Quien nos dejó con sed ¿puede ofrecernos un vaso de agua?

El pasado jueves, frente al avance de la sequía, el Estado convocó a la ciudadanía a donar agua embotellada para comunidades sin acceso regular al vital líquido. Aparentemente es una convocatoria noble que surge ante la urgencia; pero basta leer el comunicado oficial del Ayuntamiento de Culiacán para notar la paradoja: el gobierno invitando a la población a donar un derecho que le corresponde garantizar.

La escena, como siempre, publicitaria, muestra centros de acopio en edificios públicos, lonas institucionales, funcionarios sonrientes detrás de mesas repletas de plástico y cifras que se anuncian con orgullo: “más de un millón de litros recolectados en 5 horas”. De esa forma miden en éxito de la campaña en botellas y no en infraestructura que otorgue soluciones.

Hay que aclarar que esta columna no pretende juzgar la buena voluntad de quienes donan. El problema es la lógica que sostiene esta campaña.

Cuando el Estado organiza un Aquatón, desplaza su responsabilidad hacia la ciudadanía y convierte un derecho básico en un acto de caridad. El derecho se vuelve un donativo y presentan como política social algo que realmente es una falla estructural.

Además, la respuesta es muy contradictoria. Ante una crisis hídrica y ambiental, se promueve el consumo masivo de plástico de un solo uso. Botellas que se acabarán en días y dejarán residuos que durarán décadas. Atienden la insuficiencia del agua generando otra forma de daño ambiental, como si una urgencia justificara la otra y promoviendo las ganancias a embotelladoras que, ¡oh sorpresa! muchas de ellas como ciel, de coca cola, se ven beneficiadas con concesiones de explotación de agua subterránea. Es decir, las mismas compañías que roban el agua a diversas comunidades del territorio mexicano, son usadas también para calmar la sed de a quienes han afectado.

El Aquatón tampoco ataca las causas de la escasez. No habla de redes de distribución obsoletas, de fugas, de acaparamiento, de uso intensivo del agua por parte de sectores privilegiados. No menciona captación de lluvia, tratamiento, mantenimiento de infraestructura ni una planeación a largo plazo. Administra la emergencia sin cuestionar el modelo que la produce.

Hay, además, un efecto simbólico peligroso: la normalización. Cuando la sequía se convierte en evento anual, con fecha, horario y hasta foto, deja de ser entonces una urgencia política. Algo que se atiende una vez al año, durante unas horas, mientras el resto del tiempo se tolera.

Las comunidades afectadas aparecen en este relato como receptoras pasivas de ayuda, no como sujetas de derechos. No deciden, no participan, no exigen: reciben. Y reciben agua embotellada, temporal, insuficiente que no transforma sus condiciones de vida.

Podemos decir entonces, que el Aquaton solo calma las conciencias. Permite a las autoridades mostrar acción y a la ciudadanía sentir que hizo lo correcto. Pero esa calma es engañosa. Mientras donamos botellas, dejamos de preguntar por qué, en pleno 2026, el acceso al agua sigue dependiendo de colectas.

La sequía en Sinaloa es real y urgente. Lo que no debería ser normal es que el Estado la atienda pidiendo donaciones. El agua no se junta en mesas de acopio. Se garantiza con políticas públicas, inversión sostenida y responsabilidad institucional.

Seguir apostando por eventos como este no solo no resuelve el problema, lo agrava, porque enseña que la escasez se va gestionando para no corregirse; y porque convierte un derecho básico en un recuerdo anual de basura e “intenciones bonitas”.

Porque si el Estado, con sus concesiones a mega empresas, secó pozos, desvió ríos con proyectos turísticos e inmobiliarios y dejó caer la infraestructura, no puede ahora pedirnos que suavicemos el problema.

Quien nos dejó con sed ¿puede ofrecernos un vaso de agua?