Fracking Sustentable

En abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno exploraría el fracking como parte de una estrategia de soberanía energética. México importa cerca del 75% del gas que consume, casi todo de Estados Unidos. Formó un comité de científicos para estudiar si se podía hacer de forma “sustentable”. En agosto el comité respondió que sí, en dos de tres cuencas evaluadas —Sabinas-Burro Picachos y Burgos, en el norte del país—, usando agua salada de formaciones profundas en vez de agua dulce, con reciclaje del agua utilizada y consultas ciudadanas.

Sin embargo, organizaciones agrupadas en la Alianza Mexicana Contra el Fracking, rechazaron el anuncio. Un estudio reciente calcula que más de 6 millones de personas viven en las zonas susceptibles de explotación, muchas de ellas en comunidades indígenas con estrés hídrico ya instalado.

El gobierno mide sustentable con una regla técnica: menos agua dulce, más reciclaje, más monitoreo, números que bajan un poco en el papel. Las comunidades y organizaciones que se oponen usan otra regla, más simple y exigente: que el agua siga siendo potable, que la gente no se enferme, que el territorio siga dando de comer después de que se vayan los pozos. Bajo esa segunda regla ningún fracking pasa la prueba, sin importar cuánta agua salada se use en vez de agua dulce. Parte del daño sí se puede reducir con mejores prácticas: pozos mejor sellados, monitoreo real, menos fugas de metano. Pero otra parte no es un problema de ejecución, es la física del proceso: inyectar agua a presión en el subsuelo altera la presión de la roca y puede provocar sismos, eso no se regula, es consustancial a la técnica, y del agua que se usa por pozo normalmente solo se recupera entre 15% y 35%, el resto queda atrapado o contaminado bajo tierra, sin vuelta atrás. Se puede mitigar, pero no se puede sanar. La palabra sustentable no cambia lo que la técnica le hace al territorio, solo cambia cómo se lee en un comunicado.

Quién gana con esto y quién no también importa. Pemex no tiene el capital para hacer fracking por sí sola, necesita socios privados que exigen certeza jurídica y condiciones favorables para invertir. El gas estadounidense sigue siendo más barato, así que el atractivo real para esas empresas depende de que el gobierno les ofrezca condiciones todavía mejores. Del otro lado están las comunidades de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a quienes se les promete empleo y consulta, pero que asumen el riesgo directo sobre su agua y su salud.

Coahuila ya sabe lo que cuesta cargar con una industria extractiva. La región carbonífera ocupa el primer lugar nacional en incapacidades laborales por neumoconiosis —la enfermedad del polvo de carbón en los pulmones—, con 644 casos registrados solo en 2020, y la combustión de carbón se asocia a unas 430 muertes al año en un radio de 150 kilómetros de las carboeléctricas, además de hasta 900 kilogramos de mercurio depositados anualmente en los acuíferos.

Y todo este gas, ¿para qué es? Sobre todo, es para generar electricidad y para uso industrial. Aun con fracking, el país seguiría dependiendo de importaciones para cubrir buena parte de su demanda futura. Mientras tanto, México tiene condiciones solares y eólicas de clase mundial que apenas aprovecha, y existe financiamiento internacional disponible para acelerar esa transición. La alternativa existe.

Por otro lado, decimos no al fracking, pero seguimos dentro de un sistema de consumo que necesita cada vez más energía, más gas, más electricidad, más de todo. Ese consumo no baja porque lo neguemos en redes sociales, sigue exigiendo recursos, y esos recursos se le siguen pidiendo al medio ambiente, con o sin fracking. Si no es aquí, es en otro lugar, con otra técnica. Sin embargo, reducirlo a que la sociedad consume de más tampoco me convence del todo. El consumo individual no explica un modelo económico que necesita crecimiento constante y energía barata para sostenerse, eso ya es otra escala.

Cuando pienso en la vida cómoda que ese modelo nos da, no quiero simplificarlo tampoco: hay personas que ni siquiera tienen esa comodidad. Quienes sí la tenemos, la tenemos a costa de otros que no la tienen, y que en su mayoría son quienes terminan sufriendo las consecuencias del impacto ambiental. Esa desigualdad es la que sostiene el sistema completo, mucho antes de que se abra o se cierre un pozo. Sustentable sería resolver esa desigualdad, no solo controlar ciertas técnicas.