Cuando el consentimiento es opcional, la violencia es legal

Durante años, cuando se hablaba de aborto, las mujeres con discapacidad casi nunca aparecían en la conversación. No porque no aborten, no porque no se embaracen, sino porque se les ha negado algo más básico: el derecho a decidir sobre su propio cuerpo

En México, y particularmente en Sinaloa, la vida reproductiva de las mujeres con discapacidad ha estado marcada por una lógica peligrosa: la idea de que alguien más sabe mejor que ellas qué hacer con su cuerpo. Médicos, familiares, instituciones, jueces. Todos menos ellas.

Por eso era tan grave que el Código Penal de Sinaloa permitiera la interrumpir los embarazos sin el consentimiento de la gestante cuando se considerara que estaba “imposibilitada” para decidir. Esa palabra -imposibilitada- concentra siglos de violencia.

¿Quién decide quien puede decidir? ¿bajo qué márgenes y desde dónde?

En la práctica, esa norma abría la puerta a que el aborto se autorizara sin preguntar, sin explicar, sin escuchar. No como una medida excepcional, sino como una facultad legal. Y cuando el consentimiento se vuelve opcional, el cuerpo deja de ser territorio propio y pasa a ser administrado por otros poderes

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó esa porción de la ley. El congreso de Sinaloa fue notificado desde 2023 y no lo hizo. La corte tuvo que intervenir y declarar la norma inconstitucional con efectos generales. Pasó eso y es importante, pero lo verdaderamente urgente es entender por qué nunca debió existir

Las mujeres con discapacidad no solo han sido excluidas del debate sobre derechos reproductivos. Han sido sistemáticamente infantilizadas. Se les ha tratado como si no entendieran, como si no sintieran, como si no tuvieran deseos ni proyectos. Como si el embarazo fuera algo que simplemente les ocurre y no algo sobre lo que pueden decidir

Esa idea sobre las personas con discapacidad ha justificado esterilizaciones forzadas, anticoncepción impuesta, maternidades obligadas y también abortos sin consentimiento. Todo bajo el mismo argumento: “es por su bien”.

Pero la discapacidad no elimina derechos. No borra la autonomía. No cancela la capacidad jurídica. Lo que hace es exigir algo más incómodo para el Estado: tiempo, apoyos, ajustes, escucha. Es más fácil decidir por alguien que garantizarle su derecho a decidir.

Cuando una mujer con discapacidad no comprende un procedimiento médico, la respuesta no debería ser excluirla de la decisión, sino explicar mejor. Usar otro lenguaje. Acompañar, esperar, respetar. Tratar, en medida de lo posible informarle sobre los procesos en su cuerpo. Sustituir la voluntad lejos de cuidarla, es controlarla.

La norma que existía en Sinaloa no era un simple error técnico ni un descuido legislativo. Era el reflejo de una cultura que sigue creyendo que hay cuerpos menos dignos de consentimiento. Cuerpos sobre los que se puede intervenir sin pedir permiso. Cuerpos que no importan lo suficiente como para detenerse a preguntar

Que el congreso no haya corregido esa ley a tiempo también dice mucho. Dice que los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad no han sido prioridad. Que su autonomía puede esperar, que ahorita “eso no es importante”.

Por eso este cambio, aunque haya llegado tarde, importa muchísimo. Pone un límite claro: que nadie puede decidir un aborto sin el consentimiento de la mujer o persona gestante. Ni el Estado. Ni la familia. Ni el personal médico. Ni bajo el pretexto de discapacidad

Reconocer esto es lo mínimo, de lo contrario se alimenta la idea de que hay mujeres a las que no hace falta preguntarle

El reto no solo es cambiar las leyes, también hay que cambiar la pregunta. Hay que dejar de preguntarnos quién puede decidir y empezar a cuestionarnos por qué al Estado le cuesta tanto confiar en la voluntad de las mujeres, sobre todo cuando son pobres, cuando son discapacitadas, cuando no encajan en la idea de autonomía que les resulta cómoda y bonita

Escuchar la voluntad de una mujer con discapacidad toma tiempo. Imponer una decisión toma apenas unos segundos. Durante años el Estado eligió lo segundo y eso también es una forma de violencia.