Hay leyes que protegen a los ciudadanos. Hay leyes que protegen al Estado, y hay leyes que, en un ejercicio de cinismo legislativo pocas veces tan visible, protegen al funcionario que las escribió. La “Ley Rocha” o “Ley Tapadera” pertenece, sin duda, a esta última categoría.
Rubén Rocha Moya envió esta iniciativa de Ley de Transparencia al Congreso de Sinaloa justo antes de solicitar licencia al cargo, en medio de acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
La iniciativa extingue la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y la sustituye por un organismo adscrito al propio Ejecutivo. El gobierno se convierte en juez y parte de su propia transparencia. Además, amplía los plazos de respuesta a solicitudes ciudadanas, permite reservar información sobre gasto público, elimina la obligación de publicar contratos de arrendamiento, bitácoras de vuelos y listas de vehículos oficiales, y excluye como sujetos obligados a partidos políticos, sindicatos y universidades.
El nombre que la sociedad civil le ha dado no es un insulto, es una descripción técnicamente precisa de su función.
El compliance es el conjunto de principios y mecanismos que garantizan que una institución opere con integridad, prevenga la corrupción y rinda cuentas, tiene un pilar insustituible: la transparencia. Sin información accesible y verificable sobre cómo se ejercen los recursos públicos, no hay auditoría posible, no hay contraloría efectiva, no hay sociedad civil vigilante.
La Ley Rocha no ataca ese pilar accidentalmente. Al convertir al Ejecutivo en su propio árbitro de transparencia y ampliar los márgenes de reserva de información, esta iniciativa no solo limita el acceso a datos públicos, destruye la arquitectura básica que hace posible cualquier sistema de integridad institucional. Convierte el compliance en papel mojado.
La evidencia de por qué eso importa ya existe. Gracias a solicitudes de transparencia —el mismo mecanismo que esta ley busca cerrar—, la ciudadanía sinaloense pudo documentar contratos de obra pública que presuntamente beneficiaron a familiares del gobernador, gastos personales cargados al erario por funcionarios, viajes oficiales con facturas de chocolates. Todo eso fue posible porque había un sistema, imperfecto pero funcional, para saber qué hacía el gobierno. La Ley Rocha no propone mejorarlo. Propone clausurarlo.
Las consecuencias son predecibles. Mayor impunidad en el gasto público, al desaparecer la obligación de transparentar contratos clave. Mayor riesgo para el periodismo de investigación, en una entidad que ya es de las más peligrosas para la prensa y deterioro del entorno para la inversión formal.
El compliance, en su raíz, no es un asunto técnico. Es una decisión política. La decisión de que las reglas valen más que los intereses de quienes las administran, la decisión de que la transparencia no es una concesión del poder a los ciudadanos, sino una condición de su legitimidad.
Las organizaciones que exigen el desecho de esta iniciativa no solo están ejerciendo un derecho. Están defendiendo la viabilidad misma de la rendición de cuentas en Sinaloa.
Si el Congreso aprueba esta ley —como parece dispuesto a hacerlo—, Sinaloa habrá decidido, en uno de los momentos más críticos de su historia, hacer su gobierno más opaco. Lo habrá hecho con la firma de un gobernador acusado de corrupción y vínculos con el narco.
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