Ley General de Economía Circular

Casi todos tenemos en algún cajón un cargador que ya no le queda a ningún teléfono, o una licuadora que dejó de funcionar y que nadie supo dónde reparar. Tarde o temprano esas cosas terminan en la basura, y en México la basura casi nunca regresa. Durante la discusión de la ley de la que trata esta columna, en el Senado se dijo que el país tiene más de 2,200 tiraderos a cielo abierto y que recicla apenas entre 9 y 10 por ciento de sus residuos.

Para atender ese problema, el 19 de enero de este año se publicó la Ley General de Economía Circular. Tuvo 460 votos a favor en la Cámara de Diputados y 111 en el Senado. Nadie votó en contra. La iniciativa se presentó en noviembre de 2025 y en menos de un mes ya estaba aprobada en las dos cámaras, algo poco común, sobre todo si se considera que un proyecto parecido, impulsado por Ricardo Monreal, se quedó detenido en la Cámara de Diputados desde 2021.

La idea de la economía circular es sencilla de explicar. Las cosas deberían durar más, poder repararse y, cuando ya no sirvan, sus materiales deberían volver a usarse en lugar de quedar enterrados. La herramienta principal de la ley se llama Responsabilidad Extendida del Productor, y significa que la empresa que fabrica o importa un producto también responde por lo que pasa con él después de que lo tiramos. Si una marca vende bebidas en botellas de plástico, en principio le toca hacerse cargo de que esas botellas se recuperen. La ley crea además un registro donde las empresas tendrán que informar cómo cumplen, un distintivo para los productos que cumplan los criterios, con preferencia en las compras del gobierno, y prohibiciones para la publicidad verde engañosa. También reconoce, por primera vez en una ley federal, el trabajo de las personas recicladoras, los pepenadores que durante décadas han sostenido casi todo el reciclaje del país sin contrato ni seguridad social.

Quienes la defienden dicen que pone orden donde no lo había y que cambia el enfoque de las prohibiciones por el de los incentivos. Para las empresas, una regla clara suele ser mejor que la incertidumbre.

Quienes la critican ven otra cosa. La víspera de la votación, varios colectivos protestaron porque, según ellos, la ley se negoció sobre todo entre autoridades e industria, sin comunidades ni especialistas independientes. Greenpeace México señaló que el texto da más peso a aprovechar los residuos que ya existen, incluso quemándolos para producir energía, que a exigir productos que duren más o se puedan reparar. También cuestionó que las auditorías ambientales sean voluntarias y que las pueda hacer la propia industria.

La diferencia entre ambas posturas está en el orden de las prioridades. En gestión ambiental hay una jerarquía bastante aceptada. Lo mejor es no generar el residuo. Si ya existe, lo siguiente es volver a usarlo o repararlo. Después viene el reciclaje, y casi al final, quemarlo para obtener energía. El orden importa porque el reciclaje tiene límites. Una botella de plástico no se puede reciclar indefinidamente, ya que el material pierde calidad cada vez que se procesa, y reciclar también consume energía y agua. El investigador mexicano Enrique Leff ha insistido durante años en que la crisis ambiental difícilmente se resolverá solo con herramientas de mercado, como ponerles precio a los residuos o convertirlos en un negocio. Visto así, una ley que se concentre en reciclar y valorizar puede mostrar resultados rápidos sin que baje la cantidad de cosas que se producen y se tiran.

La ley ya está vigente, pero casi ninguna de sus obligaciones aplica todavía. Se activan producto por producto y sector por sector, cuando SEMARNAT publique los acuerdos correspondientes. Antes de eso, el gobierno federal tenía que emitir el reglamento de la ley en un plazo de 180 días, que venció a mediados de julio. A finales de septiembre todavía no se había publicado. Además, la obligación de diseñar productos más circulares aplica solo cuando sea “ambiental, tecnológica y económicamente factible”. La ley no dice quién decide qué es económicamente factible.

Desde mi trabajo en responsabilidad social he visto cómo reaccionan las empresas ante una obligación nueva. Algunas la aprovechan para revisar a fondo cómo producen. Muchas otras resuelven el trámite, consiguen el certificado y siguen igual. Las dos cosas caben en esta ley, y cuál predomine dependerá menos del texto aprobado que de lo que se publique después.

Por eso vale la pena seguir de cerca los próximos meses. Habrá que ver si el reglamento finalmente sale, qué productos se regulan primero, si las metas hablan de reducir residuos o solo de reciclarlos, y si las personas recicladoras tienen voz en las decisiones o solo un lugar en la cadena. Con esas respuestas cada uno podrá juzgar cuánto cambió realmente con esta ley.