Ceder no siempre es opción

En junio, durante la Women’s Leadership Summit 2026, en un salón de convenciones en San Antonio, Texas, casi tres mil mujeres conservadoras aplaudieron una idea que hace apenas cinco años habría sido impensable en un evento con cámaras: que el voto no debería ejercerse por persona, sino por hogar, con el esposo como representante político de la pareja. La propuesta no tiene ruta legal: derogar la Decimonovena Enmienda exigiría dos tercios del Congreso y la ratificación de treinta y ocho estados, un umbral que ningún analista serio considera alcanzable. Pero la amenaza nunca fue jurídica, fue siempre cultural. Cada vez que una idea así se pronuncia en un escenario y no en el anonimato de una red social, la conversación pública se mueve un poco, y lo que antes cerraba una carrera política hoy se convierte en tema de conferencia.

Ese desplazamiento tiene una traducción corporativa que toca directamente mi trabajo. John Deere anunció que dejará de respaldar eventos de “conciencia cultural” como los desfiles del Orgullo, y que auditará documentos internos para retirar criterios de Diversidad, Equidad e Inclusión, (DEI). McDonald’s abandonó metas específicas de diversidad y dejó de participar en las encuestas externas que medían su composición demográfica. Amazon, por su parte, comunicó en un memo interno que recortaría capacitaciones diseñadas para atender disparidades puntuales de representación, sin precisar cuáles, aunque mantuvo sus grupos internos de empleados afrodescendientes, LGBTQ+, mujeres e indígenas: un repliegue deliberadamente impreciso, que retira la formación, pero conserva la fachada comunitaria. Son empresas con plantas, franquicias y proveedores en México, y ninguna tomó esas decisiones pensando en sus operaciones mexicanas: las tomaron mirando hacia Washington, y México quedó del lado que recibe la consecuencia, no del lado que participa en la decisión.

La legislación mexicana no se mueve en la misma dirección que el discurso de la matriz estadounidense. Mientras en Estados Unidos se audita el lenguaje inclusivo para borrarlo, en México avanzan reformas que amplían la protección contra la discriminación interseccional. Una filial que hereda sin más el repliegue cultural de su casa matriz no solo abandona un compromiso ético: puede estar desalineándose de su propio marco legal local.

Sin embargo, no todas las empresas cedieron, y ese contraste es la evidencia que necesitamos para no tratar el retroceso como destino inevitable. Cuando un grupo de analistas conservadores presionó a Costco para que evaluara los “riesgos” de sus políticas de inclusión, el 98% de sus accionistas votó en contra. Apple y JP Morgan Chase reforzaron sus programas en el mismo periodo en que otras empresas los desmantelaban. Detrás hubo cálculo, no ingenuidad: sus propios asesores consideraban pasajera la presión conservadora, y ninguna empresa sacrifica una reputación construida durante años por algo temporal. Deere y Costco enfrentaron una presión parecida; lo que cambió fue cómo decidieron responder a ella.

Se ha pensado que la empresa es un actor neutral, cuya función es reportar lo que ya ocurre y adaptarse al entorno que le toca. Esa neutralidad es una ficción cómoda. La responsabilidad social, bien entendida, es una postura institucional que a veces implica remar contra la corriente política del momento, sostener un compromiso precisamente cuando sostenerlo deja de ser gratuito. Costco tampoco demostró que la inclusión sea rentable de forma automática; demostró algo más sencillo: que ceder no era la única opción disponible, y que alguien decidió no tomarla.

Lo que pasó en San Antonio y lo que decidió el consejo de Costco meses después, en el fondo, plantean la misma pregunta: una en el idioma de la política, otra en el de los negocios. En ambos casos, alguien tuvo que decidir si el retroceso cultural se recibe como clima inevitable o como propuesta que todavía se puede rechazar.

Las empresas que operan en México, con proveedores, empleadas y comunidades que no votaron por ese clima, tienen ahí una responsabilidad que no aparece en ningún reporte GRI: la de decidir de qué lado del salón se quieren sentar.