Por la importancia que tiene la llamada inversión pública en los procesos de crecimiento económico regional y en la generación de mayores posibilidades de bienestar social, en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y datos sobre la evolución de esta variable y, la forma en la que tiene presencia y relevancia en las regiones de México en los años recientes.

Empecemos por precisar que cuando hablamos de gasto en inversión pública nos estamos refiriendo a la inversión que se realiza en infraestructura, obras públicas, y otros activos de capital con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y propiciar un mayor desarrollo económico. Tiene que ver con la construcción, ampliación y mantenimiento de carreteras, puentes, puentes elevados, hospitales, escuelas, sistemas de agua y saneamiento, entre otros. También, con la puesta en marcha de proyectos de construcción que benefician a la comunidad, como parques, plazas, espacios culturales y deportivos. Además, se refiere a la adquisición de maquinaria, equipos, vehículos y otros bienes que se utilizan para la producción o prestación de servicios públicos y, a la inversión en proyectos que promueven el bienestar social, como programas de salud, educación, vivienda y asistencia social. Son inversiones públicas las que se hacen en inversiones específicas para el desarrollo de instituciones públicas, como la creación de nuevos edificios gubernamentales o la modernización de sistemas informáticos.

En el país, en el 2025, considerando solo la inversión física, se sabe que esta será de 836.6 mmdp, un 12.7% (121.5 mmdp) menos que en 2024. En este año, la inversión física representará el 2.3% del PIB (contra el 2.7% de 2024) y apenas el 9.1% del gasto neto total, menor al 10.1% del año previo. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se encuentra muy por debajo en los recursos públicos destinados para inversión como porcentaje de su PIB. Por ejemplo, en Hungría es 6.6 por ciento; Estonia, 5.5; Noruega, 5.1; y Corea del Sur, 5.1 (https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2024/12/04/inversion-en-infraestructura-2025-un-motor-en-retroceso/). La evolución de las cifras que se muestra en los siguientes gráficos evidencia una reducción drástica en la prioridad otorgada a este rubro esencial para el desarrollo.

La inversión pública se relaciona con el nivel de deuda a través de lo que se conoce como La Regla de oro del endeudamiento, que establece que la inversión debe ser por lo menos igual a la deuda (se obtiene del cociente de la inversión entre la deuda). Para el país el cociente es de 0.59, lo que significa que por cada peso de endeudamiento sólo se gastarán 59 centavos en inversión, la segunda proporción más baja desde 2009. El resto se usará para financiar el gasto corriente. Con datos del 2023, considerando los presupuestos de egresos por entidad federativa, los mayores cocientes corresponden, para este indicador, a San Luis Potosí (0.87), Tlaxcala (0.37) y Jalisco (0.35). Sinaloa, con 0.27, ocupa en el país la sexta posición en este indicador.

La inversión física nacional se distribuye de manera desigual entre las entidades federativas. Para el 2025, la Ciudad de México (25%) y Tabasco (15.4%) concentran poco más del 40% de la inversión física proyectada, lo que significa que cuatro de cada diez pesos destinados a infraestructura irán a estas dos entidades, mientras el 60% restante se repartirá entre los otros 30 estados. Si en estas primeras posiciones se incluye también a Campeche (7%), se observa que casi la mitad de la inversión pública física se concentrará en estas tres entidades. La extracción de hidrocarburos en Campeche y Tabasco y, la inclusión de proyectos prioritarios relacionados con trenes en la CDMX, explican esta distribución. A Sinaloa corresponde apenas el 0.76 por ciento y ocupa, en el ranking nacional, la posición 23.

En términos per cápita los mayores montos de inversión física corresponden también a estas entidades, aunque cambia el orden. Primero Campeche (59,822 pesos), después Tabasco (54,159 pesos) y luego la CDMX (23,055 pesos).  Sinaloa, con 2 mil 116 pesos se ubica en el puesto 27. Si se considera la inversión física asignada como porcentaje del PIB de la entidad, las mayores cifras corresponden a Tabasco (19.8%), Yucatán (12.1%), Campeche (10.9%), Oaxaca (9.5%) y Chiapas (9.3%).  En Sinaloa representa el 1.2 por ciento y se encuentra en la posición 25.

Finalmente, con la revisión de las estadísticas de finanzas públicas estatales que concentra el INEGI, podemos conocer qué entidades son las que más recursos aportan a la inversión pública nacional y el peso que tiene la inversión pública en los presupuestos de egresos de las entidades federativas. Con datos del 2023, cinco entidades concentran la mitad de la inversión pública de las entidades federativas. Son los estados de Jalisco (14.1%), Estado de México (10.9%), San Luis Potosí (10.9%), Nuevo León (7.9%) y Puebla (5.2%). Pero considerando la participación del capítulo de inversión pública en el total de los egresos realizados en cada la entidad, se encuentra que los mayores porcentajes corresponden a los estados de San Luis Potosí (14.3%), Jalisco (7.3%) y Tlaxcala (6.4%). Son Yucatán (0.5%), Oaxaca (0.6%) y Sonora (0.8%) los que presentan los porcentajes más bajos. Sinaloa, con 4.2 por ciento, destaca en la sexta posición (en Sinaloa, para 2024 y 2025, los porcentajes de participación de la inversión pública en el presupuesto de egresos es de 4.5 y 2.3 por ciento, respectivamente). Si se considera el monto que en términos per cápita se destina a inversión pública en cada entidad federativa, las primeras posiciones son para San Luis Potosí (3,262 pesos), Tlaxcala (1,430 pesos) y Jalisco (1,429 pesos). Sinaloa, con mil 30 pesos por habitante se coloca en el puesto 8.

Resulta evidente que existe una alta concentración de la inversión física en tres estados por lo que se concluye que no existe equidad en la distribución territorial del gasto público en infraestructura. De esta situación puede deducirse que se crean condiciones para que se mantengan las desigualdades regionales y se limite el desarrollo económico y social en entidades con menores recursos. Como lo plantea México Evalúa, una distribución más equilibrada de la inversión física podría generar mayores beneficios a nivel nacional, al fortalecer la conectividad, la competitividad regional y la cohesión territorial.

Tiene sentido también la propuesta del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que plantea la necesidad de transitar de un modelo de inversión pública federal centrado en los hidrocarburos hacia un modelo de inversión en manufacturas e infraestructura de las ciudades, con énfasis regional. Esto se podría lograr definiendo criterios de rentabilidad económica y social para la priorización de proyectos de inversión, para darle sentido estratégico a la inversión pública en las entidades federativas. La atractividad de inversiones, la competitividad y las mayores tasas de crecimiento económico están muy ligadas a la dotación de infraestructuras en los ámbitos regionales.

Para los interesados en profundizar en los estudios que muestran evidencia del impacto que tiene la inversión pública en los procesos de crecimiento y desarrollo regional, sugiero revisar el primer capítulo del libro NUEVAS VOCACIONES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS: EL IMPACTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SINALOA. El capítulo se llama La inversión pública en infraestructura y su impacto en el desarrollo económico regional. El libro lo publiqué en 2012 y fue escrito en colaboración con los doctores Rafael Rentería Zatarain, Benjamín Eduardo Saavedra Núñez del Arco y Baltazar Pérez Cervantes.

Referencias.

México Evalúa. https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2024/12/04/inversion-en-infraestructura-2025-un-motor-en-retroceso/

IMCO (2021). HABLEMOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LOS ESTADOS (2015-2020).

INEGI

 

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