Parte I de III — El diagnóstico

Por Sergio Rosales Inzunza

Dr. en economía regional y especialista en políticas públicas | Microempresario

Un diagnóstico de la captura del Estado, sus raíces históricas y el desafío de reconstruir la república

Este es el primero de tres textos en que se publica este ensayo. En esta primera entrega se establece el nombre exacto del problema que enfrenta México —la facciocracia— y se documentan sus consecuencias cotidianas sobre la vida de los ciudadanos, las instituciones y la economía. La Parte II abordará las raíces históricas de este modelo y los pilares necesarios para desmantelarlo. La Parte III presentará el momento histórico que representa 2027 y las acciones concretas que no admiten postergación.

Introducción

Hay palabras que, cuando finalmente se pronuncian con precisión, cambian la forma en que una sociedad se ve a sí misma.

Facciocracia es una de ellas.

No es un insulto político ni un término de campaña. Es un concepto que describe con exactitud quirúrgica lo que ocurre cuando el gobierno de un país deja de ser el gobierno de todos para convertirse en el instrumento de un grupo que usa el Estado como botín. No es la corrupción de siempre —esa que roba pero deja funcionar las instituciones—. Es algo más grave: la corrupción que destruye las instituciones desde adentro para que nadie más pueda usarlas.

México lleva años viviendo esa destrucción. La vive en cada desaparecido que el Estado no busca, en cada empresario que cierra porque el sistema no le da certeza, en cada madre que marcha porque la justicia le da la espalda, en cada juez que falla según el poder y no según la ley. La vive, sobre todo, en el silencio de una sociedad que ha normalizado el desastre hasta confundirlo con el paisaje.

Este artículo no es un lamento. Es un diagnóstico —con nombre, historia y causas— y una propuesta de acción. Porque el primer paso para cambiar una realidad es dejar de llamarla por eufemismos y tener el valor de decir su nombre exacto: facciocracia. Y el segundo paso, más urgente aún, es decidir qué hacer con ese conocimiento.

I. No es corrupción ordinaria. Es captura del Estado

México padece un mal que pocas veces se llama por su nombre. No se trata de la corrupción ordinaria que acompañó a los gobiernos del siglo XX, ni del autoritarismo clásico de partido único. Es algo más preciso y más peligroso: el gobierno de una facción que ha capturado las instituciones del Estado —el Congreso, el Poder Judicial, los organismos autónomos— para ponerlas al servicio de sus propios intereses, disfrazando esa captura con el lenguaje de la soberanía, la democracia y el pueblo.

La palabra soberanía, repetida como retórica presidencial, ha vaciado su contenido real. No hay soberanía donde el crimen organizado controla territorios, donde las madres buscan a sus hijos desaparecidos sin respuesta del Estado y donde las decisiones económicas se diseñan para concentrar el poder en un grupo minúsculo de políticos sin escrúpulos. Lo que hay, en cambio, es el uso de esa retórica como escudo frente a cualquier crítica legítima.

Nuestra tragedia colectiva no es solo el daño que este modelo causa: es la insensibilidad con la que la sociedad lo observa, convertido en el espectáculo cotidiano de un circo que ya fue constitucionalizado.

II. México no está en riesgo de convertirse en una facciocracia. Ya lo es.

La pregunta relevante no es si el modelo existe. Es cuánto cuesta cada año que se permite que opere sin contención.

Y los números no son imaginarios.

Entre 2018 y 2025, México cayó del lugar 92 al **121 de 143 países** en el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, con caídas sostenidas en control gubernamental y derechos fundamentales. El crecimiento del PIB del 2018 al 2025 fue de apenas 0.71%, mientras la inflación acumulada llegó al 38.5%. La tasa de impunidad en delitos del fuero común superó el **97%**. Pemex acumuló pérdidas de más de **2 billones de pesos**. La deuda pública nacional pasó de 10.5 billones a **19.3 billones de pesos** al primer trimestre de 2026.

El tejido productivo contó la misma historia: según el INEGI, cerca del **50% de los establecimientos cierra antes de cumplir dos años**, y el 99.8% de esos cierres corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas. El empleo informal ya representa el **55.4% de la población económicamente activa** y crece año con año. Mientras tanto, los programas de transferencia directa —Sembrando Vida, Bienestar, Becas Benito Juárez— crecieron en padrón y presupuesto sin un solo mecanismo de evaluación de impacto publicado con metodología verificable.

Las obras que no fueron desarrollo, sino narrativa.

La magnitud del daño se hace aún más evidente en las obras insignia del sexenio 2018-2024, que funcionaron no como política de desarrollo sino como instrumentos de narrativa política financiados con deuda pública.

Tren Maya.Presupuesto inicial: entre 120 y 150 mil millones de pesos. Costo final: más de 540 mil millones —un sobrecosto superior al 260%—. Opera con pérdidas diarias de entre 7.1 y 9.9 millones de pesos, además de daños irreversibles a cenotes y selva maya.

Refinería Olmeca en Dos Bocas. Escaló de 8,000 a 20,959 millones de dólares —más del doble de lo estimado—, con seis incidentes graves desde 2024, incluyendo explosiones y fugas.

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Cerró en 115,000 millones de pesos frente a los 75,000 proyectados, con baja ocupación estructural y opacidad total en sus cifras reales de operación.

Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Triplicó su costo —de 20,000 a 62,000 millones de pesos— sin haber resuelto los problemas de viabilidad económica ni legitimidad social que lo rodean desde el inicio.

En materia de seguridad, el contraste del gobierno de hoy con el de ayer es contundente: el sexenio de EPN cerró con 156,437 homicidios; el de AMLO, con **199,970**. La cifra de personas desaparecidas fue mayor, y la inseguridad duplicó los niveles del gobierno de Calderón.

Esto no es mala gestión. Es la lógica interna del modelo: una facción que captura el Estado no maximiza el bienestar colectivo; maximiza su permanencia. Y para permanecer, necesita dependencia, no desarrollo; lealtad, no ciudadanía; transferencias, no derechos.

III. Lo que se pierde cada día que pasa.

Los efectos de la facciocracia no son abstractos. Se miden en vidas, en empresas cerradas, en déficit de balanza de pagos y en deuda pública.

México vive hoy niveles de inseguridad, feminicidios y desapariciones que ubican al país entre las naciones con menor capacidad de proteger a sus ciudadanos. La microempresa —columna vertebral del empleo popular— muere a una tasa que ningún gobierno ha querido enfrentar con seriedad. El endeudamiento público ha alcanzado dimensiones que comprometen a varias generaciones futuras.

A la facciocracia no le interesa México como proyecto de nación. Le interesa paralizar cualquier proceso económico autónomo en comunidades, municipios y entidades federativas; mantener bajo su dominio al Congreso y al Poder Judicial; y perpetuarse mediante el control de los partidos políticos que, lejos de representar principios, se han convertido en el vehículo institucional de su llegada y permanencia en el poder.

El caso García Luna es un síntoma revelador: llevado al banquillo de los acusados junto a los primeros diez imputados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York —y cuya lista está por crecer—, ilustra hasta dónde llega el colapso. En México, el Estado ha sido tan poroso a la corrupción que sus propios operadores terminan enfrentándose entre sí en tribunales extranjeros.

IV. El horizonte es 2027, no 2030 o 2050

Cada año que el modelo opera sin reforma estructural, el costo de revertirlo crece de forma no lineal. Las instituciones degradadas no se restauran con el mismo esfuerzo que costó destruirlas.

La trayectoria tiene precedentes documentados: Venezuela, Nicaragua, Bolivia. En ninguno de esos casos la ventana de reversibilidad democrática se cerró con un golpe espectacular. Se cerró silenciosamente, con una acumulación de reformas que nadie detuvo porque cada una, tomada aisladamente, parecía tolerable.

Si la arquitectura institucional que permite la captura facciosa del Estado no comienza a desmantelarse en el próximo ciclo electoral, dos dinámicas convergentes harán el trabajo progresivamente más difícil: la consolidación de redes clientelares con padrón electoral incorporado, y el deterioro del tejido judicial hasta el punto en que ninguna reforma legal tenga quién la haga cumplir.

Esto no es catastrofismo. Es una trayectoria. Y la pregunta que los líderes de opinión y la clase política tienen que hacerse es incómoda pero necesaria: ¿en qué punto de esa trayectoria estamos?

La respuesta que este ensayo ofrece es más cerca del cierre que de la apertura. Y el tiempo para actuar se mide en meses, no en sexenios.

Conclusión

llamar a las cosas por su nombre es un acto de legítima defensa. Este diagnóstico destruye la fantasía de que México atraviesa una crisis pasajera: el país no está en un bache democrático; está siendo desmantelado.

La facciocracia no es un Gobierno que se equivoca; es un sistema que acierta en su único objetivo: subordinar la República al beneficio de un grupo. Esperar que quienes capturaron el Estado lo devuelvan por voluntad propia no es optimismo, es complicidad.

La ventana de reversibilidad se está cerrando. El horizonte de 2027 no nos exige una simple alternancia de partidos, sino un quiebre ciudadano que desmantele la arquitectura de la captura.

Ya no hay espacio para el silencio cómodo. Si no asumimos hoy el costo de frenar este modelo, el mañana se pagará con la pérdida definitiva de la viabilidad nacional. El nombre exacto ha sido pronunciado. Lo que sigue no es una discusión teórica, sino la decisión radical que definirá a nuestra generación: o desmantelamos la facciocracia, o aceptamos ser los últimos testigos de una República que dejamos morir.

La pregunta que este texto deja abierta no es si la facciocracia existe. Eso ya es innegable.

La pregunta más difícil es otra:

¿Cuántos de quienes la padecen la han financiado con su silencio, su voto o su indiferencia?

Una sociedad que normaliza el desastre no es solo víctima del sistema. En algún punto, se convierte en su condición de posibilidad.

México no será diferente cuando cambie su gobierno. Será diferente cuando cambie su umbral de tolerancia.

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Este es el primero de tres textos. La Parte II abordará las raíces históricas de este modelo y los pilares necesarios para desmantelarlo. La Parte III presentará el momento histórico que representa 2027 y las acciones concretas que no admiten postergación.

Continúa en la Parte II: Las raíces históricas y los pilares para reconstruir la república.