Por: Luis Daniel Rodríguez, Investigador de Mexicanos Primero Sinaloa
X/Twitter: @MexicanosloSin @LuisDanielRguez
El Cuarto Informe de gobierno presentado recientemente por el gobernador Rubén Rocha Moya muestra algunos avances puntuales, pero también confirma vacíos importantes en áreas clave para garantizar el derecho a aprender. La información disponible permite identificar logros en cobertura, aunque persisten rezagos significativos en primera infancia, en el seguimiento del abandono escolar y, sobre todo, en la medición del aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.
En primera infancia se observa un crecimiento notable en educación inicial, donde la atención pasó de 10,081 a 15,132 niñas y niños en los últimos dos ciclos escolares. Sin embargo, este esfuerzo no se refleja de la misma manera en el acceso al preescolar, particularmente en el primer grado. Aunque la expansión permitió pasar de 952 a 1,075 planteles, y sumar una matrícula que creció de 9,542 a 10,368 alumnos, la proporción atendida sigue siendo insuficiente. Según datos de la SEP, en la entidad solo 58.9% de niñas y niños de tres años están inscritos, lo que significa que 4 de cada 10, permanece fuera de la escuela. A esto se suma una caída sostenida en la matrícula total de preescolar, que bajó de 111,210 a 104,370 entre los ciclos 2022-2023 y 2024-2025, lo que representa una disminución acumulada de 6.6%.
Por su parte, en educación primaria se mantiene el volumen más grande del sistema, con 296,069 estudiantes en el ciclo 2024-2025 y una cobertura que avanzó de 97.4% a 98.6%. En secundaria, en cambio, el informe se concentra en los apoyos económicos, particularmente la Beca Universal “Rita Cetina” que beneficia a más de 130,000 estudiantes para fomentar su permanencia escolar. Sin embargo, la cobertura reportada por la SEP federal muestra un ligero retroceso, ya que en el ciclo 2024-2025 bajó de 94.8 a 94.4% con respecto al anterior. Lo mismo ocurre con el abandono escolar: en primaria pasó de -0.2 a 0.6%, y en secundaria aumentó de 2.8 a 3.2%, entre los ciclos 2022-2023 y 2023-2024. Es importante mencionar que el abandono se mide con un ciclo de desfase, por lo que aún no se cuentan con datos del 2024-2025, en el cual comenzó la situación de violencia que vive el estado, y los probables efectos que esta misma pudieran tener en este indicador.
En el mismo sentido, también destaca la reducción en la matrícula en el servicio de educación migrante, que pasó de 10,057 a 9,465 estudiantes. Esta caída podría estar también vinculada una probable disminución de flujos migratorios hacia el estado debido al entorno de inseguridad.
Pero quizá el vacío más relevante del informe es que se limita a brindar una descripción discursiva de estrategias generales para la continuidad educativa, sin aportar datos sobre población atendida y resultados, por lo que se carece de información actualizada sobre los aprendizajes de niñas, niños y jóvenes. Mientras que el documento del año pasado incorporó resultados claros de la evaluación diagnóstica de la Mejoredu —que mostraban promedios de 53% y 54% de aciertos en matemáticas y lectura en primaria, y 52% y 53% en secundaria—, el informe actual evita presentar los resultados más recientes. Aunque la prueba se aplicó nuevamente en el ciclo 2024-2025, e incluso en 2025-2026, no se difunden sus hallazgos. Sin esa evidencia pública, la discusión pierde una brújula fundamental para orientar decisiones, especialmente en un ciclo marcado por episodios de violencia que afectan el entorno escolar.
El derecho a aprender —y la rendición de cuentas que debe acompañarlo— no puede limitarse a mostrar únicamente aquello que mejora. También exige reconocer los retrocesos, las brechas que persisten y los desafíos que se profundizan, porque solo al hacerlos visibles es posible atenderlos. Un informe que omite información clave sobre cobertura en algunos niveles, que no actualiza datos de abandono y que evita presentar los resultados recientes de aprendizaje, termina ofreciendo una visión parcial del sistema educativo. Sinaloa necesita diagnósticos completos, no solo avances aislados, para garantizar que cada decisión se base en evidencia y que niñas, niños y jóvenes realmente ejerzan su derecho a aprender.
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