La inteligencia del general

Por Horacio Nájera

Hace muchos años, platicando con un coronel en retiro que ayudaba como secretario a un general jubilado entonces muy activo en la política, le pregunté sobre la vida fuera de la carrera de las armas para quienes habían alcanzado grados superiores. Al momento de nuestra charla informal, el PRI aún gobernaba el país, y los soldados eran más vistos auxiliando en desastres naturales que en retenes y patrullajes.

Alto, de tez blanca y de trato impecable, este coronel me respondió como responden los militares: solo con una frase. “El ejército siempre se hace cargo del ejército.” 

Habiendo ya documentado en la frontera norte de México casos de corrupción en los que mandos castrenses activos y jubilados estaban señalados, mi siguiente pregunta fue: “¿y qué pasa con aquellos en retiro que se cruzan la banqueta y se van con los malos?” El coronel me miró, extendió su brazo y lo colocó en mi hombro mientras inclinó un poco la cabeza para acercarse y decirme, con voz baja pero firme: “El ejército SIEMPRE se hace cargo del ejército.”

Pasaron los años, el PRI se fue del gobierno, el país se hundió en el caos de la violencia entre y contra grupos criminales, y muchos mandos militares en retiro se integraron a municipios y estados como directores y secretarios de seguridad pública. Las razones detrás del reclutamiento, independientemente del color del gobernante en turno, son siempre las mismas: honor, lealtad y capacidad. Una recopilación de información desde 2006 a mayo del 2026 establece que en todos los estados del país al menos un mando militar en retiro ha sido contratado para dirigir una corporación policiaca municipal o estatal.

Gerardo Mérida Sánchez fue uno de esos mandos militares en retiro a los que se les confió la posibilidad de pacificación. Sus estudios avalaban su capacidad para enfrentar al crimen: licenciaturas en derecho y administración militar, maestría en seguridad y defensa nacional y doctorado en derecho en curso al tiempo de ser llamado a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

En el papel, es más que claro que el desarrollo castrense del General de Estado Mayor, anteriormente llamado Diplomado de Estado Mayor, transitó en el ámbito de la inteligencia; de hecho, en las imágenes que circulan de Mérida Sánchez vestido con uniforme de ceremonias, destaca un botón minuciosamente colocado dentro de la bolsa del lado derecho del saco verde olivo, tal y como se ordena en el Manual Gráfico para el uso de uniformes, divisas y equipo del ejército y fuerza aérea mexicanos.

La insignia, un círculo azul con la silueta de un velero en color blanco y cruz roja, rodeadas por la leyenda “uno para todos y todos para uno”, se porta en el lado derecho del uniforme por tratarse de una placa otorgada en el extranjero, y certifica el entrenamiento que Mérida Sánchez recibió en la tristemente célebre Escuela de las Américas, refundada en el 2001 como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, o WHINSEC. 

En la historia de Latinoamérica, la Escuela de las Américas es sinónimo de abusos sistemáticos a los derechos humanos cometidos por cientos de militares de la región allí entrenados en inteligencia y contrainsurgencia bajo la doctrina de seguridad interna. 

Y si, fieles al lema de unidad también asociado con los tres mosqueteros, los generales se hicieron cargo de los generales. Con el apoyo de su viejo amigo el también general retirado Audomaro Martínez, considerado el verdadero orquestador de la militarización durante el sexenio obradorista y director del Centro Nacional de Inteligencia entre 2018 y 2024, Mérida Sánchez fue designado como secretario de seguridad pública estatal en Sinaloa.

En lo operativo, nada había que pedirle a quien el cuatro de septiembre del 2023 asumió como mando civil en Sinaloa: comandante en zonas de alta complejidad como Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca y Puebla; subjefe y jefe en las secciones segunda (inteligencia) tercera (operaciones) y cuarta (logística) del estado Mayor de la Presidencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. La exitosa carrera militar del mando nacido en Veracruz se complementó con la dirección de la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Pero la presencia de mandos castrenses en las policías no es sinónimo de eficiencia. En la práctica, hay una importante diferencia entre ordenar a una tropa que obedece ciegamente y dirigir a una corporación de civiles limitados en sus actuaciones por temor o respeto a las leyes, y pobremente capacitados en comparación con el ejército. Además, las interacciones entre los militares y la comunidad son difíciles. Los generales no están acostumbrados a que se les cuestionen ni a rendir cuentas ante civiles especialmente insistentes en preguntar.

El 16 de mayo, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, aseguró que la llegada del general en retiro al estado fue impuesta desde la misma Secretaría de la Defensa Nacional y no desde el palacio de gobierno. La versión ya fue desmentida por el secretario Ricardo Trevilla, quien dijo que la relación que existe entre Mérida Sánchez con el ejército es a través de Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), lo cual es parcialmente cierto.

De acuerdo con el artículo 324 del Reglamento General de Deberes Militares, los elementos retirados están obligados a notificar a las autoridades castrenses los cambios de domicilio y sus salidas al extranjero. En el caso de los generales de estado mayor, aunque se encuentran exentos de la revista de supervivencia semestral ante el ISSFAM, se sabe que existe una práctica en la que, por su rango, acuden periódicamente a reuniones informales a la región militar correspondiente, en este caso la tercera ubicada en Mazatlán, que durante la etapa de Mérida Sánchez en la corporación estatal estuvo a cargo de Francisco Javier Leana Ortega, mando que coincidió con el inicio de la administración de Rubén Rocha Moya.

Esas reuniones, me confió un militar, son más que cortesías o visitas para tomar café. Allí también se habla de estrategias y se intercambia información de inteligencia y contrainteligencia, las especialidades de Mérida Sánchez.

A cuatro meses de llegar a la secretaría, el general en retiro se presentó ante el congreso del estado como parte de la glosa del segundo informe de gobierno de Rubén Rocha Moya. Además de las estadísticas que tradicionalmente se mencionan en un reporte anual, que incluye las acciones de su predecesor y también exmilitar Cristóbal Castañeda Camarillo, se destacó que la ciudad de Culiacán había salido del ranking de las 50 ciudades prioritarias del mundo en materia de seguridad. Muy poco les duró el gusto.

En la acusación radicada en la corte de distrito sur de Nueva York en contra de Gerardo Mérida Sánchez y nueve personas más, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, se señala al exmilitar de recibir sobornos del grupo criminal de “los chapitos” a cambio de información de inteligencia sobre, entre otras cosas, próximos operativos en contra de laboratorios de drogas. Cuando el general en retiro llegó a Sinaloa, ya se reportaba tensión entre los Guzmán y Zambada; 11 días después de su nombramiento, las familias de estremecieron cuando uno de los líderes, Ovidio Guzmán López, fue extraditado a los Estados Unidos.

En la acusación estadounidense se indica que, una vez en el poder, el gobernador y su secretario de gobierno, el hoy senador Enrique Isunza, se reunieron con los mandos de los Guzmán para reafirmar el acuerdo en el que, a cambio de intervenir con violencia para garantizar el triunfo del morenista, el grupo criminal tendría “control sobre la policía estatal de Sinaloa, lo cual le permitiría a los chapitos el continuar operaciones de tráfico de drogas sin la interferencia de agencias policiacas estatales.”

El expediente también indica que entre 2021 a septiembre de 2024, el entonces procurador Damaso Castro Saavedra recibió $11 mil dólares en efectivo por mes como soborno. Otros acusados, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, directores consecutivos de la policía de investigación en Sinaloa entre 2017 y febrero del 2026, también apoyaron con información, protección y asistencia operativa para los juniors Guzmán a cambio de pagos mensuales a cada uno de al menos $16 mil dólares al mes.

La resolución de la corte neoyorkina detalla que mientras el general Mérida Sánchez ocupó la secretaría de seguridad pública recibió más de cien mil dólares mensuales en efectivo para servir al grupo criminal en dos de sus especialidades: control territorial, no interfiriendo en las operaciones criminales, y el manejo de inteligencia, al alertar con tiempo de cateos a lugares utilizados como laboratorios de producción de drogas.  

Al general Mérida Sánchez le tocó responder el 22 de marzo del 2024 al plagio de 66 personas en Culiacán, en donde las operaciones de localización, reforzadas con 1,800 militares, registró un enfrentamiento en el que un soldado murió. De a poco, el total de las víctimas fueron halladas con vida. Cuatro días después del plagio, decenas de mantas fueron colocadas en Culiacán donde Iván Archivaldo Guzmán, otro líder de los “chapitos”, justificaba el hecho como una represalia a quienes estaban robando, secuestrando, extorsionando y cobrando derecho de piso a los ciudadanos.

Pero hubo algo más. Desde la perspectiva del análisis de inteligencia, de ese incidente destacó que las mantas iniciaban con una declaración: “no hay guerra en Sinaloa”, separada del habitual mensaje criminal de intimidación y justificación. En el llamado análisis de hipótesis en competencia, el incluir esa frase desafió una posible coincidencia; más bien indicó lo contrario. Y es que desde el arresto en 2016 de Joaquin Guzmán, las relaciones entre familias se tensaron, aumentando durante el juicio al capo en 2019 donde Vicente Zambada Niebla, hijo del “Mayo” testificó en contra de su compadre.

El 25 de julio del 2024, el inframundo criminal en Sinaloa se terminó de romper cuando Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, citó a Ismael “Mayo” Zambada a una reunión a la que también, según el dicho del vetusto capo, asistiría el Gobernador Rocha Moya y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen. Allí, Zambada fue sometido y llevado en una avioneta a Nuevo México, en donde fue entregado por Guzmán López al gobierno de los Estados Unidos mientras que Cuen, rival político de Rocha Moya, aparentemente fue asesinado en el lugar del encuentro. 

El 10 de agosto, el periódico Los Angeles Times publicó una carta entregada por el abogado de Zambada en la que el “Mayo” narró como fue traicionado por Guzmán.

Y el caos comenzó.

El nueve de septiembre del 2024, tras semanas de incertidumbre, la guerra en Sinaloa estalló en Culiacán con enfrentamientos catalogados por el gobernador Rocha Moya como “problemitas”.  Tres meses después, el 21 de diciembre, el general Sánchez Mérida renunció “por la puerta de atrás” a la secretaria de seguridad pública al no presentarse a la conferencia de prensa en la que su sucesor, el también militar Óscar Rentería Schazarino, fue presentado, sin explicación oficial del cambio.

La secretaría de seguridad pública de Sinaloa ha estado dirigida por militares en retiro desde 2017 bajo gobiernos de diferentes partidos políticos. Los mandos operativos como los dos directores acusados en Estados Unidos, además del policía estatal en activo José Rosario Heras López, identificado por el “Mayo” como su guardaespaldas y quien se presume fue asesinado el día de la entrega del capo, rara vez son removidos, y mucho menos acusados en México por sus nexos con el narco.

Igualmente, mandos militares – muchos entrenados por y en Estados Unidos- que han ocupado posiciones de seguridad pública en zonas de conflicto transitan de cargo en cargo sin señalamientos y consecuencias legales, aún y cuando el sólido aparato castrense de inteligencia y contrainteligencia existe. Desde el gobierno federal, el presente y el anterior, la política de estado ha sido minimizar los cargos, exigir pruebas a los Estados Unidos y evadir respuestas.

El 11 de mayo, el general Gerardo Mérida Sánchez cruzó la frontera entre México y Arizona y se entregó voluntariamente al gobierno estadounidense aún y que cuatro días antes había obtenido un amparo para evitar la extradición. El primero de junio, a las 12:22 PM, el exmilitar ingresó al cuarto 618 de la corte del distrito sur de New York, al más puro estilo de una producción de Hollywood: entrando por la puerta principal, no la que normalmente usan los detenidos, caminando lento por las cadenas en sus tobillos y sus manos al frente, esposadas y también encadenadas a la cintura.

La audiencia solamente duró 20 minutos con la advertencia de la juez Katherine Polk Failla de la “abundante” evidencia en contra del acusado, y de la eventual llegada en “oleadas” de otros detenidos.

En el mundo de la inteligencia, la información es poder. En el inframundo del crimen organizado, las negociaciones con los estadounidenses para reducir penas, conservar cuentas o salvar familiares se fundamentan en cuanta información creíble, veraz y comprobable entrega el acusado.

El tiempo, el juicio y la sentencia nos dirán que tan inteligente es el general Gerardo Mérida Sánchez.