Castigar el fake gubernamental desde la Ley

La guerra entre facciones del crimen organizado que exacerbó la tradicional violencia de Sinaloa a partir de septiembre 2024, ha evidenciado una incapacidad crónica de las autoridades para resolver los problemas de inseguridad y violencia en las urbes y las zonas rurales, pero más aún incrementó exponencialmente la desconfianza ciudadana en funcionarios públicos y autoridades que buscan minimizar los estragos de la violencia armada.

Casos documentados por medios de comunicación cuentan cómo personas e incluso familias enteras fueron víctimas de la violencia criminal debido a que confiaron en las autoridades estatales cuando “informaron” que cierta carretera o destino era seguro, como ocurrió en Altata, Imala o Mazatlán. Reiteradamente los funcionarios estatales se esfuerzan por aparentar que son destinos seguros pero las cifras de despojos de vehículos o desapariciones forzadas van en aumento y son imposibles de ocultar.

Es irresponsable que una autoridad cuya labor es proteger a la ciudadanía salga a decir a los medios de comunicación o en las conferencias semaneras que todo está seguro en Sinaloa, porque esa mala información puede llevar a una persona a tomar una decisión de viajar o salir confiando en que la autoridad lo “cuida” y en la realidad experimentar lo que todos saben pero las autoridades niegan: que la violencia está imparable.

De esta forma vemos destinos como Mazatlán acumulando decenas de desapariciones forzadas, que visitar Altata o Imala es un riesgo de ser despojado del vehículo o ser secuestrado, e incluso que circular en las mismas calles de las ciudades o zonas rurales sinaloenses es peligroso porque puede haber falsos retenes, ponchallantas, enfrentamientos armados, autos, domicilios o negocios incendiados. Sinaloa es una zona de guerra al nivel de las conflagraciones entre países, donde los rastros de la violencia se observan en las calles aún cuando las autoridades dicen que no pasa nada, que se vive tranquilo y que los índices delictivos están a la baja.

En este ejercicio de irresponsabilidad han marchado numerosas personalidades de los gobiernos municipales y del gobierno estatal, y aunque por fortuna las y los sinaloenses creemos cada vez menos en los funcionarios públicos, sigue resultando ofensivo que por mantener una imagen de gobernabilidad y paz se expongan a las personas a sufrir los efectos de la violencia.

Recordemos que, cuando recién estalló la denominada guerra, en el segundo semestre del año anterior, funcionarios estatales emprendieron una caminata por el río para demostrar que todo era paz y armonía, cuando en las zonas rurales y las ciudades comenzaba a gestarse una batalla que nos ha demostrado el poder de fuego de los grupos criminales, que compite muy de cerca con el de las fuerzas armadas federales. En esa ocasión el sentimiento ciudadano fue de molestia, y debido a que la manipulación de cifras o maquillaje de la violencia por parte de las autoridades estatales y municipales es sistemática y hasta irrisoria, esa molestia se tornó en indignación ciudadana.

Finalmente, ocurrió lo que por naturaleza sucede ante un persistente hartazgo social: cada vez son más comunes las manifestaciones, plantones, mítines u otras aglomeraciones ciudadanas que exigen paz, justicia, localizar personas o que sus autoridades de seguridad realicen su trabajo. De las concentraciones ciudadanas a los memoriales permanentes (como el colocado junto a la catedral de Culiacán), pasando por las declaraciones y denuncias en medios de comunicación, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, la ciudadanía sigue encontrando opacidad y burla de sus autoridades.

El siguiente paso fue, como es natural también, que se buscara frenar esa ola de desinformación gubernamental desde la Ley, y es por eso que un grupo de ciudadanos presentó el 2 de diciembre anterior una iniciativa para modificar el Artículo 40 de la Constitución de Sinaloa, con la finalidad de obligar a funcionarias y funcionarios públicos a emitir información de seguridad verídica pero, lo que es más efectivo, comprobable. El hecho de agregar la condicionante de que sea comprobable agrega un componente de confianza, debido a que actualmente toda la información oficial manipulada u oculta se vende como si fuera verdad, aún cuando afuera de las mañaneras o del Congreso del estado estuviera ocurriendo una balacera.

Debemos reflexionar entonces que esta iniciativa ciudadana que obviamente no prosperará (en seguida expondré por qué), no obedece al capricho de un sector golpeado por la violencia, como se quiso descalificar la presentación de la iniciativa de Ley. Ese esfuerzo presentado ante el Congreso estatal es la cumbre del hartazgo social, la representación de la máxima desconfianza en las autoridades, es un grito desesperado de ayuda ante la omisión de autoridades federales, es recurrir a la Ley porque quienes juraron cumplirla y hacerla cumplir nos dicen que todo está bien, mientras Sinaloa arde bajo todo tipo de violencias.

Las y los ciudadanos que presentaron la iniciativa de Ley que busca sancionar con inhabilitación del cargo o multas a los funcionarios públicos que emitan información de seguridad falsa, manipulada y no comprobada, saben que su propuesta no irá más allá de un escritorio; es más, es probable que ya se haya “procesado” en una trituradora de papeles.

Por su parte el resto de la ciudadanía opinamos lo mismo, debido a que, si bien dicha iniciativa es la representación formal del hartazgo social, su aprobación -o siquiera discusión en comisiones o en el pleno del Congreso– es impensable. Desde esas curules también se voltean los rostros cuando se habla de violencia, se apoyan las manipulaciones de los gobiernos, se legitiman decisiones, se repiten discursos oficiales y se siguen órdenes fielmente.

Sin embargo, aún cuando el esfuerzo parece perdido, no debe menospreciarse y debería encender una alarma en los despachos del gobernador del estado y de los alcaldes, ya que el hartazgo social seguirá buscando por dónde manifestarse, escenarios dónde expresar su molestia. La cadena de manifestaciones del hartazgo social, de seguir así, llegará hasta las elecciones del 2027, y ahí es cuando veremos si la maquinaria oficial electorera será más poderosa que una sociedad harta de ser víctima de toda clase de violencias.