Nadie le ha puesto nombre a la contradicción. Llevamos dos sexenios escuchando que México no va a entregar más territorio a capitales extranjeros para extraer recursos naturales sobre comunidades indígenas sin su consentimiento real. Eso se dijo de la minería. Se cancelaron concesiones, se habló de soberanía, se construyó todo un andamiaje discursivo sobre la defensa del territorio. Y está bien. El problema es que ese mismo gobierno celebra hoy, con comunicados y visitas del secretario de Economía, la construcción de un complejo petroquímico suizo-alemán en una bahía declarada humedal de importancia internacional, sobre un territorio yoreme-mayo que rechazó el proyecto en las comunidades que viven más cerca del sitio. Nadie explica por qué la minería canadiense era depredación y esto es desarrollo.
Este proyecto nació viejo. Mientras el mundo desarrollado migra hacia amoniaco verde —producido con hidrógeno renovable, sin emisiones de CO₂— México está invirtiendo 1,631 millones de dólares en la primera etapa de una planta que va a funcionar con gas natural, el modelo que Europa y Asia están abandonando. Producir una tonelada de amoniaco así genera entre 1.6 y 2 toneladas de CO₂. El amoniaco verde ya compite en precio con el convencional en varios mercados, y la brecha se cierra cada año.
El argumento oficial es autosuficiencia alimentaria. México importa la mayor parte del amoniaco que usa como fertilizante, y depender de mercados externos para alimentar al campo es una vulnerabilidad real. Los empleos que generará son reales. La soberanía alimentaria que promete tiene valor. Pero una cosa es reconocer los beneficios y otra es no preguntarse a qué costo se consiguen: un ecosistema Ramsar como zona de operación, una tecnología fósil que el mercado mundial está retirando, una consulta indígena que dividió en vez de construir acuerdo, y ningún compromiso público sobre cómo este proceso va a descarbonizarse algún día. Eso no es desarrollo sostenible. Es resolver el presente hipotecando lo que viene.
El propio estudio de riesgo ambiental de la empresa estima que una fuga de amoniaco de cinco minutos convertiría la bahía en zona de peligro inmediato para la vida, con una nube tóxica que podría alcanzar 45 kilómetros y afectar a más de 400 mil personas. La bahía de Ohuira es además uno de los sistemas lagunares más ricos del Pacífico mexicano: manglares, delfines, tortugas, camarón. Once relatores especiales de la ONU han manifestado su preocupación. La petición ciudadana para detener el proyecto suma ya más de 125 mil firmas. Y la obra supera el 50% de avance.
El proceso de consulta indígena también dice algo sobre cómo funciona realmente la institucionalidad. La Suprema Corte ordenó consultar a las comunidades yoreme-mayo en 2022. Se hizo. Las cuatro comunidades más cercanas a la planta dijeron no. Ocho más alejadas dijeron sí. Un juez federal resolvió en 2024 que la consulta estaba “legalmente superada” y las obras siguieron. Técnicamente, el proceso se cumplió. En la práctica, el mecanismo sirvió para darle cobertura jurídica a una decisión que ya estaba tomada. Eso no es un juicio moral sobre nadie en particular. Es simplemente lo que pasó.
Lo que hace ruido, si uno se detiene a mirarlo, es la arquitectura completa de las justificaciones: soberanía alimentaria, empleos, desarrollo regional, polo industrial. Todas reales, todas válidas. Pero ninguna responde la pregunta de fondo: ¿por qué esta inversión, de este tamaño, con esta tecnología, en este ecosistema, sin una hoja de ruta hacia amoniaco verde, es coherente con todo lo que el gobierno federal ha dicho sobre medio ambiente, comunidades indígenas y transición energética?
Esa pregunta no la están haciendo ni los que están a favor ni los que están en contra. Los primeros porque la respuesta los incomoda. Los segundos porque prefieren el escándalo al análisis.
El espejo de Topolobampo no refleja a una empresa extranjera ni a una comunidad resistente. Refleja a un Estado que construyó sus principios con cláusulas de excepción no escritas.
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