Ryszard Kapuściński cuenta una historia sobre el Sha de Irán que siempre me ha parecido una buena manera de entender lo difícil que es gobernar.

En los años setenta, Mohammad Reza Pahlavi tenía dos cosas que cualquier gobernante hubiera envidiado: muchísimo dinero y muchísimo poder. Con los ingresos del petróleo decidió industrializar Irán a toda velocidad. Mandó comprar maquinaria, equipos y tecnología por cantidades enormes.

El problema comenzó cuando las compras empezaron a llegar. No había puertos suficientes para desembarcarlas, faltaban camiones y carreteras para transportarlas y tampoco había suficientes técnicos preparados para operar los equipos. El Sha podía comprar las máquinas y ordenar la industrialización, pero lo que no podía comprar de un día para otro eran las capacidades que un país necesita para hacerla posible.

A veces pienso que en Sinaloa llevamos años haciendo algo parecido, solo que sin tanto dinero, por supuesto.

En Mazatlán, primero dejamos que la ciudad se llenara de torres y después comenzamos a preguntarnos si tenían permisos, si alcanzaba el agua o si la infraestructura podía soportarlas.

En Topolobampo, primero se autorizó el proyecto de la planta de amoniaco y después descubrimos que había comunidades que consultar, impactos que discutir y acuerdos que construir.

En Culiacán, primero llenamos las calles de soldados, guardias nacionales, policías y operativos; después de dos años seguimos esperando que funcione el Consejo Estatal de Seguridad Pública, justamente el espacio donde deberían coordinarse las decisiones.

Los tres casos tienen algo en común. Hay instituciones, recursos y suficiente poder para tomar decisiones. Lo que sigue fallando es la capacidad para poner todo eso a trabajar alrededor de un problema.

Morena ha gobernado Sinaloa en condiciones que muchos mandatarios anteriores hubieran querido. Controla el Ejecutivo, tiene mayoría en el Congreso, gobierna los principales municipios y cuenta con un gobierno federal del mismo partido.

Aun con todo ese poder, los problemas de Mazatlán, Culiacán y Ahome siguen ahí y, en algunos casos, se han agravado. Porque ganar elecciones, tener mayoría y gobernar son tres cosas diferentes.

Detrás de esto hay un fenómeno que tampoco es exclusivamente sinaloense. En muchas partes del mundo creció el desencanto con las instituciones que mediaban entre la sociedad y el poder. Partidos, burocracias, organismos autónomos, consejos, expertos y consultas comenzaron a verse como obstáculos que alargaban las decisiones mientras los problemas seguían sin resolverse.

Entonces aparecieron políticos que ofrecieron una solución más sencilla: déjenme decidir. Ahora los gobernantes buscan una relación directa con el pueblo, concentrando decisiones con la seguridad de que la mera voluntad política basta para hacer valer el mandato de la gente.

Entonces descubrimos que quitar intermediarios no vuelve sencillos los asuntos publicos.Y nos damos cuenta que los mecanismos creados para procesar la complejidad de esos asuntos justo cuando los problemas se nos vienen encima.

No basta, por ejemplo, que un gobernante exprese su voluntad de acabar con la pobreza. Para conseguirlo se requiere saber antes ¿quienes son pobres? ¿dónde están? ¿porqué determinadas personas permanecen pobres? ¿Qué intervención puede modificar esa situación? ¿que dependencia puede implementarla? ¿cuánto costará? ¿cómo sabemos si funcionó?

Y para responder y ejecutar todas esas cuestiones, para convertir decisiones en resultados, primero se necesitan instituciones que puedan producir información, anticipar consecuencias, emplear funcionarios expertos, implementar programas y evaluar resultados.

Ningún mandatario, por más poderoso que sea, puede hacerlo todo por sí mismo. Por eso, a lo largo del siglo XX se fueron construyendo instituciones técnicas y burocracias especializadas capaces de transformar las decisiones políticas en políticas públicas.

Las políticas públicas obligan a entender el problema antes de anunciar la solución, saber qué está ocurriendo, quiénes intervienen, qué intereses están en juego, qué instituciones deben coordinarse, qué recursos se necesitan y cómo evaluar después si lo que se hizo realmente funcionó.

Pero reconocer la importancia de esas capacidades no significa añorar la tecnocracia. México ya tuvo gobiernos repletos de economistas, abogados y funcionarios muy preparados que terminaron convencidos de que para cada problema existía una respuesta técnicamente correcta.

Muchas veces hicieron buenos diagnósticos. También tomaron decisiones que nadie había discutido con las personas que terminarían pagando sus costos.

Un experto puede saber mucho y equivocarse. Un gobernante puede tener millones de votos y equivocarse también.

Entre el político que piensa que puede resolverlo todo porque ganó una elección y el experto que piensa que puede hacerlo porque tiene un doctorado existe un espacio enorme que necesitamos recuperar. A eso le llamamos gobernanza.

Necesitamos gobernantes con legitimidad para decidir y responder por sus decisiones. Necesitamos funcionarios y especialistas capaces de producir información, diseñar soluciones y evaluar resultados. Y necesitamos ciudadanos que puedan intervenir antes de que las decisiones que afectan su ciudad, su comunidad o su forma de vida se conviertan en hechos consumados.

Por eso decimos que gobernar es más complicado que dar una orden y más lento que cortar un listón.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO