La Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental 2026 del INEGI ubicó a Sinaloa como el tercer estado con mayor tasa de víctimas de corrupción en el país, con casi 20 mil casos por cada 100 mil habitantes. En 2023, el 56% de los sinaloenses decía confiar en su gobierno estatal. Hoy ese número es 27%. En tres años, la confianza se redujo a la mitad.

Desde la Responsabilidad Social Empresarial y el liderazgo sostenible, la confianza institucional no es un valor aspiracional ni materia de discurso. Es el suelo sobre el que se construyen los acuerdos, las inversiones, la disposición ciudadana de participar en la vida pública. Cuando ese suelo se erosiona, todo lo que se intenta edificar encima tambalea, sin importar el presupuesto ni las intenciones.

Sinaloa llega a estos números con un contexto que no se puede ignorar. La guerra interna del crimen que estalló en septiembre de 2024 fracturó la vida cotidiana y dejó expuesta la fragilidad de las instituciones. A eso se sumó, en abril de 2026, la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Lo que quedó no es solo una crisis política. Es la sensación extendida de que las reglas del juego no aplican para todos.

En ese escenario, esta semana, 13 personas se registraron para encabezar la candidatura de Morena a la gubernatura de 2027. El periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga señaló en Aristegui Noticias que al menos diez de esos trece aspirantes forman parte, de una manera u otra, del equipo político de Rubén Rocha Moya.

Los nombres dicen más que cualquier declaración. Tere Guerra Ochoa fue Secretaria de las Mujeres en el gabinete de Rocha, luego presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, desde donde operó su agenda legislativa y avaló sus cuentas públicas. Ella misma lo reconoció al registrarse: “hice equipo con él, no puedo negar mi historia”. Imelda Castro, quien encabeza las encuestas, también construyó su trayectoria dentro del mismo bloque político, aunque ahora busca distancia pública del caso. Graciela Domínguez, Jesús Ibarra, Feliciano Castro: todos con rutas que en algún punto convergieron con la administración que hoy está bajo investigación.

En este punto vale la pena preguntarse quién gobierna realmente a Sinaloa. No la persona que firma los decretos, sino el grupo que opera detrás. Gobernar un estado no lo hace una sola persona: lo hace una red de operadores, legisladores, secretarios, cuadros territoriales. Esa red, en Sinaloa, ha operado bajo el paraguas de Rocha Moya los últimos años. Que ahora sus integrantes se desmarquen públicamente de él no deshace los vínculos ni los compromisos que construyeron juntos.

El 27% de confianza que heredará quien gane en 2027 es una deuda que no se liquida con cambiar la cara visible del grupo. Se necesita algo más difícil: cambiar lo que ese grupo ha normalizado. De momento, lo que el proceso interno de Morena muestra es que Sinaloa se prepara para estrenar gobernante sin estrenar grupo.

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