Los momentos críticos nos definen. Tienen, además la virtud de iluminar los caminos que ofrecen opciones de solución. Sinaloa ha vivido en los últimos días dos instantes que son fiel retrato de los riesgos que se corren cada día en la presente crisis de violencia. Es muy importante que rescatemos la experiencia vivida en estos días y el papel que desempeñó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en esos acontecimientos. Nos referimos a la crisis que bañó al penal de El Castillo en Mazatlán y a la situación de pesadilla que se incubó en la comunidad de La Laguna Colorada.

Las cárceles son espejo de la sociedad. Los problemas que vivimos en las calles, en los centros de trabajo y en la vida colectiva, también se viven al interior de los penales. Algunos quizá se magnifiquen en la población privada de la libertad, mientras otros se tratan de manera ordinaria como lo hacemos afuera. Pero el sistema penitenciario es muy sensible a cualquier cambio que se vive más allá de sus muros y la profundización de la crisis de seguridad que tenemos desde hace poco más de dos años no podía ser la excepción. Identifiquemos los elementos centrales que dan perfil a nuestros penales, con el fin de que nos ayuden en la explicación de sus problemas.

Las cárceles que sobreviven en Sinaloa (recordemos que antes había una por municipio) tienen el perfil de lo que se llama de mediana seguridad. Lo que debe garantizar el internamiento de personas que han cometido delitos del orden federal, que no se hayan clasificado como personas de alta peligrosidad. Partiendo de ese criterio y lo que la experiencia penitenciaria nos enseña: que solo el 10 por ciento de la población interna es problemática, con una buena burocracia, la administración de los penales debe marchar sin mayores tropiezos. A todos nos consta que lo que sobran son complicaciones. Agreguemos las observaciones de la CNDH y de la CEDH: instalaciones sobrepobladas e inadecuadas en general, servicios de salud insuficientes, perfil no idóneo del personal de diferentes áreas, entre otras cosas.

A todo ello hay que sumar la capacidad de organización de una parte de los internos, que conforma lo que se llama el autogobierno. Reconozcamos que para que estallen conflictos en centros de reclusión, donde de antemano hay condiciones que lo facilitan, no es difícil. Un elemento que resulta ingrediente especial es la corrupción, pues ella permite privilegios para una élite interna y la introducción de armas, que vuelve más letal cada conflicto interno, pues no es la misma enfrentarse con los puños que en las condiciones del penal El Castillo, los días 7 y 8 pasados.

Cuando sobrevienen los conflictos internos, la situación se complica aún más porque las familias de los internos hacen presencia en las puertas de los penales exigiendo información sobre sus seres queridos. Y no siempre fluye con la oportunidad que el momento crítico exige.

En el segundo día de la crisis decenas de familiares tomaron la carretera México 15, frente a El Castillo, exigiendo información sobre sus internos y facilidades para pasar a verlos. Sin dejar de observar las condiciones que el momento difícil planteaba, la información y la atención tardaron en llegar a esas familias. El diálogo salvó la situación, pues permitió llegar a acuerdos con esa población inconforme. La CEDH hizo presencia en las inmediaciones del penal y medió entre esas familias y las autoridades. Al final entraron dos grupos de familiares, que se entrevistaron con sus internos y dieron testimonio de la situación en los módulos. Eso resolvió una situación que pudo haberse conflictuado aún más.

La otra situación es la vivida en la comunidad de La Laguna Colorada. Esta comunidad surgida al lado de una depresión natural que formó una represa, fue en los tiempos del porfiriato un punto geográfico de paso para la madera de brasil que se exportaba a Alemania para el curtido de pieles. Al atascarse las carretas con troncos de brasil no pocos de esos trozos quedaron en las aguas, que se vistieron del rojo intenso que obsequia el corazón de esa planta. De acuerdo a viejas historias allí está el origen de su nombre. El pasado día miércoles 14 una insistente llamada de una vecina de La Laguna Colorada urgía la presencia nuestra porque, de acuerdo a su narrativa, autoridades policiales estaban presentes en la comunidad violando los derechos humanos de una familia. Acudimos para atender la petición.

Encontramos una casa asegurada, una señora adulta mayor detenida y un nutrido número de mujeres que no permitían la salida de las patrullas con la ciudadana privada de la libertad. ¿De qué se quejaban las mujeres? De que la autoridad no presentó la orden de cateo antes de realizar la diligencia, que no solicitaron la presencia de algún testigo para que diera fe de la acción de la autoridad y cuando leyeron la orden judicial señalaron que la finca cateada era la incorrecta, sin entrar en detalles digamos que si en el actuar de las policías y del ministerio público (que sí estuvo presente) no se observan los protocolos que la Ley establece, se abona en contrario del prestigio de la misma autoridad, complicando además la relación de respeto que se deben ciudadanos y autoridad. No fue fácil mediar en esa situación, pues la autoridad quiso salir del lugar con la detenida y el grupo de mujeres se opuso. Entre los policías que quisieron forzar la salida, hubo uno que se violentó lastimando a una de las mujeres y golpeando a un periodista, lo que llevó a complicar peligrosamente la situación. La CEDH planteó que nuestro director de quejas acompañara a la detenida hasta las instalaciones de la FGR y se permitiera que una familiar de la detenida siguiera al convoy policial. Lo que fue aceptado por la autoridad y las vecinas. Esa acción salvó el difícil momento. La CEDH ayudó en las dos jornadas especiales a que estas concluyeran sin que las cosas se convirtieran en una tragedia. La mediación en ambos casos valió la pena. Vale.

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