En su intento por librarse de las denuncias penales, las autoridades cuenistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa buscan confrontar al gobierno del estado con el presidente de la república. La táctica es hacer quedar mal al gobernador, aprovechando los serios problemas que el estado presenta en materia de seguridad y escaso crecimiento económico.

Con ese propósito, de unos días para acá los voceros universitarios están haciendo circular una gráfica en la que se aprecia a Sinaloa como la entidad con los peores salarios promedio en el País. El inconveniente para los universitarios, sin embargo, es que, con la difusión de estos datos, completamente ciertos, dicho sea de paso, se pone en evidencia el fracaso de la universidad como institución corresponsable de elevar la competitividad y productividad de la región.

La información de que Sinaloa cuenta con los salarios base más bajos del país no es nueva, es un problema de al menos dos décadas, que refleja la ya muy conocida incapacidad del estado y sus instituciones, sobre todo las educativas, para incorporarse con éxito en el mundo de la globalización y la economía del conocimiento.

 

A los cuenistas les gusta mucho justificar como salvadores su llegada a la universidad, argumentando que antes las empresas locales no contrataban profesionistas egresados de la UAS, y que desde que tomaron las riendas de la Casa Rosalina, la calidad de la educación universitaria se incrementó.

Esta historia, desde luego, parte de una idea acomodada a conveniencia, pues, aunque es verdad que en términos absolutos en la UAS hay un mayor número de programas de licenciatura y posgrado, más profesores de tiempo completo, cuerpos académicos y más investigadores nacionales que hacen y difunden la ciencia, esto debe enmarcarse en una política federal transexenal que en las dos últimas décadas ha impulsado a la educación superior mediante un aumento en los presupuestos dirigidos a mejorar las condiciones de las universidades del país, en conjunto con la disposición a nivel nacional de un amplio repertorio de apoyos y programas especializados, como los que otorga CONAHCYT, PRODEP, y en su momento los PIFIS.

Lo anterior significa que la UAS de manera particular no ha hecho nada excepcional y que los méritos que tanto presume en realidad son parte de una tendencia general en el país, del que todas las universidades públicas mexicanas se han beneficiado. Incluso se podría decir que este crecimiento en los indicadores de calidad y cobertura se ha presentado a pesar de las limitantes del modelo de universidad que impuso el Partido Sinaloense en las últimas cuatro administraciones de la UAS.

 

En todo este tiempo, la capacidad de la universidad para aprovechar de manera eficiente todos los recursos que tuvo a su disposisión se vio entorpecida por las distorsiones institucionales que fueron impuestas para ejercer un ferreo control de los trabajadores. El sistema de estímulos y recompensas se vició por la debilidad de los mecanismos que hacen posible la legalidad, lo que a su vez ocasionó la flexibilidad en la observancia de las normas que los mismos universitarios aprobaron para autoregularse.

Esta discrecionalidad en la aplicación de la ley creó un ambiente de confusión e incertidumbre entre los universitarios, que ante la ausencia de instancias para asegurar el cumplimiento de la normatividad interna, se tienen que plegar a los estímulos circunstanciales que las autoridades crean de manera paralela a la ley, para avanzar en su carrera profesional.

 

De ese modo entendemos como los recursos que obtuvo la UAS todos estos años en el que se incrementó su presupuesto, fueron dirigidos a sus trabajadores, no bajo un principio de méritos y resultados académicos, si no que fueron suministrados en la lógica de la recompensa de favores políticos propios de un sistema corporativo que metieron a la universidad en un ambiente de mediocridad e ineficiencia. Y los pésimos resultados de Sinaloa en materia económica son reflejo de esa atrofia institucional, que no le permite a la UAS tener el impacto regional necesario para que la entidad sea más productiva.

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