos sagrados el pasado día 7), debe alertar sobre los riesgos que naturalmente implica su realización. El temor de Felipe Montaño, gobernador (cobanaro) tradicional y del movimiento ¡Aquí No! es que se esté incubando una confrontación entre quienes participen en la manifestación y los ciudadanos que están en el plantón.

El día viernes 12 se realizó una mesa de diálogo encabezada por la doctora Alicia Bárcena, secretaria de Semarnat, acompañada de personal de la Secretaría de Gobernación, del director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, del secretario estatal de Economía y otros más, y de parte del movimiento ¡Aquí No! El acuerdo central de esa reunión es que el diálogo no se interrumpiera. La doctora Bárcena se comprometió a reanudar las negociaciones a más tardar en una semana. Once días después el diálogo prometido no se ha retomado por Semarnat.

El único acercamiento fue de la Profepa, quien informó al movimiento ¡Aquí No! que es imposible entrar a inspeccionar las instalaciones de la planta GPO porque hay un amparo de la empresa. ¿Dónde quedó la palabra empeñada?

Desde 2012 los gobiernos actúan con el mismo formato: se desentienden de los tratados y convenciones internacionales, como es el caso del suscrito en la ciudad de Ramsar, Irán, que protege el humedal que se asienta en Ohuira y hasta extienden autorización para construir sobre áreas protegidas; mientras hay notarios que se prestan para declarar agostaderos a tierras donde nunca puso sus pezuñas una vaca, con el fin de que todo atentado al Sitio Ramsar tenga una “pátina de legalidad” y, por si fuera poco, no faltan jueces y magistrados que cierran con broche de oro los atropellos que en nombre del desarrollo imponen monopolios de la dimensión de Proman GPO, filial de la holding suizo-alemana Proman, en cuya inversión se agazapan los intereses de algunos políticos nacionales, socios menores sí, pero muy activos en defensa de la empresa que ahora llena de pesadillas las noches de Topolobampo.

Desde hace unos 14 años se iniciaron las diligencias para el establecimiento de la empresa y a partir de ese momento las comunidades indígenas de las inmediaciones de la Bahía han rechazado que se asiente por los daños irreparables al ecosistema protegido, afectando la actividad pesquera, el universo del manglar y la vida marina. Y si la naturaleza tiene alma y corazón, como lo sugiere el poeta Rubén Rivera, hay una hermosa criatura que habita en la Bahía que inspiró los sueños de Albert Kimsey Owen: El Pechocho, un delfín boca de botella. El arribo de ese simpático animal fue en medio de la tragedia llamada Ismael, aquel huracán huidizo que cobró la vida de varios pescadores de Topolobampo y, al parecer, dejó en la orfandad al Pechocho. Desde 1995, este solitario delfín se volvió guardián de la Bahía y representa la seguridad y la vida de todo el ecosistema local.

El cumplimiento de la palabra es piedra angular para establecer acuerdos, ¿quién lo duda? En estos momentos nuestra preocupación porque no se honre la palabra de parte de Alicia Bárcena y del Estado mexicano es tan grande como el Golfo de California, en cuyo litoral oriente anida hoy el inminente riesgo de tragedia, por lo demás evitable. La Semarnat declara que están procurando se cumpla con las normas de parte de la empresa GPO. No acepta ningún señalamiento sobre violación a las mismas en el actuar de funcionarios anteriores o actuales, lo que nos dice a voz en cuello que no está en su pensamiento ninguna posibilidad de parar la construcción de la planta de amoniaco, aunque esté muy claro que para adquirir el terreno, los permisos que deben extenderse por las dependencias federales y pasar por encima de las preocupaciones y derechos de los pueblos originarios, se impuso en todo momento el interés y las ambiciones de inversionistas. No es la creación de empleos la mortificación de esos capitales, es la ganancia. Tampoco hay vocación para el diálogo, por lo que, si han pasado ya 12 días y no regresó Alicia Bárcena, la marcha a la que convoca la empresa GPO y presiona a sus empleados para que asistan, representa realmente un intento de confrontación con el plantón de los yoremes mayos y el movimiento ¡Aquí No! Hacemos un llamado a la autoridad a tomar medidas precautorias que eviten actos de violencia. Vale.

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