La violencia contra las personas que forman parte de la diversidad sexogenérica no es una excepción accidental ni un problema aislado: es una forma estructural de discriminación que revela, una vez más, cuán profundo es el sesgo que sigue anidándose en nuestras instituciones, normas y hábitos cotidianos. Hablar de erradicación de estas violencias es, ante todo, hablar de dignidad humana, de la convicción de que todas las personas merecen vivir con seguridad, libertad y posibilidad real de desarrollar su proyecto de vida sin temor a amenazas, humillaciones o agresiones por su orientación sexual o identidad o expresión de género.
La violencia hacia las poblaciones diversas no solo daña a quienes la padecen en el momento, también degrada a toda la sociedad al normalizar la intolerancia y la exclusión. Cada acto de violencia: física, psicológica, simbólica o institucional, envía un mensaje, que hay cuerpos e identidades que merecen menos, que la diferencia debe ser corregida o castigada. Este mensaje empobrece los argumentos cívicos y erosiona los cimientos de una convivencia democrática. Por eso, la erradicación de estas violencias no es un lujo moral, sino una condición de salud social y de justicia que repercute en la seguridad, el desarrollo y la cohesión de comunidades enteras.
La experiencia de la diversidad sexogenérica también abre una ruta de aprendizaje imprescindible para nuestras sociedades: aprender a escuchar, cuestionar nuestros prejuicios y replantear las prácticas que, a veces sin darnos cuenta, permiten la discriminación. En muchos contextos, la violencia se infiltra en lo cotidiano, comentarios despectivos, microagresiones en el lugar de trabajo, exclusión de espacios educativos, negación de derechos básicos como la identidad de género o el acceso a servicios de salud sin discriminación. Estas expresiones, aunque parezcan leves, funcionan como escalones que facilitan actos mucho más graves y, con frecuencia, invisibilizados para la mayoría.
La erradicación de estas violencias exige respuestas amplias y coordinadas. No basta con castigar a las personas agresoras, es necesario transformar las condiciones que permiten la violencia a existencias. Eso implica, entre otras cosas, políticas públicas que protejan de manera explícita a las poblaciones diversas, educación que fomente la alfabetización sexual y de género desde la infancia, y la creación de mecanismos de denuncia y acompañamiento que no culpabilicen a las víctimas. También requiere recursos para salud mental y servicios especializados que reconozcan las particularidades de la diversidad sexogenérica sin patologizar ni estigmatizar.
Es importante trabajar en los diferentes ámbitos -educativo, laboral y de salud-, en los cuales la participación activa de las comunidades en el diseño de políticas es una condición necesaria para evitar que las acciones se queden en proyectos de corto aliento o en discursos que suenan bien, pero carecen de impacto real.
En este sentido, la sociedad civil juega un rol decisivo como puente entre políticas y realidades vividas. Organizaciones LGBT+, colectivxs, docentes, estudiantes, familias y medios de comunicación deben trabajar en coalición para visibilizar las violencias, denunciar abusos y presentar soluciones prácticas.
La narrativa pública importa, cuando la prensa cubre con sensibilidad y precisión las historias de diversidad sexogenérica, se desarma el estigma y se abre espacio para el aprendizaje colectivo. Pero la visibilidad debe ir acompañada de protección y apoyo a quienes cuentan con valor para alzar la voz, especialmente a quienes viven en contextos de mayor vulnerabilidad, como comunidades rurales, personas trans o quienes enfrentan pobreza extrema.
Por lo tanto, la erradicación de las violencias hacia la diversidad sexogenérica también exige un marco cultural que celebre la diferencia como riqueza. La diversidad no debería verse como un problema que resolver, sino como una condición de humanidad que nos invita a cuestionar la idea de que existir y expresarse debe respetar modelos fijos. Esta reconfiguración no es un capricho ideológico, sino una ruta hacia sociedades más justas, creativas y resilientes. Cuando cada persona puede vivir con libertad y seguridad, la comunidad entera gana en convivencia, innovación y justicia.
En definitiva, erradicar la violencia contra las poblaciones de diversidad sexogenérica es una obligación ética, una necesidad pública y una inversión en el propio futuro de nuestras democracias. No es un tema de moda, sino de derechos fundamentales que deben protegerse con políticas firmes, educación transformadora, servicios inclusivos y una cultura que valore la dignidad de cada persona.
Si queremos una sociedad donde la diversidad no sea motivo de miedo, sino de orgullo y aprendizaje, debemos actuar con determinación, empatía y continuidad. Porque la violencia no se combate con promesas huecas, sino con acciones coherentes que hagan visible lo que hasta ahora ha sido invisibilizado y, sobre todo, con el compromiso de que nadie quede atrás.
Documentos:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Libro_diversidad.pdf
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/bitstream/20.500.11845/3375/4/Santos%20Gaucin.pdf
https://inehrm.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/1295/diversidad_sexual_PDF_electronico.pdf
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