Transparencia en las fosas

El mes pasado fue publicado el informe Enterrar la verdad. Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México, redactado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana CDMX, Data Cívica y ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.

El documento constituye una costilla del más amplio trabajo de actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, nacida en 2021 “como un ejercicio ciudadano ante la falta de una versión pública del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas que, según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) en colaboración con las fiscalías y procuradurías estatales”.

A la fecha no existe tal registro ni conocemos oficialmente cuántas fosas clandestinas se han registrado en el país, pues en 2023 la Comisión Nacional de Búsqueda y SEGOB dejaron de informar al respecto, por lo que contamos tan solo con aproximaciones e investigaciones de sociedad civil y académicas, como la que llevamos a cabo en Guanajuato con el Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones de la Universidad Ibero León, en colaboración con colectivos de personas buscadoras (aquí link).

Y es que también las entidades, a través de sus comisiones locales de búsqueda y/o de las fiscalías especializadas en los delitos de desaparición, tienen el deber de y publicar registros estatales de fosas comunes y clandestinas, otra tarea incumplida a 9 años de la aprobación de la Ley General en la materia que así lo mandata.

La Plataforma Ciudadana de Fosas, que invito a visitar, reúne documentación de los hallazgos de fosas clandestinas en México reportadas, desde que se tiene registro, por cuatro tipos de fuentes: 1) prensa internacional, nacional y local; 2) fiscalías, procuradurías locales y servicios forenses, como el caso de Jalisco; y 3) Fiscalía General de la República (FGR), estas últimas obtenidas vía Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aquí es donde se cruza el trabajo sobre las fosas como tal con la revisión periódica de la calidad de la transparencia y el acceso a la información en el país y en cada entidad, ya que una fuente importante y necesaria al respecto proviene de las autoridades que, sin embargo, año tras año han sido más omisas y opacas en cumplir con su deber de informar, registrar y divulgar el conocimiento sobre este grave fenómeno que involucra ocultamiento de crímenes, desapariciones y homicidios o feminicidios, dinámicas criminales y estatales en los territorios, violaciones graves y masivas a derechos humanos, responsabilidades internas e internacionales, y finalmente una serie de cuestionamientos profundos acerca del tipo de sociedad que estamos construyendo y viviendo en un contexto de conflicto estridente y permanente, de alta y baja intensidad, híbrido y violento. Esto ocultan las fosas, esto oculta la falta de información y registros fehacientes, coherentes, completos, actualizados y socialmente útiles que reproducen las omisiones institucionales detectadas por el informe.

Y, cabe mencionarlo, también por quienes trabajamos a nivel local los mismos temas: violencia, desapariciones, fosas comunes, fosas clandestinas, sitios de reclutamiento y lugares de exterminio, tratando de construir acercamientos a contextos complejos y difuminados a la vez, que en su fumosidad, propiciada por autoridades y criminales organizados o autorizados, abonan a la reproducción de mecanismos violatorios de derechos fundamentales, in primis de la vida y dignidad de las personas.

El informe parte de la siguiente premisa, o sea, que “las fosas clandestinas constituyen una de las expresiones más graves de la violencia que enfrenta México” y que “hablar de ellas no es referirnos a estadísticas, sino a personas desaparecidas, familias que continúan buscando y una violencia que permanece parcialmente oculta entre registros incompletos y respuestas institucionales insuficientes”

En este sentido no es peregrina la pregunta acerca de cuántas fosas existen, en dónde, en qué periodos, y cuántas personas fueron exhumadas e identificadas de ellas, pero cada vez más la respuesta oficial al respecto se vuelve etérea, desviante, insuficiente o nula, al depender en realidad de esfuerzos sociales, académicos y ciudadanos de recolección y análisis del rompecabezas de fuentes y datos solo parcialmente disponibles y dispersos.

Por lo tanto, el informe resulta ser un ejercicio original de rendición de cuentas y evaluación de la calidad y posibilidad de acceso a la información y, por ende, a la verdad como derecho, ya que “presenta los resultados del ejercicio de solicitudes de transparencia realizado durante 2026 a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR), mediante el cual se solicitó información desagregada sobre los hallazgos de fosas clandestinas registrados entre 2006 y 2025”.

Además, se valora “la calidad de las respuestas emitidas por cada institución, identifica las principales barreras que persisten para acceder a esta información y compara los resultados con el ejercicio realizado en 2025”, lo cual se enmarca en la fase de ajuste tras la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con el paso de sus atribuciones a la SABG (Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno) y, particularmente, a Transparencia para el Pueblo, que es un organismo público desconcentrado recién creado dependiente de la Secretaría.

Lo que se muestra es que “las principales barreras para acceder a la información sobre fosas clandestinas no obedecen únicamente a la existencia o ausencia de registros, sino también a la manera en que las autoridades interpretan y cumplen sus obligaciones de transparencia”.

Entonces, la voluntad política y las prácticas burocráticas dentro de cada institución aún se articulan en mallas y laberintos que impiden conocer, elaborar, analizar y información de interés público, no solo sobre fosas, sino también de manera extensiva sobre desapariciones, búsquedas, panteones, rezago forense, hallazgos, identificaciones, restituciones de cuerpos y procesos de justicia, reparación y no repetición.

La transparencia en las fosas significa que lamentablemente el ocultamiento de cuerpos se completa con el ocultamiento de lo poco o mucho que podríamos saber al respecto.

¿Qué encontró el informe sobre fosas y transparencia 2026?

Hay una tendencia clara de deterioro: “en 2022, el 93.8% de las fiscalías respondieron la solicitud de información, ya fuera de manera completa o parcial. No obstante, para 2023 este indicador ha registrado una tendencia de respuestas a la baja del 90.6%, en 2024 se alcanzó 84.4% y para 2025 hubo una disminución crítica, este porcentaje cayó al 62.5%”. En Morelos o Hidalgo parece que no hay fosas, pero en realidad es la indisponibilidad institucional la que prima, y no una anhelada ausencia de violencia.

Básicamente han aumentado las respuestas inútiles, las parciales o incompletas, y las inexistentes, o sea, solicitudes no respondidas o contestadas con enlaces que no llevan a ningún lado, entre otras.

Las justificaciones utilizadas por las autoridades estatales y federales son variadas y creativas, pero tienen en común el hecho de irrespetar la normativa o malinterpretar sus prerrogativas y reservas. Cito el propio informe.

Una de las justificaciones más recurrentes fue que las fiscalías no están obligadas a elaborar documentos adicionales o ad hoc para atender solicitudes de acceso a la información.

Otra práctica recurrente consistió en sustituir la entrega directa de información por respuestas orientativas. Agrego: son del tipo, “ve a ver acá o allá, busca en la página tal, chance encuentres lo que quieres saber”. También fue frecuente que diversas autoridades afirmaran no contar con la información “en los términos solicitados” o con el nivel de desagregación requerido. Un patrón igualmente preocupante fue el uso extensivo de causales de reserva. Agrego: un clásico aquí siempre es “los motivos de seguridad”, así abstractos.

En entidades como Durango y Tabasco, las fiscalías reservaron información argumentando la protección de datos personales, la secrecía de las carpetas de investigación o el posible riesgo para las investigaciones en curso. Agrego: esta respuesta puede ser un buen motivo, pero si solo se piden datos anónimos y generales, no tiene caso. Asimismo, se identificaron incumplimientos en los plazos legales de respuesta. Finalmente, persisten casos de incumplimiento absoluto, como en el caso de Coahuila. En 2025, 8 entidades federativas, que habían cumplido con la obligación en materia de transparencia en 2024, optaron por no responder.

“Al analizar los datos, observamos una disminución en la calidad de las respuestas de las fiscalías y la FGR entre 2024 y 2025. A nivel nacional, las respuestas evaluadas como “buenas” experimentaron una caída, pasando de representar el 57.57% (19 casos) en 2024 al 39.30% (13 casos) en 2025; en contraste, las evaluaciones de menor calidad ganaron terreno: las respuestas “deficientes” aumentaron del 27.27% (9 casos) al 39.30% (13 casos). Esta reconfiguración evidencia que las autoridades no solo responden en menor medida, sino que cuando lo hacen, entregan información con un nivel de rigor y desagregación notablemente inferior”.

Destaco que en el caso de Guanajuato, entidad en donde resido y trabajo, se registran retrocesos en la calidad y consistencia de las respuestas de la unidad de transparencia de la fiscalía general del estado: remitir a enlaces disfuncionales; bajar la completitud y cobertura de las respuestas respecto de los elementos preguntados; en lugar de responder directamente, remitir a un mapa de hallazgos de cuerpos y restos humanos en que no aparece claramente la información, no se especifican fechas de los mismos, la naturaleza del sitio y el estado en que se encontraron los cuerpos, entre otras fallas. Estas solo en parte son subsanadas por la página web de la Comisión de Búsqueda sobre contextos de hallazgo.

Muchas fiscalías pretextan sus negativas a través de tecnicismos y razones injustificables y difícilmente sancionables, propiciando el entierro de la verdad. Como aún persiste el rezago forense acumulado e irresueltos en las últimas dos décadas, junto con la problemática de la desaparición de personas, poder contar con registro previstos en la ley, como ejercicio de transparencia activa, así como con información confiable, específica y completa, cuando esta es solicitada, es fundamental y su ausencia acarrea a la postre un cumulo de agravios, patrones de repetición y de violaciones a derechos humanos.