El INE no necesita ser intocable, necesita ser confiable

Luis Armando Becerra-Pérez
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Roberto Alonso Ramos-Álvarez
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“La confianza tarda años en construirse y segundos en romperse” es un proverbio popular que puede ser aplicado al INE, actualmente sumido en una de sus peores crisis de confianza. La democracia mexicana no se sostiene únicamente con elecciones periódicas. También necesita instituciones confiables, independientes, con recursos públicos bien administrados y ciudadanos convencidos de que su voto cuenta. Actualmente el INE está en el ojo del hurcán.

La discusión adquirió especial relevancia en octubre de 2026, luego de que se hicieran públicas investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones del INE. De acuerdo con información periodística sobre el informe del Órgano Interno de Control (OIC), se reportaron 16 expedientes de investigación iniciados durante 2025 y 2026, de los cuales 11 estarían relacionados con contrataciones públicas. Los procedimientos involucran a funcionarios y ex-funcionarios, particulares y empresas. Entre las conductas bajo investigación se mencionan posibles conflictos de interés, simulación de requisitos, abuso de funciones y uso irregular de recursos. (El país,México, 2026).

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación de oficio ante indicios de posibles irregularidades en contratos del instituto, entre ellos presunta colusión, conflictos de interés y triangulación de recursos. Es importante subrayar que una investigación no equivale a una sentencia ni demuestra por sí misma que las personas señaladas hayan cometido un delito. La responsabilidad debe establecerse mediante procedimientos legales, pruebas y resoluciones de las autoridades competentes (El economista, 2026)

Estos hechos, sin embargo, sí justifican preguntas legítimas: ¿por qué los mecanismos de vigilancia no detectaron o detuvieron oportunamente las posibles irregularidades? ¿qué tan independientes son las instancias encargadas de investigar? ¿cómo se seleccionan los proveedores? ¿qué controles existen para impedir que las relaciones personales o políticas influyan en las decisiones administrativas? ¿desde cuándo vienen esos problemas de presunta corrupción?

El problema no es exclusivo del INE. En cualquier institución pública, la corrupción puede manifestarse mediante licitaciones simuladas, acuerdos entre proveedores, sobreprecios, favoritismo, conflictos de interés, contratación de personas sin el perfil requerido o utilización de recursos para fines distintos a los autorizados. En el caso de una autoridad electoral, el daño potencial es mayor porque compromete la credibilidad de una institución que debe actuar con imparcialidad frente a todos los partidos.

La investigación académica de Monsiváis Carrillo (2020), sobre corrupción y legitimidad democrática en México, muestra que la percepción de corrupción puede disminuir el respaldo ciudadano a la democracia. En otras palabras, cuando las personas consideran que las instituciones públicas operan mediante privilegios o intereses particulares, no solamente desconfían de sus funcionarios: también pueden perder confianza en las reglas que organizan la vida política.

El INE es resultado de una transformación institucional que buscó reducir la intervención del gobierno en la organización de las elecciones. Su antecedente fue el Instituto Federal Electoral (IFE), creado en 1990, que posteriormente adquirió mayor autonomía con la reforma electoral de 1996.

En 2014, una nueva reforma transformó al IFE en INE y amplió sus atribuciones nacionales, particularmente en la coordinación del sistema electoral y la relación con los organismos públicos locales.

Actualmente, su estructura comprende órganos directivos, técnico-ejecutivos y de vigilancia. Entre los primeros destaca el Consejo General, máxima autoridad de dirección, integrado por una conseja presidenta y diez consejeros electorales con derecho a voz y voto. También existen la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, direcciones ejecutivas, unidades técnicas, órganos desconcentrados en las entidades federativas y juntas distritales. (INE, 2024).

Esta estructura responde a la complejidad de organizar elecciones en un país de dimensiones territoriales, sociales y políticas como México. El padrón electoral, la credencial para votar, la instalación de casillas, la capacitación de funcionarios, la fiscalización de partidos y la coordinación con autoridades estatales requieren personal especializado y presencia territorial.

La investigación de Ramírez Ramírez y colaboradores (2024) sobre la confianza en los institutos electorales mexicanos identifica que esta se relaciona con factores políticos e institucionales, así como con el contexto de Estado de Derecho de cada entidad. Por su parte, Juárez Rodríguez y Rodríguez Estrada (2022) advierten que la confianza en el INE no es necesariamente idéntica a la confianza en los procesos electorales. Esto significa que la legitimidad institucional no depende solamente de organizar correctamente una elección, sino también de mantener una relación transparente y comprensible con la ciudadanía.

La autonomía, por tanto, no debe confundirse con ausencia de controles. El INE necesita independencia frente al gobierno y los partidos, pero también rendición de cuentas sobre sus decisiones administrativas, presupuesto y desempeño.

¿Qué reformas necesita el INE?

1. Fortalecer la independencia del Órgano Interno de Control. La instancia responsable de investigar y sancionar irregularidades administrativas debe contar con autonomía técnica, presupuesto suficiente y garantías para actuar sin presiones de la presidencia del instituto, de los partidos o de los grupos parlamentarios. Su titular debería seleccionarse mediante un procedimiento público, con evaluación de experiencia, trayectoria, posibles conflictos de interés y comparecencias abiertas. También tendría que presentar informes periódicos sobre denuncias recibidas, investigaciones iniciadas, tiempos de resolución y sanciones firmes.

2. Crear un sistema público de contrataciones electorales. Cada licitación, adjudicación directa y contrato debería estar disponible en una plataforma de consulta sencilla, con información sobre proveedores, propietarios o beneficiarios finales cuando legalmente proceda, montos, justificaciones, modificaciones, entregables y evaluaciones del servicio. Además, sería conveniente establecer alertas automáticas para detectar proveedores relacionados, ofertas sospechosamente similares, concentración de contratos, precios atípicos y empresas con antecedentes de incumplimiento. La tecnología no sustituye las auditorías, pero puede facilitar la detección temprana de riesgos.

3. Profesionalizar la administración y reducir la discrecionalidad. Los puestos administrativos deben asignarse mediante criterios verificables de capacidad, experiencia y mérito. La institución requiere reglas claras para nombramientos, promociones, remuneraciones y evaluación del desempeño. También es necesario revisar las áreas que realizan funciones semejantes, identificar duplicidades y justificar la permanencia de cada unidad con indicadores de productividad y resultados. La austeridad debe basarse en evidencia, no en recortes indiscriminados que afecten la organización electoral.

4. Reorganizar funciones sin concentrar el poder. Es posible revisar la distribución de responsabilidades entre la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, las direcciones y las unidades técnicas para evitar que una misma área concentre la autorización, ejecución y supervisión de una operación. La separación de funciones es una herramienta básica de control administrativo. Quien solicita una compra no debería ser la única persona que autorice, supervise y certifique su cumplimiento. Los procedimientos relevantes deben contar con controles cruzados y trazabilidad documental.

5. Mejorar la selección de consejeros y altos funcionarios. La designación de las consejeros electorales debe preservar el procedimiento constitucional y la participación de los órganos competentes, pero puede fortalecerse mediante evaluaciones públicas de conocimientos, experiencia, independencia, integridad y trayectoria profesional. Las entrevistas, declaraciones de intereses y criterios de evaluación deberían ser accesibles a la ciudadanía. La finalidad no es eliminar la participación política prevista en la Constitución, sino reducir la opacidad y elevar los estándares de idoneidad. Incluso puede considerase que la H. Cámara de Diputados, además de seleccionar a los consejeros, nombre tambipén los puestos claves de la estructura administrative del INE con el objetuvo de poner contrapesos al interior de la institución.

6. Incorporar una evaluación ciudadana e institucional permanente. El INE podría publicar un informe anual de desempeño que no se limite al número de elecciones organizadas o de credenciales expedidas. Debería incluir indicadores de eficiencia presupuestaria, calidad de los servicios, cumplimiento de auditorías, tiempos de atención de quejas, transparencia contractual, capacitación electoral y percepción ciudadana. Universidades, centros de investigación y organizaciones civiles podrían participar en evaluaciones externas mediante convocatorias abiertas y metodologías públicas. Estas propuestas no requieren necesariamente eliminar órganos o reducir el número de consejerías. Algunas pueden instrumentarse mediante acuerdos administrativos, reglamentos y convenios de fiscalización; otras requerirían reformas legales. La discusión debe identificar con precisión qué cambios corresponden a cada nivel normativo.

En general, la reforma debe proteger la autonomía, no convertirla en una moneda de cambio político. Uno de los mayores riesgos de una reforma electoral es que, bajo el discurso de combatir la corrupción o reducir el gasto, termine modificando las reglas para favorecer a quienes ejercen el poder. La autonomía del INE tiene una razón histórica: impedir que el gobierno en turno controle la organización de las elecciones y pueda influir indebidamente en la competencia política.

México necesita una autoridad electoral capaz de organizar elecciones confiables, pero también una institución que explique cómo gasta, quién toma las decisiones, cómo contrata, qué resultados obtiene y qué sucede cuando alguien incumple sus responsabilidades.

Las investigaciones sobre posibles irregularidades conocidas en octubre de 2026 representan una oportunidad para revisar los mecanismos de control interno, las contrataciones y la supervisión administrativa. Pero el resultado de esa revisión debe sustentarse en pruebas y resoluciones, no en condenas anticipadas. Si se acreditan responsabilidades, las sanciones deben aplicarse sin distinciones jerárquicas ni partidistas. Además, se debe procurar en todo momento resarcir el daño, obligando que se devuelva a la hacienda pública los recursos desviados.

El INE no necesita ser intocable, necesita ser confiable. Su transformación debe partir de una premisa fundamental: la autoridad que organiza las elecciones debe demostrar, todos los días, que sus decisiones responden al interés público y no a intereses particulares.

Queremos terminar este escrito como lo empezamos, con un proverbio adjudicado al teólogo inglés Thomas Fuller: “el momento más oscuro de la noche es justamente antes de amanecer” (It is always darkest just before the day dawneth). Por lo tanto, deseamos que la crisis actual sirva para mejorar todo el sistema electoral mexicano (nacional y estatales), que origine un INE versión.2, independiente, incorruptible, con contrapesos y filtros que eviten que intereses políticos y económicos puedan meter la mano, de tal forma que tengamos un árbitro que garantice la democracia en el resto del siglo XXI.

Referencias

Auditoría Superior de la Federación. (2026, 23 de octubre). ASF investiga presuntas irregularidades en contratos del INE. Información difundida por El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/politica/asf-inicia-investigacion-ine-presunto-indebido-recursos-publicos-20261023-840265.html

Castillo Jiménez, E. (2026, 27 de octubre). El contralor del INE revela investigaciones por corrupción y queda bajo sospecha tras el escándalo de Taddei. El País. https://elpais.com/mexico/2026-10-27/el-contralor-del-ine-revela-investigaciones-por-corrupcion-y-queda-bajo-sospecha-tras-el-escandalo-de-taddei.html

Instituto Nacional Electoral. (2024). Reglamento de Auditoría del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. Diario Oficial de la Federación. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5745459

Instituto Nacional Electoral. (2026). Estructura orgánica del INE. https://www.ine.mx/sobre-el-ine/estructura-organica/

Juárez Rodríguez, I. L. M., & Rodríguez Estrada, A. (2022). Confianza en el INE: un análisis en el marco del proceso electoral federal de 2018. Apuntes Electorales, 21(67), 137–165. https://doi.org/10.53985/ae.v21i67.852

Monsiváis Carrillo, A. (2020). Corrupción y legitimidad democrática en México. Revista Mexicana de Sociología,82 (3).
https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2020.3.58503

Ramírez Ramírez, J. J., Arreola Díaz, T. M., Chumacero Delgado, L. A., González Figueroa, D. O., & Morales Barranco, L. N. (2024). Confianza en los institutos electorales en México. Importancia de las características individuales y los factores contextuales. Acta Republicana Política y Sociedad, (2). https://doi.org/10.32870/ar.v1i2.228