La apuesta de Morena en Sinaloa

Mucho se ha comentado en las últimas semanas sobre el impacto político del caso Rocha Moya. La bomba no fue menor; las acusaciones de una corte en el vecino país del norte alborotaron la discusión pública nacional. Ante tal sacudida, en un inicio nos preguntábamos cuál sería la respuesta del partido. Hoy, además, nos cuestionamos cómo reaccionarán los electores.

Algunos pensamos que el momento exige una gran reflexión; no obstante, un sector del morenismo sinaloense vinculado al gobernador con licencia mantiene un ánimo en apariencia relajado. En las declaraciones públicas y privadas de personajes políticos todavía se manifiesta un tono confiado frente a las elecciones del 2027. Por un lado, intentan desvincularse públicamente de los señalados; por el otro, transmiten un mensaje que minimiza la situación, en la confianza de que solo será un mal trago. Nos preguntamos, desde fuera, qué puede estar sosteniendo dicha seguridad. Van aquí tres hipótesis que se han planteado en los pasillos de la comentocracia.

La primera hipótesis está en la apuesta a la normalización. Quizá consideran que el escándalo derivado de las acusaciones tendrá un impacto temporal y limitado en el estado, especialmente porque aún prevalece la idea de que el electorado sinaloense ha convivido históricamente con este tipo de señalamientos y narrativas relacionadas con el narcotráfico y la corrupción política. Desde este planteamiento, cualquiera que sea el resultado de la acusación (e incluso si rinden frutos las presiones de Estados Unidos respecto a la extradición), ello no se traduciría necesariamente en un voto de castigo. También apuestan a que estos episodios forman parte de un juego político transnacional que podría tomar otros caminos.

La segunda hipótesis está en que esa confianza se apoya en la maquinaria que el partido construyó con programas sociales, becas y transferencias, y en una base de militantes asentada en buena parte del territorio. Hay, además, una apuesta aritmética: el respaldo parece concentrarse en quienes tienen 60 años o más. Ese grupo equivale a poco más de uno de cada cinco electores de Sinaloa (504 mil, según el INE con corte a julio de 2025) y es, sobre todo, el que más acude a las urnas. En la elección federal de 2024, las personas de 60 a 79 años votaron muy por encima del promedio. Si ese porcentaje se repitiera en el estado, los mayores aportarían más votos que los jóvenes de 18 a 29 años, aunque sean menos.

La tercera hipótesis está en la apuesta a las alianzas. Confían en que, conforme se acerque el proceso electoral, lograrán rearticular la fórmula que los llevó a la victoria en 2021 y en que esos apoyos volverán a alinearse cuando llegue el momento. Bastaría, bajo ese supuesto, con reactivar a tiempo la maquinaria de acuerdos para repetir la amplia ventaja de aquella elección.

Hasta aquí, lo que sostiene esa confianza. Ninguna de las tres apuestas carece de fundamento, pero tampoco garantiza el resultado: el escenario de 2027 trae condiciones que podrían ponerlas a prueba. Por ejemplo, si algo falla en la estrategia con los mayores y la elección de 2027 resulta competitiva, la juventud tendría volumen suficiente para inclinar el resultado, siempre que realmente salga a votar. Se trata, además, de una generación que llegó a la vida adulta entre el primer culiacanazo y la guerra entre facciones. Es un electorado mucho más conectado a redes sociales y expuesto a narrativas que circulan fuera de los canales institucionales. Es posible que el contexto de inseguridad prolongada haya erosionado su confianza en las fuerzas políticas, un desencanto que podría tanto acercarlos como alejarlos de las urnas, dependiendo de si alguna candidatura logra convertir ese malestar en una oferta concreta.

Esa tercera apuesta, sin embargo, choca con que las condiciones de las próximas elecciones por la gubernatura son muy distintas a las de 2021. Si bien la base clientelista del partido es amplia, una parte importante de las alianzas que acompañaron aquel proyecto hoy se encuentran fracturadas. La red de acuerdos que activó a simpatizantes de diferentes fuerzas e instituciones (que respondían a intereses diversos, incluso contradictorios, pero coincidieron en la expectativa de obtener beneficios y acceso a espacios de poder), y que les dio una amplia ventaja frente a los opositores, difícilmente podrá integrarse en medio de las presiones de diversos actores externos, tanto del propio partido como de los EE. UU. También resulta difícil imaginar un escenario con el mismo flujo de efectivo y la misma capacidad de movilización de recursos que caracterizaron aquella campaña, particularmente después de casi dos años de conflicto violento, un periodo que ha golpeado de manera importante a la economía local y ha profundizado una sensación extendida de incertidumbre y desgaste social.

Así, Morena en Sinaloa tiene un gran reto, por lo que no debería “dormirse en sus laureles”. Tristemente, no ha iniciado un proceso de autocrítica y transformación; más bien parece estarle apostando a las fórmulas antes mencionadas para asegurar la continuidad del mismo grupo en el poder. Por eso, es necesario que “aceitemos” la voluntad de cambio: que desde la sociedad civil y las universidades trabajemos en generar una mayor cultura cívica, para que la ciudadanía exija un proceso de reestructuración de los partidos políticos y de los controles institucionales frente a la corrupción, no nada más como una estrategia electoral, sino como un compromiso ético que deberían mostrar. No pueden continuar descansando en explicaciones como “así se hacen las cosas en Sinaloa“, “otros gobiernos hicieron lo mismo” o “el electorado no toma en cuenta estos escándalos mientras reciba becas“. Ese cambio, además, tendría que ser visible, consistente y claramente comunicado a la sociedad.

Sé que todo esto suena ideal, tal vez demasiado. Pero parece el único camino para que este episodio de guerra y acusaciones de corrupción que han marcado a Sinaloa realmente nos deje lecciones y no solo cicatrices.