No es el gobierno, sino la Constitución

Ilusos pasajeros que creemos que las alternancias son la solución, cuando la respuesta está en la Constitución.

México no progresa, su decadencia es constante, los antivalores crecen y el endeudamiento asfixia. No obstante, las finanzas públicas, en crisis o en recesión, deben crecer y el congreso es la vía para ello. Ecuación lineal centrado en el gasto para cumplir caprichos dentro de un barril insaciable y sin impacto en la independencia económica de México. ¿A quién culpar?

Cada administración tiene sus calificativos y todos los partidos tienen sus hierros. Pero el problema, no tanto es de la administración que está en su ocaso, o de las anteriores como hoy el Presidente insiste, sino de la Constitución. Por un lado, no garantiza la real división de poderes ni la existencia de una administración pública profesional, cognoscitiva, ética y competente, y por el otro, cada presidente emite una ingeniería de gobierno que acompaña con aquella reforma constitucional que más se apega a la necesidad política de su realidad, o la de su partido.

Si las reformas que el Presidente le propone al congreso se justifican o no, o si son o no prioritarias, en su mayoría se aprueban, aunque en lo social, económico y territorial México vaya de mal en peor y a punto de destruir sus instituciones constitucionales. De ahí a que el País, por caracterizarle un paralelismo, es como ese titánic que yace en el fondo del mar, pero a diferencias, éste tiene 32 motores apagados y 2,469 engranes desarticulados que, con la ingeniería política correcta, lo sacaría de donde está. Nosotros los ciudadanos, somos los ilusos pasajeros que peleamos contra nosotros mismos, creyendo que solución de México es la alternancia, cuando el problema está en la Constitución.

Y si me refiero a la Constitución, ya que, de 1917 a la fecha, ha sido objeto de 768 reformas, siendo el artículo 73 el que más ha sido modificado, en 85 veces. Y ¿cuál es su importancia? Satisfacer el insaciable apetito del gasto del gobierno. Por ejemplo, la fracción VII responsabiliza al congreso imponer las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto; la VIII, le garantiza al Ejecutivo un endeudamiento anual sin límites, y la fracción XXIX, relacionada a establecer las contribuciones, donde están los impuestos especiales y que siempre van al alza, sus subíndices abarcaron ya todas letras del abecedario. A la distancia le sigue el Artículo 89, relacionado a las facultades y obligaciones del Presidente, y que ha sido objeto de 19 modificaciones, y todas centradas en darle más facultades y formas de control sobre los órganos autónomos y del quehacer más importante de los poderes Legislativo y Judicial ya que directa e indirectamente el Presidente interviene en la designación de los ministros, comisionados, auditor y fiscal.

Y en tanto el Ejecutivo aspira a centralizar y concentrar más poder, legisladores, gobernadores y partidos son insensibles a una serie de artículos que el gobierno desatiende. Baste decir lo siguiente:

En los artículos relacionados a los derechos de la ciudadanía, la mayoría de sus enunciados se incumplen, como sucede en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 18, 25, 26, 27, 28 y 49. Y en tanto eso sucede, el Presidente desune, polariza y divide; la deshonestidad y los antivalores crecen y se pasean en la impunidad; el sistema educativo se deteriora y el de salud colapsa; las actividades ilícitas se desbordan; el INAI se paraliza; el derecho a la información se incumple; el desarrollo ni es integral ni sustentable y la planeación ni coadyuva a la soberanía política ni a la independencia económica; la base natural de recursos se deteriora, y el Presidente constitucionalmente tiene el control de las funciones más importantes de todos los poderes.

• Del articulado relacionado al Poder Legislativo se aprecia la necesidad de ponerle filtros cualitativos a los artículos 55 y 58, ya que para ser diputado o senador no es suficiente la edad, sino garantizar que en ellos predomine la cultura, la objetividad, el humanismo, el sentido común y el amor a México; del 71, hay que acotar el carácter preferente de las iniciativas; del 73 y 74, condicionar el presupuesto y el endeudamiento a la sustentabilidad económica de México y que no se mueva a capricho del Presidente. Del artículo 76, precisar el inciso I y quitarles las atribuciones a los incisos II, VIII y XII y; del 79, esa atribución debe ser responsabilidad de la sociedad civil y provenir de un colegiado donde formen partes los mejores contadores, ya que La Auditoria Superior de la Federación debe ser autónoma, independiente y garante del mejor uso fiscal de los recursos públicos. Lo cual también implica el corregir muchas de las decisiones que por conducto del Legislativo sangran a la nación. Y en tanto eso no suceda el Congreso seguirá siendo un apéndice del Ejecutivo, su secretaria de administración y su banco de financiamiento. El País no importa, sino lo que desee el Presidente.

• Del Poder Ejecutivo. Al Artículo 82 hay que asignarle más y mejores atributos ya que para ser Presidente no es suficiente los requisitos que demanda. El 87 debe clarificar el vago concepto de que la “Nación se lo demande”. El 89 necesita varios cambios: quitarle la facultad discrecional de nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado; el cuerpo diplomático debe egresar de una carrera diseñada para tal fin; las fracciones IX y XVIII se le deben transferir al Poder Judicial y la XIX crear el mecanismo para que sea la sociedad civil quien designe a los comisionados del INAI. El Artículo 91 debe incrementar los filtros y exigencias para ser Secretario de Estado ya que esa responsabilidad no puede recaer en el común de la ciudadanía. De no ser así, el País seguirá reinventándose cada sexenio, a los poderes seguirá llegando los trapecistas subordinados e incapaces y las traiciones políticas se premiarán con embajadas y consulados.

• Del Poder Judicial. Fortalecer y darle autonomía e independencia en su Artículo 94 y que la designación de los ministros a la SCJN sea exclusiva de ese poder. Del 95, elevar los requisitos para ser ministro y que un colegiado de constitucionalistas sea quien determine los filtros y el proceso para su designación. Lo cual implica modificar el Artículo 96 para que ni el Legislativo ni el Ejecutivo puedan intervenir directa e indirectamente. El Artículo 98 debe precisar el significado de la renuncia por causas graves y enunciar las que si lo ameriten. Del 102, debe haber más exigencias para quien sea el Fiscal General de la República y que su nombramiento dependa de un colegiado adscrito al Poder Judicial. Lo mismo que el nombramiento del titular de la CNDH.

• De las responsabilidades de los servidores públicos. Hay una contradicción entre los artículos 108, 110 y 11. El primero plantea la posibilidad de enjuiciar al Presidente, el segundo estipula los sujetos al juicio político, pero el Presidente es excluido, y el tercero dice que, para proceder penalmente contra el Presidente, habrá que enjuiciarlo conforme al Artículo 110.

• De las Prevenciones Generales. El Artículo 129, dice que, si México está en paz, el ejército no puede hacer funciones extra militares, y hoy son más las extramilitares que las militares.

La Constitución es el esfuerzo social más importante para instituir la soberanía, en este caso la de de México, en la división de poderes y en el Estado de Derecho. Pero su articulado tiene inconsistencias y el Presidente de la República tiene atribuciones discrecionales y que invaden el ámbito de funciones propias a los otros poderes. Nuestra Constitución no permite la existencia de gobiernos de Estado; de servidores públicos éticos, responsables, propositivos y de un amplio conocimiento en la temática de su responsabilidad. La ciudadanía, en cambio tiene derechos que se incumplen y la que ha quedado atrapada en una realidad que viene de menos a peor. Lo grave, es que de aprobarse la reforma que el Presidente hará públicas el próximo 5 de febrero, en México no habrá contrapeso y la República Mexicana estaría a un paso de convertirse en la Republica del Presidente. No es ficción, la huella del gobierno es firme, ya que, controlando a la SCJN, desapareciendo los cuerpos autónomos, teniendo a su cargo el monopolio del INE y con los militares a cargo del funcionamiento de puertos, aduanas, aeropuertos y carreteras, no habrá forma de impedirlo. O ¿habrá?

Nuestra deuda con la juventud es enorme y debemos resarcirla para ir cerrando la brecha política que existe entre ellos con el gobierno. Necesitamos, no una nueva constitución, sino corregir las fallas de la que tenemos empezando por garantizar una real división de poderes y asegurar que las instituciones constitucionales queden siempre a cargo de los ciudadanos con los más altos atributos y virtudes. De nosotros la sociedad civil depende que ello suceda. De no ser así, seguiremos siendo los ilusos pasajeros que habitamos en un titanic con 32 motores apagados y 2,469 engranes desarticulados y que en el ocaso de esta administración México los agravios, las barreras y los problemas se multiplicaron.

Es nuestro deber hacer que México navegue en ese mar donde se respira el conocimiento y su vinculación, la prosperidad y el valor agregado, el respeto y la formación, la seguridad y la justicia, el estado de derecho y la democracia.