El litigio ambiental que podría definir el futuro de la Bahía de Ohuira, su ecosistema y las formas de vida de las comunidades que la habitan, entró en una etapa crítica.

Este 22 de mayo, el Juez federal con sede en Los Mochis, Adalberto Bañuelos, resolvió desechar el juicio de amparo promovido por integrantes de la Comunidad Indígena Mayo-Yoreme de Paredones contra la autorización emitida por Semarnat para la Planta de Amoniaco en Topolobampo.

Lamentablemente, la resolución no entró al fondo del conflicto. El Juez se fue por lo fácil, evitó analizar si la autorización ambiental violó los derechos de consulta y consentimiento indígena alegados por la comunidad, y concluyó el procedimiento por razones procesales.

Los habitantes de Paredones sostienen que la autorización debía quedar sin efectos porque su rechazo ya había sido expresado dentro del proceso de consulta indígena, por lo que llevarán el caso a instancias superiores.

Detrás de esta disputa se encuentra un megaproyecto que comenzó a tomar forma en 2013 con la constitución de Gas y Petroquímica de Occidente, integrada por Petro Pinsa, propiedad del empresario sinaloense José Eduvigildo Carranza Beltrán, y Mexkc, filial de la corporación global Proman, dirigida por el ejecutivo británico David Joseph Cassidy.

La primera autorización ambiental fue otorgada por Semarnat en 2014 y desde entonces comenzó una larga disputa social y judicial marcada por amparos, suspensiones y resoluciones de la Suprema Corte.

En el Amparo en Revisión 498/2021, la Corte estableció que, antes de autorizar proyectos con posible afectación directa a comunidades indígenas, debía realizarse una consulta previa, libre e informada.

Por ello, en 2022 se convocó a consulta a comunidades Mayo-Yoreme como Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones. Esta última afirma que negó expresamente su consentimiento los días 10 y 18 de septiembre de ese año. Aun así, Semarnat emitió la autorización ambiental el 19 de septiembre.

La magnitud económica del proyecto explica parte de la presión política y empresarial que lo rodea. Tan sólo la primera etapa contempla inversiones superiores a los mil millones de dólares, mientras que el complejo petroquímico ampliado podría superar los 5,600 millones.

Para el gobierno estatal y la iniciativa privada, la planta representa inversión, empleos y autosuficiencia agrícola. Para comunidades Mayo-Yoreme y colectivos ambientales, en cambio, el proyecto amenaza un ecosistema lagunar de alta relevancia ambiental, pesquera y cultural del que dependen numerosas comunidades ribereñas.

Semarnat sostiene que cumplió con la consulta indígena ordenada por la Suprema Corte y que el proceso fue libre, informado y culturalmente adecuado. Sin embargo, los habitantes de Paredones rechazan esa interpretación. Argumentan que una planta petroquímica de alto riesgo, con almacenamiento masivo de amoniaco, no podía autorizarse sin consentimiento explícito de la comunidad.

En sus alegatos, los habitantes de la zona advirtieron riesgos para la salud y el ambiente. Señalaron que el propio Estudio de Riesgo Ambiental reconoce impactos al aire, agua, manglar y fauna, además de contemplar escenarios de fuga tóxica de amoniaco que alcanzarían un radio de hasta 15.3 kilómetros, incluyendo Paredones.

Pero la disputa rebasa una sola planta industrial. Para las comunidades, el proyecto forma parte de la transformación de Topolobampo y la Bahía de Ohuira en un corredor petroquímico, energético y portuario. Bajo esa misma lógica aparece Pacífico Mexinol, cuyo acto de colocación de primera piedra fue interrumpido en abril por habitantes de la región bajo una consigna contundente: “¡Aquí no!”.

Para pescadores y comunidades Mayo-Yoreme, la defensa de la bahía implica proteger pesca, manglares, agua, sitios sagrados y formas de vida profundamente ligadas al territorio y la naturaleza.

Precisamente este amparo buscaba que la justicia resolviera la cuestión de fondo, conocer si Semarnat podía autorizar una planta petroquímica de alto riesgo cuando la comunidad afectada había negado expresamente su consentimiento.

Pero la resolución de Adalberto Bolaños terminó reduciendo un conflicto ambiental, territorial y constitucional de enorme trascendencia a una cuestión meramente procesal.

Frente a las fuertes presiones políticas y económicas que rodean al megaproyecto, el juzgador prefirió evitar el costo de pronunciarse sobre el fondo del conflicto y terminó lavándose las manos ante los reclamos de la comunidad Mayo-Yoreme, dejando sin respuesta la discusión sobre consentimiento indígena, riesgo ambiental y derechos colectivos en la Bahía de Ohuira.

Casos como este exhiben una de las principales limitaciones del sistema de justicia, que no ha logrado depurar una cultura jurisdiccional profundamente formalista, integrada por jueces que, frente a debates ambientales, territoriales y sociales de alto impacto colectivo, prefieren refugiarse en tecnicismos procesales antes que asumir la responsabilidad de encarar los problemas de fondo.

Pero el conflicto está lejos de concluir. Aunque el expediente fue enviado a archivo, la resolución será impugnada ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Mazatlán.

La disputa permanece abierta. Lo que resuelvan las instancias federales no sólo definirá el futuro de la planta de amoniaco, sino también el alcance real de los derechos ambientales y comunitarios frente al avance de los megaproyectos industriales.

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