El Sistema, caso Wallace y cartas póstumas

No hay paz. Isabel Miranda de Wallace, también conocida como “la señora Wallace”, desaparece y reaparece, póstumamente envía cartas agonizantes y mensajea a sus amigos periodistas con el fin de la manipular nuevamente a sus cada vez menos oyentes.

El arcano y la secrecía sobre su propia muerte, acontecida el pasado 8 de marzo, en la víspera de decisiones judiciales, nuevas declaraciones en su contra y revelaciones periodísticas contundentes, se debió, entre otros factores, al timing perfecto del hecho: sucedió justo a tiempo para evitarle problemas judiciales y escarnios públicos, lo cual ha despertado suspicacias en quienes han seguido las vicisitudes del llamado “clan Wallace”, de la organización “Alto al Secuestro” y de los casos que han acompañado o armado, pero asimismo en las víctimas de la empresaria y de su sistema.

“El Sistema”, ’O Sistema, en Nápoles, Italia, significa el modo en que la Camorra, una de las mafias más poderosas del país, ligada a negocios jugosos como la basura, el narcotráfico, la explotación de migrantes y la extorsión, ha ejercido su poderío y control sobre la ciudad, pues la organización delincuencial representa un sistema interconectado, una empresa criminal hecha de nodos y eslabones, más que una simple estructura jerárquica.

Entonces, ’O Sistema describe las maneras en que la mafia llamada “Camorra” va impregnando múltiples aspectos de la vida de una ciudad muy compleja, como lo es Nápoles, y va difuminando las fronteras entre legalidad, ilegalidad y paralegalidad con su influencia en la economía, la política, la sociedad, incluso en nichos del sistema de justicia y seguridad.

La señora Isabel Miranda, quien en la cumbre de su popularidad se codeaba con el exmandatario Felipe Calderón e incluso llegó a ser candidata por el PAN a la jefatura de gobierno de la CDMX en 2012, vuelve ahora “a la vida” con un texto sorpresivo y manipulador, enviado a Ciro Gómez Leyva por medio de su hermano Roberto Miranda Torres, en el cual básicamente pretende victimizarse y expresar su convicción de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de dictar la libertad de una de las acusadas del secuestro de su hijo, estaría entonces operando como un cártel del crimen organizado, sería nido de corrupción y le fallaría a la justicia.

Una anotación que hacer al respecto es que la carta parece servir más a los intereses de los vivos que a los de la finada, y periodistas como Ricardo Rafael han destacado varias dudas sobre su autenticidad, pues tanto su hermano como una plétora de abogados y funcionarios de las fiscalías, además de una serie de encubridores, operadores y torturadores aún activos dentro de los aparatos del Estado mexicano, tienen todo el interés en justificarse y de nueva cuenta estigmatizar a las víctimas reales de sus maquinaciones, pasadas y presentes. Ellos siguen siendo parte de ’O Sistema y quieren librarla.

Desde las más altas esferas, expresidentes y servidores de alto y mediano rango, deben de preocuparse por la forma en que están saliendo a flotes sus abusos e ilegalidades, que en una democracia funcional y efectiva ya deberían de haberlos llevados a juicio a todos en conjunto, bajo el modelo del maxi-proceso a redes mafiosas. Y debería ya haberse tumbado desde las raíces “al sistema” político-mafioso que pusieron en marcha y que en parte todavía sigue incrustado en las instituciones y les impide avanzar. Nos impide avanzar a todos y todas, más bien.

Más allá de las reformas al método de selección-elección y sanción disciplinaria de las personas juzgadoras, culminado con la reforma del poder judicial y las primeras elecciones del pasado primero de junio, la limpieza profunda del engranaje corrupto, de sus reglas de funcionamiento y operaciones debe de pasar por procesos judiciales y sentencias firmes, por el desmantelamiento de redes enteras y persistentes, y hasta por una fase de justicia transicional, además de reformas a la procuración de justicia y policías.

La carta revelada el lunes 23, fue “pensada” solo para el caso en que fuera liberada Juana Hilda González, presunta inocente, víctima del clan Wallace, quien durante 19 años ha estado encarcelada injustamente por el (presunto) asesinato-secuestro de Hugo Miranda de Wallace, hijo de Isabel y pivote del llamado “caso Wallace”.

Juana Hilda, efectivamente, ha sido liberada el 11 de junio, tras la decisión a su favor de la SCJN, misma que también abre las puertas para la resolución de los casos de las otras personas implicadas, como Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, que igualmente llevan presas sin sentencia casi dos décadas.

Es decir, sabemos que se trata de un caso judicial y criminal misterioso, orquestado mediante la fabricación de mentiras y culpables, procesos y acusaciones, torturas y montajes, narrativas y sufrimientos extremos, en contra de presuntos inocentes y sus familiares, por parte de personajes y grupos empresariales, políticos y criminales poderosos.

O sea, estamos hablando de posibles redes macrocriminales que operaron como sistema, impunemente, en las épocas sombrías del foxismo y del calderonismo. Mejor dicho, desde antes, con Salinas y Zedillo, y también después, con Peña, en el largo ciclo neoliberal, disfrazado de transición democrática y muy lejano de algún concepto de justicia.

Cuenta Ciro Gómez Leyva en una de sus columnas escritas lo siguiente (cito): “El lunes por la tarde (23 de junio) recibimos una carta de Roberto Miranda Torres, hermano de Isabel Miranda de Wallace, dirigida a Manuel Feregrino y a mí. Ayer hablé con Roberto, me dijo que, agónica, Isabel se la dictó para que nos la entregara en caso de que la Suprema Corte comenzara a ordenar la liberación de los secuestradores y asesinos del hijo de Isabel, bajo el supuesto de haber sido torturados”.

El comunicador da por sentado que las personas mencionadas son responsables de los hechos, pese a que esto no ha podido demostrarse legal y debidamente, o sea, prácticamente los está difamando, como ha venido haciendo a lo largo de estos años, y está violando su presunción de inocencia, tan solo al introducir el contexto en que recibió la carta, es decir, antes de siquiera dar lectura a su contenido.

El negocio del secuestro en la Ciudad de México proliferó entre la participación policiaca y de la DFS, documentada históricamente desde los años setenta y ochenta, y los intereses de grupos empresariales emergentes desde la década de 1990, ligados al sector de la protección privada, los cuales, finalmente, en los 2000, fueron solapados, aliados y potencializados dentro de ’O Sistema. Esto fue gracias al “modelo García Luna”, en boga durante el “reinado” de este “zar de la seguridad” en México, del 2000 y el 2012, cuando el hoy condenado en EUA fue jefe de la AFI y secretario de Estado, respectivamente con Fox y Calderón.

El modelo dentro de este sistema consistió en simular la lucha al crimen organizado para, en cambio, hacerse socio de él, generar montajes mediáticos y reclutar periodistas subsumidos al pacto estatal-criminal, aprovechar el alza de homicidios y secuestros para suscitar miedo social, zozobra y, así, redundar y explotar el negocio de la (in)seguridad y la narcoguerra como nichos boyantes de la economía. Así operan las mafias: te obligan a pagar para protegerte de la amenaza y el peligro que ellas mismas crean.

La securitización de la vida y del espacio público pasa por el aumento del riesgo percibido y real, por el populismo punitivista al estilo Wallace, y por una buena dosis de mentiras, como hemos podido ver en otros casos tan emblemáticos, y todavía no resueltos a 20 años de comenzados, como el de Israel Vallarta y Florence Cassez, en donde curiosamente se repiten nombres y personajes envueltos en tramas de abusos y podredumbre. Es increíble pensar, hoy, que, durante más de una década, por lo menos hasta la irrupción del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011, la parte más visible e influyente del “movimiento de víctimas” en México haya sido monopolizada por personajes como la señora Wallace, tan mediatizada y cercana al poder, mientras se desataban los estragos de la mal llamada “guerra al narco”.

Las desavenencias y agravios de estas redes sistémicas, que incluyen piezas clave del poder político y judicial y de las procuradurías, se han diversificado y reproducido en la capital del país a través de cárteles inmobiliarios, recicladores de dineros sucios, bandas de secuestradores y sicarios, bajo esquemas de privatización y paramilitarización de la seguridad, un bien público que ya no es provisto por el Estado, sino que debe de pagarse aparte, en beneficio exclusivo de quien pueda permitírselo.

El doble atentado y homicidio, ocurrido el pasado 20 de mayo, de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y de su asesor de gobierno, José Muñoz Vega, podría justamente ser producto de la activación del sistema mafioso, de estas redes que lanzaban y lanzan mensajes a las instituciones que tratan de combatirlas o, al menos, limitarlas y señalarlas.

Las tremendas desaventuras y violaciones de la dignidad y derechos humanos de las víctimas en el caso Wallace, análogas a las del caso Cassez y de otros que quizás nunca conoceremos a detalle, han sido impecablemente relatadas por el periodista Ricardo Rafael en su más reciente libro que se llama, fehacientemente, “Fabricación”, y es la historia de “un duelo fabricado que se convirtió en un circo mediático”, en detrimento de todo concepto del estado de derecho y la moral.

O’ Sistema, el sistema, no está muerto, al contrario, sigue matando: es una formación sociopolítica y mediática podrida, pero allí está para descalificar al buen trabajo periodístico y a las víctimas, sirviéndose de corifeos que repiten guiones desgastados de defensa a lo indefendible o, de plano, los perpetúan desde el extranjero.