Dolores en la inseguridad y la postcrisis

¿Qué juez hará caso de tu huella?
¿Qué justicia tendrás, qué historia recogerá tus pasos?
¿Qué lluvia mantendrá húmeda tu memoria?
Víctor Joel Armenta

Año y medio de un conflicto armado nos obliga a revisar definiciones y compromisos. Después de 18 meses de una crisis humanitaria que se ha profundizado debemos preguntarnos de nuevo si el origen de la tragedia actual se ubica el día 9 de septiembre de 2024. Y abordando con toda la seriedad la interrogante la respuesta que nos debemos es no. Tampoco fue que la bola de nieve que se nos vino encima arrancó el 25 de julio del año mencionado. Este presente y todas sus consecuencias nos alcanzaron en la aurora de los años setenta del siglo anterior. ¿Nos dimos cuenta en aquellos días que el narcotráfico y sus violencias atropellaban nuestro caminar? Sí. Hay uno y mil testimonios de esa verdad. Y también de la respuesta que se dio: la Operación Cóndor.

¿Hubo alguna otra iniciativa a la par de la Operación Cóndor? Sí. De alguna manera el nacimiento del Difocur debemos tomarlo como un esfuerzo en el terreno de la difusión de la cultura, aunque nunca hubo referencias sobre complementariedad. Entre las limitaciones que distinguen a las autoridades está hasta el nombre de la Operación. Los gringos bautizaron a todo su ejercicio de persecución y combate a los movimientos de izquierda en América del Sur como Plan u Operación Cóndor. En México no tenemos la presencia de esa enorme ave sudamericana, pero sí la traumática omnipresencia gringa que estaba interesada no sólo en meter sus manos en el combate al narcotráfico, sino en el exterminio de los movimientos progresistas, especialmente de la guerrilla.

Nunca hubo una estrategia cultural que atendiera a una diáspora masiva que bajó de la sierra y que una parte considerable de ella engrosó la mancha urbana de Culiacán, Guamúchil y Guasave, mientras otros migraron hacia entidades del norte del país y hacia los Estados Unidos, sin faltar quienes enfilaron su destino a los estados de Jalisco, Colima y el sureste mexicano. Nuestra respuesta pura y dura fue la que se ofreció desde las armas. Las consecuencias fue la migración mencionada. Alrededor de 2 mil comunidades desaparecieron de la geografía sinaloense y parte de la sierra de Durango y casi 100 mil personas tuvieron que dejar querencia, bienes y costumbres, para reiniciar sus existencias y proyectos de vida.

Apostamos al elemento violencia del Estado como remedio definitivo ante la violencia que parían los grupos de la delincuencia. Y, con ello, un problema que era casi nuestro lo volvimos un dolor de cabeza de todos, pues con el tiempo son incontables las entidades donde hay presencia de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y la violencia. Fue el llamado efecto cucaracha, esa medida del Estado que hace migrar a quien persigue sin omitir su oficio delictivo.

Llamamos la atención porque 18 meses después de beber angustias y comer desvelos, la estrategia de combate al viejo problema del narcotráfico y de la violencia no ha cambiado. No ponemos en duda las buenas intenciones de la autoridad en su esfuerzo por alcanzar la tranquilidad en las calles y estimular la actividad económica. Pero lo que se registra con frecuencia en su actuar no deja dudas sobre el poco aprendizaje que nos deja medio siglo de política de seguridad.

Lo que se vivió al sur de la ciudad de Culiacán el pasado jueves 19, no debe quedar como un registro más de lo que se observa en este mal momento. El saldo oficial de un operativo fue 11 muertos y tres heridos (estos de las fuerzas de seguridad). Este lamentable saldo no es un hecho aislado, por desgracia. Y nos habla de manera contundente que sin ver un fin cercano a nuestra crisis de seguridad, las pérdidas en vida, los desplazamientos por razones de violencia y la desaparición forzada de personas no para. A veces nos alegramos cuando nos dice la autoridad que algunos índices delictivos tienen modestas caídas, pero preocupa que las acciones de la misma autoridad incrementen los lamentables saldos. No queremos poner en duda la ética con que se actúa a la hora del trabajo, pero no deja de llamar la atención esos saldos.

Y en las definiciones a que nos invita esta coyuntura es que seamos muy claros, en un Estado de derecho quienes delinquen deben estar en la cárcel, no en el panteón. Abatir, como le llaman en la jerga de la guerra, no es lo que se persigue en la lucha contra el delito, sino que comparezcan quienes cometen conductas antisociales ante un juez. Y con lo que se ha registrado en este año y medio, no lo estamos logrando. Es cierto que hemos perdido al menos 81 elementos entre policías locales, federales y de las fuerzas armadas, pero el actuar de la autoridad es por mandato Constitucional (contemplando los derechos humanos de los presuntos delincuentes) y no por venganza. En tiempos críticos y tan difíciles como los que estamos viviendo, debe imponerse el actuar transparente de las autoridades, con el fin de que no quede ni pizca de duda sobre su actuar, porque ello la fortalece y la identifica más con la sociedad a la que pertenece.

Hemos arribado a un punto y a un momento especiales, que bien pueden marcar la inflexión de la crisis que padecemos. Hay quienes en voz baja empiezan a plantear que se recurra a instancias humanitarias de la ONU para que una fuerza de paz medie en este inacabable conflicto. Soy partidario de que la sociedad sinaloense cuenta con los recursos y fuerza moral suficiente para convocar a la autoridad a compartir mesa y diálogo, con el fin de buscar y diseñar la senda que tenemos que transitar para alcanzar la postcrisis. Y para ello la sensibilidad de las autoridades no debe esperar, como tampoco el reconocimiento de que la estrategia aplicada no nos obsequia los saldos de paz y seguridad prometidos. Con toda la disposición de compartir propuestas, la sociedad espera. Vale.

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