Un decálogo para la búsqueda desde León Guanajuato

Los territorios atravesados por la violencia, la desaparición forzada y el ocultamiento de los cuerpos en México se han vuelto espacios disputados entre poderes fácticos legales y criminales, autoridades estatales y grupos sociales organizados.

Particularmente, son las brigadas y colectivos de búsqueda de personas que, cada vez más, se han dedicado a resquebrajar el poderío material y discursivo representado por la presencia delincuencial, organizada y autorizada, así como por la indolencia o complicidad estatal.

Han ocupado el espacio público y, al caminarlos e incidirlos, se han reapropiado de predios y parajes violentados, reconstituyendo el vínculo comunitario con las personas asesinadas e inhumadas, cuyos restos consideran “tesoros de inestimable valor”. Un valor que no solo es una cifra o un hallazgo que reportar, como lo interpretan las instituciones, sino que, más bien, es relacional y vincular, comunitario y espiritual, familiar, buscador y resistente.

Resistente al olvido, al borramiento de la identidad y al exterminio que pretenden imponer los verdaderos operadores de la violencia.

Una que es social y política, ligada al gran capital, al despojo de los recursos, a la explotación del trabajo, la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, la compraventa de las infancias y la generalizada transnacionalización del terror con fines de control y dominación.

Es violencia que, más allá de las cortinas de humo y las falsas narrativas sobre “el narco”, “el enemigo”, “los malos” y el “narcoterrorismo”, aterriza en lo local y en el Sur global las dinámicas de exclusión impuestas desde la dimensión global y sus centros de poder.

En este marco es que se ubican desde hace casi dos décadas la mayoría de las experiencias autónomas de búsqueda forense humanitaria “desde abajo”, las cuales han construido saberes y prácticas forenses comunitarias que complementan, a la vez que confrontan o cuestionan, el conocimiento oficial y “experto” de la ciencia forense y los peritos.

Y lo anterior es válido sobre todo en los escenarios de las búsquedas, en los contextos en donde personas buscadoras a solas, o acompañadas por personas solidarias y funcionarios públicos, por ejemplo, servidores de las comisiones de búsqueda, fiscalías, procuradurías de derechos humanos y comisiones de víctimas estatales.

Estos terrenos, casas, patios, pozos, cerros y barrancas del panorama forense mexicano actual, que mucha gente simplemente no quiere ver o no, no son simplemente “hallazgos” y fosas, depósitos de evidencias, puntos en un mapa o escenas del crimen, sino que se vuelven parte integral de memorias y rememoraciones, rituales religiosos y luchas políticas, incluso de religación de los muertos con los vivos y, finalmente, de resignificación profunda de la violencia en caminos para la paz con justicia y la resistencia.

En el caso de Guanajuato son cerca de 35 las agrupaciones de familiares de personas desaparecidas que se han formado, sobre todo desde finales de 2019, cuando la problemática de la desaparición, los homicidios y las fosas se tornó endémica y su aumento fue exponencial. Los primeros fueron Cazadores, en León en 2010, y Justicia y Esperanza, en 2011 en San Luis de la Paz. El más reciente es el Colectivo 29 de Septiembre de Cortazar. Este no está todavía incluido en el mapa adjunto a este artículo.

En la ciudad de León, a la fecha, hay unos seis colectivos de buscadoras y buscadores. Uno de ellos, Unidos por los Desaparecidos de León, conformado en 2023, elaboró un documento que considero muy valioso, un decálogo para la búsqueda que tiene un profundo significado humano, social y político a la vez.

Esto se dio como respuesta o “contradecálogo”, honesta y clara, a un documento que hizo la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato, titulado “Decálogo para personas buscadoras que realizan tareas de forma individual o en colectivos”, con el fin de (cito) “fortalecer la armonía y el trabajo compartido en el marco de las labores de búsqueda, considerando como punto de referencia los principios de la justicia restaurativa”.

Más allá del objetivo declarado, que suena bien en teoría y es compartido por la Comisión al inicio de ciertas jornadas de búsqueda, es un hecho que estas suelen ser espacios de conflicto potencial en donde pueden darse (y deberían dirimirse) diferencias y expectativas, teóricamente con apego a los derechos humanos y las mejores prácticas, pero en constante tensión, debido a prioridades, tiempos y métodos distintos o hasta divergentes, sobre todo entre autoridades y familiares.

Debido a una serie de conflictos, hasta cierto punto naturales entre grupos y personas en las búsquedas, o con los propios funcionarios, reiteradamente en los últimos 5 años ha habido en el estado propuestas o llamados, de parte de familiares, pero también de autoridades, a crear una especie de reglamento u hoja de lineamientos sobre el “buen comportamiento” en estas actividades.

Sin embargo, si estas propuestas proceden de forma vertical, arriba abajo, desde las instituciones, se pueden fácilmente reducir a mecanismos de ejercicio de poder, control y disciplinamiento. No tendría mucho sentido que unas reglas de este tipo llegaran desde propuestas o métodos generados por las autoridades.

En efecto, sería, más bien, prerrogativa de los propios grupos, caravanas, brigadas y colectivos en búsqueda la elaboración consensuada y compartida de principios y líneas de acción deseables para lograr mejor el fin de buscar y encontrar a las y los desaparecidos. Tanto los derechos de las víctimas y sobrevivientes de la violencia en actividades de búsqueda, como las reglas de convivencia e intercambio entre ellas, deberían eventualmente construirse dentro de y entre los colectivos, con el apoyo de personas solidarias y acompañantes si fuera el caso. Son ellos y ellas quienes saben qué cuidados mutuos, protecciones y prácticas aprehendidas adoptarían. Parece complicado, pero no es imposible, y vamos a dar un par de ejemplos.

Continuando con el argumento, en este sentido, si representantes de instituciones optan por la lectura y difusión de un decálogo que ellas mismas, a solas, elaboraron, me parece muy legítimo que colectivos también ejerzan su derecho “de réplica” con la lectura, antes del arranque de actividades de prospección en campo, de su propio decálogo que, más bien, es catálogo y recordatorio de los derechos que tienen y de las expectativas sobre cómo deberían ser tratadas las familias buscadoras por parte de las autoridades que tiene atribuciones y responsabilidades al respecto.

Previa consulta con el colectivo autor del mismo, lo voy a copiar en seguida integralmente en cuanto texto para la discusión y la reflexión que me parece de gran utilidad pedagógica y valor. En su párrafo inicial se remarca el hecho de que los derechos y buenas prácticas, compartidas y socializadas, no son favores sino obligaciones de las y los servidores públicos.

Decálogo para personas servidoras públicas en labores de búsqueda

Con base en la Ley de Búsqueda de Guanajuato. Se propone el siguiente decálogo con base en la Ley para fortalecer el respeto a los derechos de las familias, considerando que la búsqueda es una obligación del Estado y un derecho de las víctimas. Se leerá antes de cada jornada de búsqueda. No es favor, es obligatorio. Tiene 10 principios y un desglose de contenido para cada uno.

1. Deber de defensa y protección

Las personas servidoras públicas deben proteger y defender los derechos humanos de las familias buscadoras durante todas las acciones de búsqueda, evitando cualquier acto de revictimización.

2. Igualdad entre colectivos

Se deberá garantizar trato igualitario, sin distinción, a todos los colectivos de búsqueda, respetando su autonomía y forma de organización.

3. Derecho a grabar y documentar

Las personas de los colectivos tienen derecho a grabar en audio y video las diligencias de búsqueda como medio de transparencia y rendición de cuentas.

4. Cumplimiento del artículo 56

Se observará lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Búsqueda de Guanajuato, brindando información clara, oportuna y accesible a las familias.

5. Cumplimiento del artículo 28

Se respetará el artículo 28 de la Ley, asegurando la participación activa de las víctimas en la planeación y ejecución de la búsqueda.

6. Respeto y dignidad

Toda acción se conducirá con respeto, empatía y dignidad, reconociendo el dolor de las familias y evitando estigmatización.

7. Coordinación institucional

Las autoridades deberán coordinarse de manera efectiva con los colectivos, fiscalías y organismos de derechos humanos para la búsqueda.

8. Transparencia y acceso a la información

Se proporcionará información clara sobre avances, protocolos y hallazgos, conforme al principio de máxima publicidad.

9. No obstaculización

Queda prohibido obstruir, limitar o impedir las labores de búsqueda realizadas por los colectivos y sus acompañantes.

10. Capacitación y sensibilización

El personal deberá capacitarse en enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y atención a víctimas para actuar con profesionalismo.

Por otro lado, entre distintos esfuerzos que ha habido por parte de brigadas, colectivos y caravanas en el país, en años recientes, por generar acuerdos y pisos mínimos comunes entre personas en búsqueda, en el marco de las brigadas nacionales independientes para la búsqueda en vida, se venían compartiendo y poniendo a prueba algunos principios, que reporto

Decálogo del caravanero en búsqueda

1. Seremos puntuales en todas las acciones de búsqueda que realicemos y las demás que sean programadas por los organizadores.

2. Seremos respetuosos con los demás y con las cosas de su propiedad.

3. Manejaremos con discreción toda la información que obtengamos de las acciones de búsqueda antes, durante y después de la caravana.

4. Participaremos con gran entusiasmo y sentido de colaboración en todas las acciones que se realicen, evitando los afanes de protagonismo porque nos aleja de nuestro objetivo primordial que es la búsqueda de nuestros seres queridos.

5. Evitaremos propagar chismes porque dañan terriblemente la buena marcha de la Caravana.

6. Evitaremos las “críticas malsanas” que pueden destruir la honorabilidad de las personas.

7. Mantendremos una actitud positiva ante cualquier situación, evitando caer en pesimismos que no permiten el buen avance de nuestro movimiento.

8. Evitaremos generar psicosis en los demás al propagar ideas que puedan crear miedo infundado en la gente. Recuerden que el miedo nos hace creer cosas que no existen.

9. Los caravaneros NO cargamos en nuestra mochila odios, rencores ni enemistades porque nos intoxica a nosotros y envenena a los demás.

10. Mantendremos una actitud responsable, fraternal y tolerante con los demás, especialmente con aquellos que aún no tienen suficiente experiencia en las acciones de la caravana.

“Con la buena voluntad de todos, podemos lograr que un día nuestra caravana sea un ejemplo de verdadera hermandad entre todos los que sufrimos el dolor de perder a un ser querido” (J. S.).

Me parece que, en tiempos de ausencias y agravios persistentes, social y políticamente producidos, le disidencia forense y la reflexión desde y para la búsqueda se expresa de muchas maneras, más o menos explícitas, pero siempre valiosas, a través de saberes y acciones compartidas, con raíces comunitarias y vocaciones autónomas, frente a la violencia sistémica e institucional.

Un contradecálogo comunitario, que se funda en el marco legal, pero lo trasciende y lo adapta a la exigencia local y situada de la búsqueda en territorio, en León y Guanajuato, representa un aporte y un llamado al mismo tiempo: es aporte a una discusión que debe de quedar abierta, dirigida a autoridades, pero también a compañeras de una lucha que es común, pero a veces se difumina o divide por el clásico “divide y vencerás” aplicado por gobiernos y funcionariados; y es demanda de reconocimiento e inclusión, participación, respeto y, desde luego, de resultados concretos y justicia. Hasta encontrarles.